El proyecto de Financiamiento Educativo que eleva del 6 al 8 por ciento del PBI los recursos para educación en forma progresiva consiguió un fuerte respaldo político en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y ahora ese dictamen de mayoría está habilitado para ser debatido en la próxima sesión especial.

La decisión se adoptó en una reunión de la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, donde se respaldó el dictamen que fue consensuado ayer en la Comisión de Educación entre el Frente de Todos y los bloques opositores.

El dictamen fue apoyado por amplia mayoría ya que tuvo 37 firmas, de las cuales 25 correspondieron al FDT y el Frente de la Concordia y 12 a JXC, que lo hizo con disidencias parciales debido a que solicita algunos cambios vinculados a la competencia de las provincias.

La intención del oficialismo es poder sesionar después del balotaje del 19 de noviembre en una sesión especial que podría celebrarse entre el 22 y el 30 de este mes, y hasta esa fecha tratarán de acordar las diferencias que subsisten entre el FDT y JXC sobre las competencias provinciales.

Un acuerdo entre el oficialismo y la principal coalición opositora es central ya que al tener el proyecto recursos con asignaciones específicas se deben votar con una mayoría especial de 129 votos en diputados y 37 en el Senado.

Heller dijo que estas semanas se continuarán las conversaciones para llegar a un texto acordado y propuso que todas las observaciones se incorporen al dictamen de mayoría de la comisión de Educación para «llegar al recinto en una redacción de consenso».

En esa misma línea, el presidente del bloque del FDT Germán Martínez dijo que «se nos abre una ventana de tiempo» entre este dictamen y la sesión para «acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto».El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI).

La iniciativa busca elevar hasta el 6,5 % del PBI los recursos destinados a la educación inicial, primaria, secundaria y de formación docente y a un 1,5% a las universidades.

También invierte el aporte que deben Nación y provincias en la actual ley de Financiamiento Educativo ya que en el futuro la Nación aportará el 60% de los fondos y el 40% lo harán las provincias.

La presidenta de la comisión, Blanca Osuna (FDT), destacó el acuerdo logrado entre oficialismo y la oposición en «defensa de la educación» publica y gratuita y rechazó las propuestas privatizadoras de la Libertad Avanza al señalar que «hay que oponerse a los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos».

«La educación, como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado, necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias mediante convenios bilaterales. Por eso la ley sugiere un aumento del presupuesto a un 8% del PBI», agregó.La legisladora aseguró que «la norma prioriza la inversión», al considerar que creen «que hay que poner más recursos para la educación».

Y destacó que uno de los cambios introducidos al proyecto del Gobierno que es «el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto ya que establecimos alcanzar el 6,5% del PBI para 2030, mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5% para 2032».

Desde JXC, el legislador Alejandro Cacace señaló que quieren «que se incremente la inversión educativa en nuestro país con la participación de la Nación y las provincias, pero no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos si no es por la vía de adhesión o de convenio».

El objetivo de la Ley es incrementar la inversión educativa y que participe la Nación y las provincias. Pero no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos si no es por la vía de adhesión o de convenio».

Por su parte, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado señaló que «el Gobierno Nacional no puede determinar en qué deben gastar su dinero las provincias. Esa medida es inconstitucional. Por eso desde la oposición solicitamos una modificación en el proyecto de Financiamiento Educativo en resguardo de la autonomía de las provincias».

La iniciativa también fue respaldada por las asociaciones y cámaras que conforman el campo editorial argentino, que difundieron hoy una solicitada en la que expresaron su «completo apoyo» al proyecto de ley de Financiamiento Educativo que trata la Cámara de Diputados, que eleva del 6 al 8% del PBI los recursos, porque aseguran que la iniciativa «colabora con el cumplimiento del derecho a la educación y favorece la inclusión».

«Los actores que conformamos el campo del libro argentino expresamos por este medio nuestro completo apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que esperamos que sea tratado antes de fin de año», subrayaron en el texto de la solicitada dirigida a los diputados y diputadas del Congreso de la Nación.

El texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.Además, busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluye operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos y el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado.

Entre los objetivos y metas comprendidos en el proyecto se encuentran, también, la construcción de nuevos jardines de infantes y maternales, entrega de libros en modalidad uno a uno y darle continuidad a la jornada extendida en las escuelas.

El proyecto contempla incorporar robótica y programación en las escuelas secundarias, dar continuidad a las becas Progresar y Manuel Belgrano; financiar la construcción de nuevas escuelas técnicas y cumplir con el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) como marca la Ley 26.150.