La comisión de Educación de la Legislatura porteña inició hoy el debate sobre el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reformar el Estatuto Docente con una reunión a la que acudieron referentes de los gremios, quienes lo rechazaron porque «no resuelve las condiciones de trabajo» y «no se sabe cómo se implementará», al tiempo que lo definieron como una «profunda reforma laboral».

Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) Capital, dijo durante la reunión que «los nuevos puestos de trabajo» que propone el Gobierno porteño con la reforma al nuevo Estatuto «no son los que se necesitan».

Además, sostuvo que la reforma propuesta a la «estructura organizativa no se discutió con los trabajadores» y «no resuelve las condiciones de trabajo» por las cuales, actualmente, un docente «debe tener dos o tres cargos para llegar a fin de mes».

Graciano consideró también que, en vez de reformar el Estatuto, es necesario debatir y elaborar una ley de financiamiento educativo «para que haya vacantes» y se mejore la «infraestructura» de las escuelas.

Y añadió que la Ciudad tiene una «deuda» con los trabajadores de la educación: una «ley de paritarias para no tener que discutir nuestros salarios en la Legislatura».

Por su parte, Karina Costaguta, secretaria general de la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) dijo que el nuevo Estatuto tiene «muchos grises» y «no se sabe cómo va a implementarse», además de advertir que su reglamentación «va a bajar por decreto».

Luego, dijo estar de acuerdo con «pensar una carrera horizontal», pero agregó que para eso no es necesario reformar el Estatuto, ya que alcanzaría con «modificar dos artículos del vigente», propuesta que ya fue hecha por Camyp.

El proyecto del Ministerio de Educación porteño tiene entre sus objetivos la creación de una carrera horizontal ya que, en la actualidad, para crecer salarialmente, los docentes deben salir del aula y pasar a desempeñarse en cargos directivos.

Además, plantea cambios al esquema de ascensos en la carrera docente, la titularización de trabajadores del nivel medio y una premiación salarial a los maestros que se capaciten.

A su turno, Mariana Scayola, de la Asociación Docente Ademys, definió al nuevo Estatuto como una «profunda reforma laboral» que «no toma en cuenta las necesidades organizativas de las escuelas» e «introduce diferenciación salarial por capacitación», al tiempo que «mantiene como punto de partida un salario que se encuentra entre la línea de indigencia y de pobreza».

Scayola apuntó que tanto en el actual estatuto como en el nuevo, las capacitaciones «son un negocio porque están privatizadas», lo que fue «promovido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», y agregó que los cursos son pagos y deben hacerse «fuera del horario de trabajo».

«Las docentes invertimos en cursos para conseguir estabilidad laboral», remarcó.

La reunión comenzó a las 12.30 en el salón Raúl Alfonsín del Parlamento porteño, en Perú 160, duró dos horas y contó con la participación de dirigentes de al menos diez gremios, entre los que se encontraban, además de UTE, Camyp y Ademys, la Asociación de Educadores Porteños, el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Docentes Argentinos y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires.

Esos y otros gremios, mientras tanto, realizaban una protesta en las puertas de la Legislatura.

Días atrás, la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, concurrió a la Legislatura, defendió la reforma pero también dijo que estaba «abierta a mejoras» a partir de las sugerencias que pudieran aportar desde la comunidad educativa y los gremios.