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Educación

Docentes rechazaron la propuesta de Acuña del nuevo Estatuto

Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) Capital, dijo durante la reunión que «los nuevos puestos de trabajo» que propone el Gobierno porteño con la reforma al nuevo Estatuto «no son los que se necesitan».

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La comisión de Educación de la Legislatura porteña inició hoy el debate sobre el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reformar el Estatuto Docente con una reunión a la que acudieron referentes de los gremios, quienes lo rechazaron porque «no resuelve las condiciones de trabajo» y «no se sabe cómo se implementará», al tiempo que lo definieron como una «profunda reforma laboral».

Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) Capital, dijo durante la reunión que «los nuevos puestos de trabajo» que propone el Gobierno porteño con la reforma al nuevo Estatuto «no son los que se necesitan».

Además, sostuvo que la reforma propuesta a la «estructura organizativa no se discutió con los trabajadores» y «no resuelve las condiciones de trabajo» por las cuales, actualmente, un docente «debe tener dos o tres cargos para llegar a fin de mes».

Graciano consideró también que, en vez de reformar el Estatuto, es necesario debatir y elaborar una ley de financiamiento educativo «para que haya vacantes» y se mejore la «infraestructura» de las escuelas.

Y añadió que la Ciudad tiene una «deuda» con los trabajadores de la educación: una «ley de paritarias para no tener que discutir nuestros salarios en la Legislatura».

Por su parte, Karina Costaguta, secretaria general de la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) dijo que el nuevo Estatuto tiene «muchos grises» y «no se sabe cómo va a implementarse», además de advertir que su reglamentación «va a bajar por decreto».

Luego, dijo estar de acuerdo con «pensar una carrera horizontal», pero agregó que para eso no es necesario reformar el Estatuto, ya que alcanzaría con «modificar dos artículos del vigente», propuesta que ya fue hecha por Camyp.

El proyecto del Ministerio de Educación porteño tiene entre sus objetivos la creación de una carrera horizontal ya que, en la actualidad, para crecer salarialmente, los docentes deben salir del aula y pasar a desempeñarse en cargos directivos.

Además, plantea cambios al esquema de ascensos en la carrera docente, la titularización de trabajadores del nivel medio y una premiación salarial a los maestros que se capaciten.

A su turno, Mariana Scayola, de la Asociación Docente Ademys, definió al nuevo Estatuto como una «profunda reforma laboral» que «no toma en cuenta las necesidades organizativas de las escuelas» e «introduce diferenciación salarial por capacitación», al tiempo que «mantiene como punto de partida un salario que se encuentra entre la línea de indigencia y de pobreza».

Scayola apuntó que tanto en el actual estatuto como en el nuevo, las capacitaciones «son un negocio porque están privatizadas», lo que fue «promovido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», y agregó que los cursos son pagos y deben hacerse «fuera del horario de trabajo».

«Las docentes invertimos en cursos para conseguir estabilidad laboral», remarcó.

La reunión comenzó a las 12.30 en el salón Raúl Alfonsín del Parlamento porteño, en Perú 160, duró dos horas y contó con la participación de dirigentes de al menos diez gremios, entre los que se encontraban, además de UTE, Camyp y Ademys, la Asociación de Educadores Porteños, el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Docentes Argentinos y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires.

Esos y otros gremios, mientras tanto, realizaban una protesta en las puertas de la Legislatura.

Días atrás, la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, concurrió a la Legislatura, defendió la reforma pero también dijo que estaba «abierta a mejoras» a partir de las sugerencias que pudieran aportar desde la comunidad educativa y los gremios.

Educación

CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa

La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.

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El Argentino Diario-Financiamiento Universitario-UBA-Universidades-Educación Superior.

La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.

La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.

El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.

El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.

La ley, el veto y la Justicia

La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.

El Presupuesto 2027 y los salarios

El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.

En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.

El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso

El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.

Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.

Lo que tenés que saber:

  • La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
  • Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
  • Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
  • La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
  • El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
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