Una extensa movilización de organizaciones sociales y políticas protagonizó una jornada de tensión en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo, sucesor del histórico Potenciar Trabajo. La protesta, que comenzó pasadas las 10 de la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, reunió a miles de manifestantes de diversas organizaciones y fue respondida con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad federales que impidió el corte total del viaducto.

El programa que el Gobierno quiso liquidar

El eje del conflicto es la decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo y por el cual casi 950.000 beneficiarios percibían una asignación mensual de $78.000 a cambio de realizar tareas comunitarias en municipios y cooperativas: trabajo en comedores y merenderos, limpieza de calles y plazas, producción textil, reciclado y agricultura familiar. La medida no pudo concretarse de manera inmediata porque un fallo judicial la frenó temporalmente, obligando al Ejecutivo a garantizar el pago del mes correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa en los meses siguientes fue el detonante de la convocatoria.

La movilización fue convocada por el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, entre otras organizaciones. La protesta tuvo alcance metropolitano: además de Avellaneda, se registraron cortes en el Puente Saavedra (Vicente López), el Puente La Noria (Lomas de Zamora), la intersección de Ruta 3 y General Paz (La Matanza) y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Gas pimienta e hidrantes: la respuesta del Estado

En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal y la Prefectura Naval formaron un cordón y aplicaron el protocolo antipiquetes con rigor. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la avenida Mitre, los efectivos respondieron con gas pimienta y empujaron a la columna para impedir que la protesta llegara al ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. También se desplegó un camión hidrante. En paralelo, bomberos apagaron neumáticos que los manifestantes habían encendido sobre la calzada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio bonaerense. «Sin reglas claras no hay orden», escribió en su cuenta de X, y agregó: «Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno.» El comunicado ministerial finalizó con una ratificación del uso del protocolo en jurisdicción federal: «Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA.»

La voz de la base: hambre y ajuste

Entre la tensión y el gas pimienta, la voz de quienes integran la base social de la movilización fue contundente. Natalia, una de las manifestantes identificada como integrante de un comedor en Avellaneda, explicó que utilizaba el plan para pagar impuestos y que sin esa asistencia sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó «como si ingresar a la Capital fuera un delito» y alertó sobre el impacto concreto del recorte: «Cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre.»

Belliboni también destacó que la continuidad del programa quedó momentáneamente asegurada por una resolución judicial y recordó las palabras del magistrado: «Un juez de San Martín dijo que es una barbaridad que se sacara este programa de trabajo que perciben personas que trabajan en todo el país en comedores y asistencia social en los barrios más castigados.»

Una protesta federal, un plan de lucha progresivo

La jornada no se circunscribió al área metropolitana. Se confirmaron cortes y movilizaciones en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino, entre otras ciudades. Los manifestantes advirtieron que el plan de lucha es de carácter progresivo y que no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia. El reclamo central no es solo la restitución del programa: las organizaciones denuncian que el pago de $78.000 se encuentra congelado desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada en ese período licuó por completo su poder de compra, dejando a cientos de miles de familias sin la única fuente de ingreso garantizado.

Puntos clave

• El Gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi 950.000 personas con una asignación mensual de $78.000 por tareas comunitarias.
• Un fallo judicial frenó la baja del programa y obligó al Ejecutivo a garantizar el pago, pero la incertidumbre sobre los meses siguientes desencadenó la movilización.
• Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gas pimienta y camión hidrante en el Puente Pueyrredón para impedir el corte total del acceso.
• La protesta tuvo alcance federal con cortes confirmados en al menos cinco ciudades del interior del país.
• Los beneficiarios denuncian que la asignación de $78.000 está congelada desde diciembre de 2023, sin actualizaciones frente a la inflación acumulada.