Buenos Aires
La COPRETI realizó jornadas para fortalecer la lucha contra el trabajo infantil
Las actividades se llevaron a cabo en Mar del Plata, Villarino, Bahía Blanca y Carmen de Patagones, en el marco de la política provincial de proteger a las infancias y juventudes
Durante la última semana el ministerio de Trabajo, a través de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), realizó diferentes actividades por la región sur de la provincia de Buenos Aires destinadas a fortalecer los abordajes integrales para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Con la participación del secretario Ejecutivo, Nicolás Viñes, la COPRETI durante toda la semana llevó adelante acciones en los distritos de Villarino, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y Mar del Plata.
Las actividades iniciaron el pasado lunes en el Auditorio Municipal de Villarino, en la localidad de Pedro Luro, con la “Jornada de capacitación sobre Trabajo Infantil para equipos vinculados a la Infancia y la Adolescencia” de la que participó la secretaria de Desarrollo Social municipal, Luciana Semper Luciana, e integrantes de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs) municipales y UDIs conveniadas con COPRETI, equipos de Orientación Escolar, Servicios Locales, el Servicio Zonal, “Programa Envión” y la subdelegación de Trabajo de Villarino, entre otros. Más tarde, los integrantes de COPRETI, junto con autoridades del municipio, recorrieron los NODOS y las UDIS de la Comisión, y los Centros de Infancia conveniados. Por la tarde, en articulación con la dirección de Juventudes del ministerio de Desarrollo de la Comunidad se acordó la puesta en funcionamiento de un Centro Juvenil en Pedro Luro.

La agenda continuó en la sede de Bahía Blanca con una capacitación al sector sindical sobre Trabajo Infantil y Trabajo adolescente protegido. La formación, dirigida a representantes gremiales de las tres centrales sindicales, estuvo a cargo del secretario Ejecutivo de la COPRETI, la coordinadora de Unidad Sindical para la Erradicación del Trabajo Infantil (CUSETI), Susana Santomingo, la operadora territorial de COPRETI, Claudia Boulocq, y la secretaria de investigación de la CTA Autónoma en Bahía Blanca, Belén Noceti. Por parte de la cartera laboral bonaerense asistieron el Coordinador de la Zona IX, Gustavo Ruiz Díaz, y el Delegado Regional, Arturo Lucero.
Luego se realizó una reunión de trabajo en el CAPS con la secretaria de Políticas Sociales de Bahía Blanca, Romina Pires, la subsecretaria de Niñez del municipio, Yamila Pérez, y sindicatos de trabajadores del puerto para evaluar estrategias de abordaje de la problemática. En conjunto, los actores recorrieron la zona de Barrio El Saladero, en Ingeniero White, en donde se busca implementar un Proyecto Local, UDIs y el programa Buena Cosecha.
Estas jornadas de trabajo profundizan el conocimiento de las particularidades del territorio para diseñar, evaluar e implementar políticas que posean un impacto sostenido en el abordaje de esta problemática.
El equipo de la COPRETI, junto a la Delegación Regional continuaron las actividades en Bahía Blanca con el “Foro Distrital de Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente Protegido. Capacitación sobre marco conceptual y normativo de la problemática” que tuvo lugar en el Salón “Héroes de Malvinas” de la Municipalidad en el que participaron inspectoras de la dirección General de Cultura y Educación, EOE, Servicios Locales, Servicio Zonal, UDIs, Salud y organizaciones de NNyA, autoridades de la Universidad Nacional del Sur, Responsabilidad Penal Juvenil, juzgados de Familia, sindicatos e integrantes del Consejo Local. En ese marco, se trabajó con un mapeo de la ciudad buscando definir zonas críticas con alta influencia del Trabajo Infantil y Adolescente protegido.
En estos encuentros -de los que también asistieron en representación de COPRETI, la directora de Abordajes Territoriales y Sectoriales, Vilma Arias, Macarena Villajuán y María del Huerto-, se acordó realizar un mapeo colectivo para detectar las zonas críticas de trabajo infantil en el distrito. En simultáneo, parte del equipo de la Comisión recorrió las localidades de Villalonga y Juan A. Pradere, de Carmen de Patagones, junto a la Federación Rural para la Producción y Arraigo, el Consejo Escolar, los servicios locales, la Dirección de Educación y las inspectoras del área, además de los delegados municipales de cada distrito y el delegado Regional de Trabajo Fabián Firmapaz. Allí, se relevaron y pusieron en común las diferentes acciones y herramientas para afrontar territorialmente y en conjunto esta problemática. Estas reuniones de trabajo son imprescindibles ya que la nueva gestión municipal de Patagones considera como eje fundamental la protección de las niñeces y juventudes, y refuerza la voluntad del trabajo coordinado con otros organismos provinciales.
Por último, el jueves en Villarino la COPRETI firmó el convenio Municipio unido por la niñez y adolescencia (MUNA) con el intendente, Carlos Bevilacqua. Además, participaron de la firma UNICEF, representado por Martín de Paula y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad PBA, por Natalia Lima.
En el nodo de la Asociación Marea, que aborda la erradicación del trabajo infantil con la comunidad gitana marplatense junto con Lucas Genile y María Laguyás de la Delegación Regional de Mar del Plata se mantuvieron reuniones de trabajo con la dirección de políticas Solidarias de la Dirección Provincial de Juventudes MDC representadas por Felipe Rinesi para la puesta en funcionamiento de un Centro Juvenil para abordar la temática en este grupo poblacional.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene como uno de sus objetivos principales la protección de las infancias y juventudes. La erradicación del trabajo infantil en todas sus formas y la protección del trabajo adolescente es un compromiso asumido por el ministerio de Trabajo que a través de la COPRETI tiene una fuerte inserción en los diferentes distritos, principalmente en aquellas zonas identificadas como con alta incidencia del trabajo infantil. Por eso diseñar y coordinar las políticas con las organizaciones comunitarias, el sector de los trabajadores, diversos organismos del estado y los actores sociales más importantes del territorio resulta un paso ineludible para garantizar a las infancias y las adolescencias el derecho al futuro.
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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