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Legislativo

Reforma electoral de Milei: más abandono del Estado y menos democracia

La iniciativa, compuesta por 664 artículos que abarcan unas 351 páginas, «propone malas soluciones a problemas que son reales», analizó Juan Manuel Abal Medina.

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El proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso contempla una reforma política que incluye modificaciones en el sistema de elección de los diputados, en el financiamiento de los partidos políticos y la derogación de las PASO, cambios que representan, según distintos especialistas, «malas soluciones» a problemas existentes y una suerte de «privatización» de las campañas electorales.

La iniciativa, compuesta por 664 artículos que abarcan unas 351 páginas, «propone malas soluciones a problemas que son reales», analizó el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, impulsor en 2009 de una reforma política que, entre otros aspectos, instituyó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo de elección de los competidores en los comicios nacionales.

«A más de una década de su implementación, las PASO presentan grandes problemas. Uno de ellos es que están planteadas en fechas muy lejanas a las elecciones nacionales. Sin embargo, en lugar de mejorar ese aspecto, Milei decidió eliminarlas», evaluó Abal Medina, profesor titular de la materia «Sistemas Políticos Comparados» en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Abal Medina consideró también que el establecimiento de un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales procura reemplazar un mecanismo fijado por medio de un decreto firmado a comienzos de la década del ’80 por el entonces dictador Reynaldo Bignone.

Aquella decisión definió en 254 -a los que se sumaron tres en representación de Tierra del Fuego en 1991- la cantidad de diputados que integrarían la Cámara, tomando en cuenta el censo de 1980.

Sin embargo, el exjefe de Gabinete (2011-2013) opinó que el método con el que busca ser reemplazado, que se trata de «una copia del sistema estadounidense, pone en riesgo la representación de las fuerzas minoritarias», a tal punto que hace dos años, en los comicios legislativos, «Milei no hubiera sido electo diputado» con ese sistema.

En efecto, el proyecto de ley establece en el artículo 443 de «Circunscripciones uninominales» que, de aprobarse -requiere para eso contar con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, según la Constitución-, «los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado».

Así, cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen y «cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género». El sistema, así, deja sin efecto la llamada «lista sábana» de candidatos, en la que suelen ser conocidos los primeros candidatos de la nómina de postulantes, pero no tanto los restantes.

El proyecto indica en uno de sus artículos que el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000, con lo cual se modifica lo que se fijaba hasta ahora, que era un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500.

Además, al modificar el número de representación de los diputados que se postulen, otro de los artículos de la normativa señala que «la división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional» sobre la base del Censo de 2022.

El Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) analizó que, «en cuanto al peso político» que tendrá cada distrito con la reforma, la provincia de Buenos Aires aumentaría su representación «sustancialmente» (de 70 a 97), tanto que llegaría al 40 por ciento de la composición total de la Cámara. En tanto, la ciudad de Buenos Aires dejaría de ser el segundo distrito para pasar a ser el cuarto. Por su parte, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones tendrán una mayor representación, mientras que el resto de las provincias sufrirá una merma de legisladores.

«En un contexto político y social tan fragmentado como el argentino, este sistema motiva la competencia bipartidista por sobre los partidos más pequeños», opinó el politólogo Marcelo Leiras, investigador del Conicet, especialista en política comparada y director de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.

Además, al establecerse en la iniciativa que las listas de candidatos se integrarán con un candidato titular y un suplente, «los cuales deberán ser de diferente género», se pone en riesgo la vigencia de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que establece como requisito para la oficialización de listas de senadores y diputados nacionales la obligatoriedad de ubicar de manera intercalada mujeres y varones desde el primero hasta el último candidato suplente.

«Con la elección por circunscripción (se) eliminan el cupo femenino y la representación de la minoría. Se puede dar el caso de una Cámara de Diputados con 100% de hombres y 100% de representantes de un mismo partido», advirtió, al hacerse eco de la reforma, el diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) Christian Castillo desde sus redes sociales.

Para el politólogo Diego Reynoso, investigador del Conicet y director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que sea el Ejecutivo el que establezca el trazado de los distritos en los que se dividiría una provincia al momento de una elección puede ser objeto de una manipulación que beneficie a un partido por sobre otro.

Reynoso dijo que un sistema como el que propone Milei solo se implementa en Panamá y, en parte, en México, donde, sin embargo, rige un mecanismo «mixto» de elección de los legisladores.

En función del resultado de los últimos comicios, Reynoso evaluó que la puesta en marcha de un sistema como el incluido en la llamada ley ómnibus «perjudicaría en algunos distritos al PRO y a la Unión Cívica Radical (UCR), y solo beneficiaría, eventualmente, al peronismo y a La Libertad Avanza (LLA), aunque en ese caso si obtiene números similares como los de la última elección».

Ante eso, director de la ESPOP mencionó que la aprobación de esta modificación en el Congreso «puede ser difícil» para Milei.

Legislativo

Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial

El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.

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Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino

★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.

El fin de la protección territorial

La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).

Un escenario de cenizas y especulación

El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.

El agua en el centro de la disputa

La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.

Divisiones en el bloque aliado

No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.

Puntos clave:

  • El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
  • La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
  • El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
  • Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
  • Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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