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La Rioja pidió la suspensión del DNU a la Corte

El máximo tribunal se negó a abrir la feria.

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El Gobierno de La Rioja pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la «competencia originaria» para entender en el asunto, pero el máximo tribunal dio vista al procurador interino y denegó abrir la feria.

La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde este viernes.

Como primera medida, la Corte dio vista al procurador interino, Eduardo Casal, para que determine si el conflicto es competencia o no del máximo tribunal, al tiempo que denegó abrir la feria aclarando que se «estudiarán las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero».

En la «acción declarativa de certeza» de La Rioja se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos».

También se solicita a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».

La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte una provincia que demanda al Gobierno nacional.

«Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos», argumentaron los abogados.

El DNU «tiene malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado. Por dicho motivo, en el entendimiento que se concurre a un ámbito para la armonía del federalismo y la paz, queda debidamente asentada la competencia originaria para entablar esta demanda por la naturaleza del demandante y el objeto enteramente federal de la cuestión que se problematiza y deduce con expectativa de reparación inmediata», se argumentó.

«Gravedad institucional»

El DNU firmado el 21 de diciembre pasado y puesto en vigencia este viernes «produce perjuicios irreparables por resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución federal y los artículos 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», enumeraron Zaffaroni y Ferreyra».

Por ende, «se solicita se resuelva la incertidumbre» en torno a su aplicación y ante la «gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por ende trasciende los márgenes del caso», advirtieron.

El abogado Raúl Ferreyra, uno de los patrocinadores de Quintela, señaló que «se le está pidiendo a los señores jueces que defienda el federalismo y que sostengan la democracia y la armonía en paz de todos los argentinos», según afirmó en declaraciones al canal C5N.

El letrado destacó principalmente que esta acción fue presentada «en la competencia originaria de la Corte» que es la «competencia jurisdiccional más importante de toda la Argentina».

«Es una gran decisión la del gobernador porque el problema jurídico ya está planteado en los despachos de los jueces de la Corte Suprema. Ya no hay que esperar primera instancia y segunda instancia para que llegue a la Corte», apuntó.

Y detalló que ahora el máximo tribunal deberá decidir si «habilita la feria judicial de enero como pedimos» al igual de que si dicta la medida cautelar como fue pedido en la presentación realizada para «suspender los efectos de la medida».

«La competencia originaria de la Corte no es cualquier competencia. Fue pensada como la de la armonía federal y de la paz. Se pensó para que las provincias resuelvan sus problemas jurisdiccionales con el Estado nacional a través de un tercero imparcial que es la Corte Suprema», destacó.

El Gobierno de La Rioja pidió habilitar la feria judicial para tramitar la causa principal y también para el dictado, notificación y cumplimiento de la medida cautelar pedida.

«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales», posteó al respecto el gobernador Quintela en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El reclamo, dijo, que lo hace «en nombre de la provincia» y para conseguir en el Poder Judicial de la Nación un «pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», explicó el mandatario.

Contra la vigencia del DNU de desregulación económica hay presentados una treintena de amparos entre los fueros Contencioso Administrativo Federal y del Trabajo pero hasta el momento ningún juzgado dictó medida cautelar para suspender su vigencia.

Coparticipación

El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas

La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.

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El Argentino Diario-Ricardo Quintela-Javier Milei.
El ajuste de Milei cancela el sueño deportivo: La Rioja fuera de los Juegos Evita por la deuda que Nación no paga.

Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.

El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.

Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar

El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.

La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.

La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.

Los deportistas: el daño colateral del ajuste político

En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.

La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.

Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.

Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea

La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.

La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.

Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.

Lo que tenés que saber:

  • La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
  • La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
  • La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
  • Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
  • En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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