Denuncia
Jueces enviaron al juzgado de Esteban Furnari distintos amparos contra el DNU
El magistrado concentrará muchos de los recursos que reclaman el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del DNU 70/2023 en virtud de haber habilitado e inscripto la primera de las demandas ingresadas como un «proceso colectivo». En ese marco, le pidió al fuero laboral que le envíe la demanda de la CGT.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari requirió este viernes al fuero laboral que le envíe la demanda de la CGT contra el DNU 70 del Gobierno nacional para tramitarla en conjunto con otras causas en el marco de un proceso colectivo abierto en su juzgado
El magistrado hizo lugar este viernes a un planteo de inhibitoria hecho por el Estado Nacional a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
La demanda de la CGT se tramita en el juzgado nacional del Trabajo 69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, desde donde se había dado al Gobierno un plazo de tres días para responder los planteos de inconstitucionalidad de la norma.
Furnari ordenó notificar a Ramonet y a la sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, que debe resolver una apelación de la CGT contra la decisión del juez laboral de no dictar una medida precautelar para suspender los efectos del decreto en lo referido a las normas vinculadas al trabajo y que comenzó a regir desde este viernes.
El propósito es «generar las bases para brindar una respuesta jurisdiccional adecuada y unívoca al caso que se viene planteando en distintas jurisdicciones y fueros en torno a la constitucionalidad del DNU 70/2023».
El propósito es «generar las bases para brindar una respuesta jurisdiccional adecuada y unívoca al caso que se viene planteando en distintas jurisdicciones y fueros en torno a la constitucionalidad del DNU 70/2023″, fundamentó.
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se presentó en el fuero Contencioso Administrativo Federal y pidió a Furnari que asuma la competencia para tramitar la denuncia de la CGT, solicitud a la que accedió el magistrado.
Furnari requirió la remisión de la demanda de la CGT para «la prosecución de su trámite» en su juzgado «en el marco del proceso colectivo «Asociación Civil Observatorio del Derecho a la ciudad y otros C/ EN-DNU 70/23 S/ amparo Ley 16.986″, expte. 48013/2023»
El juez sostuvo que tomó esa decisión «para garantizar la adecuada marcha de la actividad tribunalicia y – en particular- para poner a salvo los efectos de la cosa juzgada que habrá de proyectar la sentencia que eventualmente recaiga en el omnicomprensivo proceso en el que previno este Tribunal».
Ahora Ramonet tendrá que resolver si acepta o no este planteo y caso contrario será resuelto por un Tribunal de Apelaciones.
Los recursos de amparo, al juzgado de Furnari
El juzgado de Furnari concentró ya distintos recursos de amparo contra el DNU de desregulación económica en el marco de ese proceso colectivo.
Magistrados de ese fuero tomaron la decisión de remitirle las causas, que incluyeron hasta el momento sendos amparos de los abogados Andrés Gil Domínguez y Jorge Rizzo, entre otros, informaron a Télam fuentes judiciales
Los recursos reclaman el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del DNU 70/2023 y se están unificando en su juzgado en virtud de haber habilitado e inscripto la primera de las demandas ingresadas como un «proceso colectivo».
Se trata del amparo de la «Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad» y de Claudio Lozano, Hugo Godoy y Rodolfo Aguiar, en el marco del cual este jueves se negó el dictado de una precautelar porque la norma aún no estaba vigente.
«El colectivo está integrado por todos los habitantes alcanzados por y/o sujetos al DNU 70/2023 que afirmen su inconstitucionalidad con base en que -aunque no exclusivamente- fue dictado en violación del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y de las demás normas y principios federales que regulan la sanción de normas de sustancia legislativa a nivel nacional», recordó el Juzgado 7 del fuero al remitir la causa iniciada por el abogado constitucionalista Gil Domínguez.
En el amparo se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el sujeto demandado es el PEN.
«Se advierte que en la subexamine, prima facie se configuran los supuestos para desplazar el conocimiento de las presentes actuaciones a favor del magistrado titular del Juzgado 2 del fuero, toda vez que se dan provisoriamente los elementos materia; objeto de la pretensión y composición de la clase, según la consulta en el registro de procesos colectivos del Alto Tribunal», sostuvo la resolución.
En relación a otro de los amparos, el del abogado Jorge Rizzo, el juzgado del fuero 10 tomó una decisión similar.
De manera independiente en el fuero de la Justicia del Trabajo tramitan amparos presentados por la CGT y la CTA contra los aspectos laborales del DNU.
Denuncia
Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.
Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»
★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.
«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»
Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.
La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.
Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.
«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»
Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.
El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto
En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.
La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».
Puntos clave:
- La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
- Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
- Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
- Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
- El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.
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