DDHH
Los escandalosos nexos entre Villarruel, Videla y otros genocidas
Tras la carta publicada por el genocida condenado por delitos de lesa humanidad Jorge «Tigre» Acosta, referentes de DDHH recordaron la cercanía de Villarruel con los dictadores.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recordó que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, «organizaba charlas con genocidas» como Jorge Rafael Videla, después de que el excapitán de fragata Jorge «Tigre» Acosta difundiera una carta alineada con la candidatura de Javier Milei para el balotaje.
«Es necesario recordar que Villarruel organizaba charlas con Videla. Es un personaje muy peligroso», dijo Pietragalla Corti en diálogo con Télam, al tiempo que pidió no olvidar que la candidata a vicepresidenta «es hija de un militar», por Eduardo Marcelo Villarruel, que «tuvo claras responsabilidades en plena dictadura».

Además, consideró imprescindible refrescar la actuación de Acosta durante el terrorismo de Estado: «Entre abril de 1976 y principios de 1979, ejerció la máxima autoridad dentro de la Unidad de Tareas 3.3.2 en la ESMA, fue jefe de Inteligencia y continuó vinculado a las tareas represivas desplegadas por el GT hasta el fin de la dictadura», dijo.
Además, el funcionario especificó que las tareas del genocida «se centraron principalmente en las actividades de inteligencia e interrogatorio mediante la aplicación de tormentos».
También afirmó que «en el año 1980 Acosta estuvo entre los oficiales del GT enviados al extranjero para continuar con sus acciones de inteligencia. Más precisamente, a él le tocó ir a España», añadió.

Acosta se encuentra condenado por delitos que van desde secuestros, torturas, abusos sexuales, robos de bebés y desapariciones, y en la carta que hizo circular el martes pasado afirma que «no» tiene intención de «interferir» en el balotaje del 19 de noviembre aunque agrega que «se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por la ‘patria socialista», y recomienda la lectura de un escrito de otro genocida con quien comparte cárcel.
Se trata del exoficial de inteligencia del Estado, Jorge Héctor di Pasquale, quien también habría recibido visitas en la prisión de la candidata a vicepresidenta de Milei, según publicó esta semana El Destape.
El exmarino hizo circular su opinión desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde está detenido, mediante en el sitio web ‘Prisionero en Argentina’, que funciona como un órgano de difusión contrario al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Allí agrega que no tiene «intención de interferir en el proceso electoral», pero insiste en los postulados de Milei en el sentido de que «existió una Guerra Civil Revolucionaria Terrorista Trotskista en los años ’70», y se define como veterano de guerra.
Además, vuelve a cuestionar la cifra de los 30 mil desaparecidos al tiempo que sugiere la lectura de uno de los libros de Di Pasquale que habla en ese sentido y también está acusado de delitos de lesa humanidad tanto en la ciudad de La Plata como en Neuquén.
Frente a la nueva provocación del exmarino, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, recordó en diálogo con Télam que la compañera de fórmula de Milei visitaba represores en la cárcel porque «como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan».

Y agregó que «ahí está la prueba evidente de cómo se han envalentonado estos genocidas ante sus referentes, sus repudiables referentes, Milei y Villarruel», calificó.
«Pero se darán cuenta ahora, el ‘Tigre’ Acosta y sus amigos, que han caído en desgracia», puntualizó Almeida tras el resultado de las elecciones del domingo pasado que ubicaron al libertario en un segundo lugar, detrás del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.
Les dijo además «al Tigre Acosta y a los que, como él, están pagando con cárcel perpetua por el genocidio que cometieron, que no se ilusionen porque siempre la verdad va a triunfar», al tiempo que lamentó que «estos personajes ensucien la memoria de Alejandro (su hijo) y la de todos nuestros hijos».

Del mismo modo, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia, Sol Hourcade, recordó a Télam que el ‘Tigre’ Acosta «es uno de los represores más conocidos de la ESMA y hasta de la Argentina por la aberración de los delitos que cometió».
«Formalmente, desde diciembre de 1975 estaba a cargo de la jefatura de Vigilancia y Seguridad de la ESMA, y con el pase al accionar represivo de la escuela fue designado jefe de Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 y en la práctica era la máxima autoridad allí», puntualizó.
La coordinadora añadió que «se comprobó judicialmente su desempeño como jefe de Inteligencia y del accionar represivo de la ESMA desde abril del ’76 hasta septiembre del 79», y que «varios sobrevivientes lo han reconocido como uno de los que lideraba la represión, uno de los que decía tener el poder para definir sobre la vida y la muerte de los secuestrados».

Incluso «recibió muchas felicitaciones y halagos de sus jefes por su accionar represivo», añadió Hourcade.
También lamentó que «recién fue cuestionado por la Armada en democracia cuando salió en fotos con personajes de la farándula», pero señaló que «por su accionar represivo en ese entonces había sido muy halagado».
«Su responsabilidad penal se comprobó en numerosos juicios, varios de ellos sobre hechos cometidos dentro de la ESMA, en esa causa y los diferentes tramos que llegaron a juicio oral, y también en el juicio de plan sistemático de apropiación de niños y niñas», enumeró.

Hourcade reseñó que Acosta «fue condenado a perpetua en dos causas por privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a tormentos, homicidios y violaciones sexuales».
Además, «en uno de los juicios que se realizó en la causa ESMA se comprobó que el ‘Tigre’ Acosta era quien sometía sexualmente a algunas víctimas y habilitaba que otros oficiales y en general todo el personal que operaba represivamente allí, pudiera cometer abusos sexuales contra las personas que estaban en ese lugar secuestradas».
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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