El Ministerio de Economía formalizó mediante la Resolución 1148/2026 el fracaso del proceso licitatorio para privatizar la empresa estatal de servicios aeroportuarios. Cinco empresas habían manifestado interés, pero ninguna presentó oferta. Intercargo permanece en manos del Estado mientras el Gobierno evalúa sus próximos pasos.

El Ministerio de Economía declaró formalmente desierta la licitación pública para privatizar Intercargo tras no recibir ninguna oferta por la empresa estatal. La Resolución 1148/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo, cerró sin resultado un proceso que el Gobierno había impulsado como una de las piezas centrales de su programa de desguace del Estado, habilitado por la Ley Bases (27742).

Cinco interesados, cero ofertas

El resultado fue conocido a fines de junio, cuando la apertura de sobres en la plataforma oficial Contrat.Ar no exhibió ninguna propuesta de inversores nacionales ni internacionales. Según constancias del proceso, cinco empresas habían manifestado interés en el pliego, pero ninguna acreditó las condiciones económicas y técnicas exigidas ni presentó la documentación requerida para participar. Ante ese escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas «ad hoc» recomendó dar por finalizado el procedimiento sin adjudicación.

El precio base fijado para la operación era de 45 millones de dólares, una valuación que en su momento generó una denuncia penal por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (AAPA), que cuestionó tanto el monto como el método de tasación utilizado por el propio Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La causa, radicada en el fuero federal, apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro Caputo y el entonces titular del BICE por presunto perjuicio al patrimonio público.

Qué es Intercargo y qué estaba en juego

Intercargo es la empresa estatal que presta servicios de rampa, carga, descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases, que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública internacional sin participación estatal residual. El esquema propuesto contemplaba mantener a la empresa como unidad operativa, con continuidad de contratos y licencias en los aeropuertos donde presta servicio, y unos 1.500 trabajadores aeronáuticos directamente vinculados a su operación.

La ausencia de ofertas no puede leerse como un dato aislado. En lo que va de la gestión libertaria, el Gobierno autorizó la operación de varias empresas privadas que ofrecen el mismo servicio tras la desregulación del sector, lo que achicó el negocio de Intercargo y redujo su atractivo para potenciales inversores. La desregulación que supuestamente debía facilitar la privatización terminó siendo uno de los factores que la torpedeó.

La Ley Bases, en cuestión

La privatización de Intercargo fue uno de los casos emblemáticos con que el oficialismo justificó la sanción de la Ley Bases en 2024, presentada como el instrumento para «modernizar» y «achicar» el Estado. El fracaso del proceso licitatorio expone las contradicciones de esa narrativa: el mercado al que el Gobierno apeló como árbitro supremo no quiso lo que el Gobierno puso a la venta, y a un precio que organizaciones sindicales y juristas ya habían cuestionado como subvaluado.

El marco legal vigente, bajo los decretos 695/2024 y 198/2025, mantiene la autorización para que la cartera económica continúe buscando mecanismos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro. Por el momento, y pese a la voluntad política explícita del Ejecutivo, Intercargo seguirá en manos del Estado.

¿Qué sigue?

Tras la declaración de desierta, el Gobierno nacional deberá evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma. Las opciones que se abren son al menos tres: relanzar el proceso licitatorio con condiciones modificadas, explorar alguna forma de asociación público-privada o resignarse a mantener la empresa en la órbita estatal de manera indefinida. Ninguna de esas salidas resulta políticamente cómoda para una administración que edificó buena parte de su identidad en la promesa de privatizar todo lo privatizable.

• El Ministerio de Economía declaró desierta la licitación de Intercargo mediante la Resolución 1148/2026, publicada en el Boletín Oficial.
• Cinco empresas manifestaron interés, pero ninguna presentó oferta ni acreditó las condiciones exigidas.
• El precio base era de 45 millones de dólares, cuestionado judicialmente por subvaluación.
• La desregulación del sector impulsada por el propio Gobierno redujo el atractivo comercial de la empresa.
• Intercargo permanece en manos del Estado; el Ejecutivo evalúa los próximos pasos sin plazos definidos.