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En plena crisis parlamentaria de LLA, Diputados debate si investigará a quienes visitaron a represores condenados

La decisión se adoptará en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocada para las 14.30 por la presidente de ese cuerpo, Silvia Lospennato (PRO).  

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La Cámara de Diputados debatirá mañana si conforma una comisión para investigar a los diputados libertarios que se reunieron en el penal de Ezeiza con represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.  

La decisión se adoptará en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocada para las 14.30 por la presidente de ese cuerpo, Silvia Lospennato (PRO).  

Ese organismo parlamentario se reunirá luego que la diputada Lourdes Arrieta, cuya expulsión del bloque de La Libertad Avanza (LLA) se discutía anoche, filtrara unos chats donde se sugiere que se presentarían proyectos para lograr la libertad condicional de represores condenados de delitos de lesa humanidad. 

La controversia se desató el pasado 11 de julio cuando seis diputados de LLA concurrieron al penal de Ezeiza, en una visita organizada por el legislador libertario Beltrán Benedit.   

Diputados libertarios que visitaron a genocidas

Concurrieron Guillermo Montenegro -un dirigente cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel-, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde, además de la ya mencionada Arrieta.  


Los proyectos analizados

La comisión comenzó a analizar la semana pasado los proyectos impulsados por los legisladores de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez y Vanesa Siley, y de la propia Arrieta, y mañana definirá si finalmente conforma esa comisión, aunque es dudosa la posibilidad de que expulsen a esos legisladores. 

En la reunión realizada la semana pasada se escucharon los fundamentos de los autores de las cinco iniciativas que piden una investigación en la Cámara Baja.  

En esa ocasión, Arrieta dijo que fue «engañada ya que nunca se nos informó la identidad de los detenidos» y reclamó que se investiguen a Benedit y al propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. 

Los legisladores se entrevistaron en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros represores.   

Los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de derecha, que propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas con el beneficio de la prisión domiciliaria.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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