La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, sostuvo que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner “fue armado por el albertismo”. Lo hizo desde su cuenta de X, sin aportar pruebas ni citar fuentes oficiales. La afirmación se inscribió en una estrategia discursiva que ya había iniciado semanas atrás, cuando relacionó el ataque con supuestas maniobras políticas del peronismo.

“Me pregunto de qué color se pondrá cuando avance la investigación por el supuesto atentado contra la ex Presidente Cristina Kirchner”, había escrito el 8 de abril, en alusión al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. La frase fue acompañada por burlas sobre la denuncia mediática de estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, relacionada con el presidente Javier Milei.

Pese a la gravedad de sus declaraciones, la diputada no ofreció ningún sustento judicial, documental o periodístico. Las investigaciones judiciales sobre el intento de magnicidio, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, continúan su curso sin registrar hasta el momento indicios que involucren a referentes del oficialismo de entonces.

Un historial de gestos provocadores y vínculos polémicos

La declaración de Lemoine no fue aislada. En enero de 2023, la diputada invitó al Congreso al fundador de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Leonardo Sosa. El hecho causó conmoción, ya que Sosa está involucrado en la causa por el atentado. Desde el bloque de LLA reconocieron la invitación, aunque el propio Sosa declaró que su presencia se debió a un grupo de “libertarios que querían hacer el aguante” al gobierno de Milei.

Revolución Federal se encuentra bajo investigación judicial por incitación a la violencia y por su presunto vínculo con el entorno de los autores materiales del ataque a la ex vicepresidenta. El grupo difundió consignas violentas y realizó escraches frente al Instituto Patria, el Congreso y la Casa Rosada.

Los vínculos entre sectores libertarios, grupos de ultraderecha y los acusados del atentado fueron objeto de múltiples pedidos de investigación por parte de la querella de Cristina Kirchner. La causa principal, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, fue duramente cuestionada por su lentitud y la falta de impulso a líneas investigativas que podrían involucrar a actores políticos.

La contraofensiva de Milman: ¿una maniobra judicial o una estrategia de defensa?

La polémica creció aún más con la aparición de Gerardo Milman. El diputado del PRO se presentó en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a Cristina Fernández por “autoatentado”. El legislador quedó imputado en una causa conexa luego de que un testigo declarara haberlo escuchado decir, 48 horas antes del ataque: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

“Efectivamente mañana a las 10 voy a hacer una declaración espontánea en el juzgado”, confirmó Milman en diálogo con la prensa. Su presentación judicial parece responder a una estrategia defensiva, en momentos en que la causa avanza sobre su entorno.

El giro discursivo y judicial de sectores cercanos al oficialismo apunta a instalar la teoría del “autoatentado”, desestimada por la querella y no respaldada por la prueba reunida en el expediente. Desde el entorno de la ex presidenta señalaron que se trata de un intento de encubrimiento y una maniobra para entorpecer la investigación.

Un discurso que busca instalar sospechas sin evidencia

Las declaraciones de Lilia Lemoine se sumaron a un clima de sospechas alimentado desde sectores de La Libertad Avanza. Sin embargo, ni la justicia federal ni la fiscalía que intervienen en la causa aportaron elementos que permitan sostener la hipótesis de un atentado “armado”.

Por el contrario, los informes oficiales confirmaron que el ataque fue perpetrado por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de un entorno marginal, con contactos aún poco claros con financistas y operadores de la derecha digital.

Las manifestaciones públicas de la diputada libertaria parecen orientadas más a deslegitimar a la víctima que a colaborar con el esclarecimiento de los hechos. La causa judicial sigue sin un avance claro en cuanto a autores intelectuales y sin definiciones sobre posibles instigadores.