Diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y productos entregados que no se correspondían con los adjudicados. Ese es el cuadro que dibujan los nuevos informes incorporados a la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y sobre esa base se pidió este lunes que el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, deje de transitar el expediente en libertad.

El pedido lo formuló el abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la causa, mediante un escrito presentado ante el juez federal Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11. La presentación llegó pocos días después de que la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otras 18 personas, acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas, a cambio de coimas y con sobreprecios.

Un saqueo en serie, no un error administrativo

Dalbón fundó el pedido en los resultados de la auditoría que el entonces interventor de la agencia remitió al juzgado y al fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación. Según el escrito, esos informes permiten ver que las irregularidades no fueron episodios sueltos sino una práctica extendida durante toda la gestión del exfuncionario.

«No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS», sostuvo el texto.

El dinero en disputa no es abstracto: es el presupuesto destinado a medicamentos, prótesis e insumos para personas con discapacidad, uno de los sectores más castigados por el ajuste libertario. Una auditoría interna ya había detectado un desfasaje de $158.717 millones en los registros del organismo, dato que se conoció la misma semana en que la Cámara confirmó los procesamientos.

El fallo de la Cámara, además, dejó asentado que Spagnuolo mantuvo encuentros frecuentes con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, titular de varias de las firmas beneficiadas, entre ellas Indecomm SRL y Droguería Profarma SA. Las pruebas incorporadas al expediente indican que Indecomm transfirió $5.000.000 al exfuncionario y costeó muebles para su vivienda en un barrio cerrado, pagos que fueron registrados bajo conceptos comerciales ficticios.

Riesgo de entorpecimiento y peligro de fuga

El eje del planteo es procesal. Dalbón advirtió sobre el «peligro de entorpecimiento» y sobre la posibilidad de que Spagnuolo «destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba» o «influya para que testigos o peritos» alteren sus aportes a la causa. El abogado recordó que entre las medidas aún pendientes figura el peritaje de los audios filtrados, que debe determinar científicamente si la voz de las grabaciones que dieron origen a la investigación pertenece al extitular de la agencia. Spagnuolo ya se había negado a aportar una muestra de su voz para ese examen.

El escrito también pidió evaluar el «peligro de fuga». Dalbón señaló que sobre el exfuncionario pesa desde el inicio una prohibición de salida del país y recordó que, durante los allanamientos, Spagnuolo no fue localizado en los domicilios buscados y apareció después dentro de un country de Pilar. Para el denunciante, las restricciones vigentes ya no alcanzan para garantizar que la investigación avance sin obstáculos.

«La detención aparece como la medida necesaria y proporcional para asegurar la comparecencia de Spagnuolo y, fundamentalmente, para preservar la integridad de la investigación», concluyó la presentación. La decisión queda ahora en manos de Lijo, quien deberá determinar si existen riesgos procesales concretos que justifiquen una medida de esa magnitud.

Una causa que sigue golpeando al oficialismo

Spagnuolo no era un funcionario cualquiera: fue abogado personal de Javier Milei y llegó a la conducción de la ANDIS por decisión del propio Presidente. Los audios que detonaron el escándalo, en los que se describía un mecanismo de cobro de porcentajes a proveedores, pusieron bajo sospecha al círculo más cercano del poder libertario.

Mientras el Gobierno recortó prestaciones, pensiones y programas para personas con discapacidad en nombre del equilibrio fiscal, la Justicia reconstruye un esquema que habría convertido ese mismo presupuesto en fuente de negocios privados. El caso se suma a otros expedientes que tramitan en el mismo juzgado y que complican a figuras del oficialismo, como la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lo que tenés que saber:

• El abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la causa, pidió al juez Ariel Lijo la detención inmediata de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS.
• El pedido se basa en informes que detectaron diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados y productos entregados distintos a los adjudicados.
• La Cámara Federal confirmó días atrás el procesamiento de Spagnuolo y de otras 18 personas por asociación ilícita.
• Dalbón invocó riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.
• Sigue pendiente el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo, quien se negó a aportar una muestra de su voz.