Denuncia
Oftalmólogos denuncian al PAMI por bloquear atención a jubilados y sobreprecios en lentes intraoculares
Los profesionales denuncian que se suspendieron arbitrariamente cirugías y consultas esenciales para miles de adultos mayores, medida que afecta el acceso a la salud visual de una población vulnerable, fundamental para prevenir ceguera y mantener autonomía. Las lentes intraoculares compradas por PAMI tienen precios entre 6 y 10 veces superiores a las del mercado.
★ Entidades prestadoras de servicios oftalmológicos de todo el país denunciaron que el PAMI bloqueó de manera discrecional la atención a miles de adultos mayores, suspendiendo cirugías y consultas esenciales. La medida, calificada de arbitraria e imprecisa por los profesionales, surge mientras se intensifica la polémica por la presunta compra de lentes intraoculares a valores significativamente superiores a los del mercado.
Paralización Arbitraria y sin Fundamento
Según las entidades, la obra social de los jubilados adujo haber detectado presuntas “sobrefacturaciones” en prestaciones, una afirmación que el sector negó categóricamente. Los profesionales aseguraron que la decisión administrativa carece de criterios técnicos transparentes, parámetros clínicos verificables o dictámenes disponibles, lo que impide cualquier instancia de revisión o descargo. Esta situación, señalaron, paraliza la atención de miles de afiliados sin un procedimiento claro de auditoría ni comunicación formal a los prestadores.
Las Consecuencias para los Adultos Mayores
La medida del PAMI afecta directamente el acceso de los adultos mayores a una atención visual fundamental para prevenir la ceguera evitable, mantener la autonomía y calidad de vida, disminuir caídas y hospitalizaciones, y asegurar un estándar básico de bienestar en una población altamente vulnerable. “La mayoría de los pacientes damnificados perciben la jubilación mínima y no cuentan con alternativas reales. Cada día sin atención constituye un perjuicio cierto, acumulativo y evitable”, afirmó Omar López Mato, miembro de CAMEOF.
López Mato enumeró las graves consecuencias de la interrupción unilateral de autorizaciones oftalmológicas: desfinancia a las instituciones que dependen de la continuidad prestacional, genera inestabilidad en equipos profesionales, paraliza quirófanos y turnos programados, y compromete seriamente la continuidad asistencial de miles de personas mayores. Advirtió que, de persistir esta situación, los prestadores se verán forzados a adoptar medidas de fuerza para reclamar la regularización urgente del sistema y la apertura de canales de diálogo institucional.
Denuncian Sobreprecios en Lentes Intraoculares
En un giro que añade mayor complejidad a la situación, los profesionales de la salud contragolpearon al señalar que, mientras se suspenden cirugías esenciales con el argumento de supuestas irregularidades, paralelamente se diluyó del debate público la discusión sobre la compra de lentes intraoculares por parte del PAMI. Según trascendió, estas adquisiciones se habrían concretado a valores entre seis y diez veces superiores al precio de mercado, un hecho que genera profunda preocupación en el sector.
Aún más alarmante, se señaló que se habría solicitado un 10% a los proveedores para garantizar las adjudicaciones, lo que explicaría la participación de intermediarios en lugar de laboratorios, que por normas de compliance no pueden involucrarse en prácticas irregulares. Este escenario, reclamó la entidad, exige una investigación inmediata y transparente.
Reclamo Urgente por la Calidad de Vida de los Jubilados
Los prestadores oftalmológicos reclamaron el restablecimiento inmediato de las prestaciones, la implementación de auditorías transparentes, técnicas y basadas en evidencia, y una investigación urgente de las compras de lentes intraoculares y los eventuales retornos. Asimismo, exigieron la apertura de un canal de diálogo formal que permita sostener la calidad del servicio.
Para finalizar, Omar López Mato enfatizó que “una vez más se pone de manifiesto que, aunque los gobiernos cambien, ciertos patrones de discrecionalidad, opacidad y arbitrariedad persisten, perjudicando siempre al mismo sector: el jubilado que necesita ver para vivir con dignidad”.
Denuncia
ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger
La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.
El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.
El decreto que habilitó la poda
El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.
El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.
El rastro de la motosierra en Capital Humano
El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.
Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.
Doble vara y acusación de evasion fiscal
Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.
Retiros voluntarios como antesala de los despidos
Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.
Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.
Puntos clave
- El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
- Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
- La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
- Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
- ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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