La Cámara Federal porteña denegó hoy el beneficio de la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de tratar de esconder prueba incriminatoria, informaron fuentes judiciales.

Los jueces del tribunal de apelaciones confirmaron la decisión que había tomado la jueza federal María Eugenia Capuchetti cuando rechazó la excarcelación del cuarto detenido en la causa en la que se investiga el intento de homicidio perpetrado el 1° de septiembre último.

Carrizo está detenido desde el miércoles 14 de septiembre y se hizo conocido dos semanas antes, cuando acompañó a Brenda «Ámbar» Uliarte, procesada por tentativa de homicidio, durante una entrevista que le concedieron al noticiero del canal Telefé junto con los otros integrantes del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve que ambos integraban.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña aseveraron que la eventual recuperación de la libertad por parte del imputado podría poner en riesgo la investigación que se encuentra todavía en una etapa en la que se busca determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.

«Se verifica la existencia de peligros procesales que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado», sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el fallo de siete páginas.

«Se encomienda a la magistrada de grado a que -con la premura que exige el caso- decida la situación procesal del encartado, avance este que eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado, ponderando situaciones fácticas y probatorias no abarcadas en el marco de un planteo excarcelatorio como el aquí analizado», enfatizaron los jueces.

El juez Mariano Llorens, por su parte, votó en la misma dirección que sus colegas y resaltó que «aún restan realizar medidas de prueba -tales como peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, etc- todo lo cual permitiría terminar de esclarecer los hechos objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas en aquellos».

«Ello me conduce a presumir que, en caso de recuperar su libertad, el encausado podría entorpecer la pesquisa y obstaculizar su avance», concluyó Llorens.

Carrizo fue imputado por el fiscal Carlos Rívolo de ser participe necesario en los delitos de homicidio en grado de tentativa, agravado por haberse cometido con alevosía, premeditación y por el empleo de un arma de fuego, y por la supuesta falsificación de documentos públicos.

La Cámara Federal decidió rechazar la excarcelación de Carrizo horas después de concretada la audiencia, de la que participó, de modo virtual, el propio imputado.

«Soy de hacer jodas muy pesadas», sostuvo Carrizo cuando el tribunal le cedió la palabra, en un nuevo intento de sostener que los mensajes que envió minutos después del fallido atentado, en los que hacía referencia a un plan para matar a la Vicepresidenta eran parte de una broma que le jugó a su hermanastra.

Instantes antes, su abogado defensor, Gastón Marano, reclamó su excarcelación bajo el argumento de que siempre estuvo a derecho, entregó su celular y la clave de acceso de forma voluntaria y no intentó darse a la fuga.

Ante el primer planteo que había hecho Carrizo en busca de recuperar la libertada, Capuchetti había remarcado la existencia de riesgos procesales concretos que se desprendían de la propia actitud del imputado, según surge en constancias de la investigación.

«Cobra especial relevancia la actitud que puede revelarse a través de las comunicaciones que Nicolás Gabriel Carrizo sostuvo con posterioridad al hecho investigado, en el marco de las cuales hizo referencia al ocultamiento de elementos vinculados con la presente investigación, las cuales son materia actual de investigación», sostuvo Capuchetti.

En ese punto, la magistrada recordó el diálogo extraído del celular del propio Carrizo en el que el imputado le decía a una persona que tenía agendada como «Andrea»: «Mira no se si es una buena noticia pero el arma con la que intento ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto… recién hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar».

Ese señalamiento también había sido realizado por la querella de la vicepresidenta Fernández de Kirchner cuando la jueza le corrió vista sobre el pedido de excarcelación. «Lejos de querer colaborar, Carrizo quiso limpiar su imagen. Buscó incesantemente comunicarse personalmente con Brenda Uliarte luego del atentando, con la muy probable intención de planear cómo despegarse de la investigación», sostuvo la expresidenta.

«Carrizo incluso trató de deshacerse de prueba: manifestó que ocultaría el arma que le había entregado a (el procesado Fernando André) Sabag Montiel y que al final no había utilizado. Al día siguiente, le dijo a Andrea: ´Yo le di un 22 corto … recién hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ir a ocultar´», recordó la vicepresidenta en aquella presentación.

Carrizo quedó más comprometido en la investigación cuando la justicia detectó que tenía en su celular un mensaje en el que se afirmaba la voluntad de «matar al jefe de La Cámpora», informaron fuentes del caso.

«Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez», «Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal», son los mensajes detectados en el celular de Carrizo que le mandó a una persona agendada como ‘Jony White’, tan solo dos horas después del fallido ataque contra la exjefa de Estado.

Los mensajes, según pudo reconstruir esta agencia, salieron del celular del cuarto detenido por el ataque a la vicepresidenta a las 23.40 del 1° de septiembre y no serían los únicos que lo comprometen en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio.

El receptor del mensaje, ‘Jony White’, es una persona de estrecho vínculo con Carrizo cuya identidad se mantendrá reservada para no frustrar medidas de prueba en curso en la investigación.

Cuando se presentó con Uliarte ante las cámaras de Telefe, Carrizo se presentó como el dueño de la máquina de hacer los copos de azúcar que vendían «Ámbar» y su novio, Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó y gatilló a la cabeza de la vicepresidenta con una pistola Bersa calibre .32 que tenía cinco balas en el cargador.

Entre los mensajes que le exhibieron el día de su indagatoria, figura un diálogo con su hermanastra «Andrea», a quien la misma noche del atentado fallido le dijo que el ataque debió haberse concretado en otra fecha y que él le había aportado a los agresores una pistola de un calibre diferente al que finalmente utilizaron.

«Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo andaba bien», se lamentó el acusado en un intercambio de mensajes con «Andrea», según pudo reconstruir de fuentes con acceso a la investigación.