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¿Encuesta o ficción? El polémico sondeo de UdeSA que favorece a la derecha argentina

El último estudio de la Universidad de San Andrés sobre “Satisfacción Política y Opinión Pública”, presentó datos cuestionables sobre la valoración de líderes políticos, sociales y sindicales argentinos que merecen un análisis detallado.

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El Argentino Diario-Encuesta políticos Universidad de San Andrés.

La reciente encuesta realizada por la Universidad de San Andrés (UdeSA) sobre la imagen de 23 líderes políticos, sindicales y sociales de Argentina suscita polémica por su aparente sesgo y llamativos resultados.

Se trata de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (Espop), llevada a cabo entre el 12 y el 17 de julio con una muestra de 1.006 casos a nivel nacional, presentó datos que merecen un análisis detallado y crítico.

Metodología cuestionable y resultados sospechosos

La encuesta, que se realiza de manera bimestral, exhibió una tendencia marcada a favorecer a líderes del oficialismo, de la derecha y la ultraderecha, mientras posicionó a dirigentes opositores, sociales y sindicalistas con los peores índices de imagen. Esta disparidad levanta sospechas sobre su objetividad y metodología empleadas en el estudio.

Un aspecto particularmente llamativo fue el tratamiento dado a los políticos cordobeses. Figuras como Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Rodrigo de Loredo recibieron en promedio valoraciones sorprendentemente positivas, lo que contrasta con percepciones más generalizadas y otros estudios de opinión pública, más tratándose de un relevamiento a nivel nacional.

Análisis de casos destacados

  1. Javier Milei: La encuesta le otorgó un 18% de imagen «muy buena» y un 27% de «buena», sumando un 45% de aprobación. Sin embargo, también registró un 36% de imagen «muy mala», reflejando la polarización que genera su figura.
  2. Patricia Bullrich: Con un 17% de imagen «muy buena» y 28% de «buena», la ministra de Seguridad alcanzó un 45% de aprobación, similar a Milei, pero con un 34% de rechazo «muy malo».
  3. Juan Schiaretti: El político cordobés obtuvo un 33% de imagen positiva (3% «muy buena» y 30% «buena»), con solo un 16% de imagen «muy mala», posicionándolo sorprendentemente bien a nivel nacional.
  4. Cristina Fernández de Kirchner: La ex presidenta registró un 13% de imagen «muy buena» y 14% de «buena», pero un contundente 57% de imagen «muy mala», siendo una de las figuras con supuestamente mayor rechazo, según este sondeo.
  5. Axel Kicillof: El gobernador de Buenos Aires mostró una imagen polarizada, con un 13% de opinión «muy buena» y un 25% «buena», sumando un 38% de aprobación. Sin embargo, enfrentó un 49% de rechazo («mala» y «muy mala» combinadas), reflejando la división de opiniones sobre su gestión.
  6. Victoria Villarruel: La vicepresidenta obtuvo un 20% de imagen «muy buena» y un 23% «buena», acumulando un 43% de aprobación. Su porcentaje de imagen negativa (40% entre «mala» y «muy mala») fue menor que el de otros líderes de su espacio político, sugiriendo una percepción diferenciada dentro de la coalición gobernante.
  7. Jorge Macri: El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registró un modesto 4% de imagen «muy buena» y un 25% «buena». Su alto porcentaje de «No lo conozco» (15%) indica un desafío de reconocimiento a nivel nacional, a pesar de su posición en la capital.
  8. Juan Grabois: El líder social obtuvo un 9% de imagen «muy buena» y un 15% «buena», pero enfrentó un significativo 54% de imagen negativa (entre «mala» y «muy mala»). Estos números reflejan la controversia que generan sus posiciones y activismo.
  9. Alberto Fernández: El ex presidente mostró razonablemente los peores números, con solo un 11% de imagen positiva (2% «muy buena» y 9% «buena») y un abrumador 60% de imagen «muy mala».
  10. Pablo Moyano: El actual secretario adjunto de la CGT y líder camionero mostró una de las imágenes más negativas en la encuesta. Con solo un 2% de opinión «muy buena» y un 7% «buena», su aprobación total apenas alcanza el 9%. En contraste, un abrumador 53% lo calificó con imagen «muy mala». Estos números reflejan un supuesto el alto nivel de rechazo. Aunque es notable también que un 11% indicó no conocerlo, a pesar de su prominente posición sindical y visibilidad a nivel nacional.

Los resultados refuerzan la tendencia observada en la encuesta de favorecer a figuras de derecha o ultraderecha, mientras que líderes asociados con el peronismo o movimientos sociales reciben valoraciones más negativas. Esta disparidad plantea interrogantes sobre la metodología y representatividad del estudio.

Crítica a la presentación de datos

La forma en que se presentaron los resultados también merece atención. La gráfica utilizada, con barras apiladas, puede llevar a interpretaciones erróneas al no mostrar claramente las proporciones relativas entre las diferentes categorías de opinión.

El Argentino Diario-Polémico sondeo de UdeSA que favorece a la derecha argentina.
El Polémico sondeo de UdeSA que favorece a la derecha argentina.

Puntos clave sobre el cuestionable sondeo de la Universidad de San Andrés:

  • La encuesta muestra un aparente sesgo favorable hacia líderes de derecha y ultraderecha.
  • Políticos cordobeses recibieron valoraciones sorprendentemente positivas a nivel nacional.
  • Líderes sociales y sindicalistas fueron posicionados con los peores índices de imagen.
  • La metodología y presentación de datos suscitan dudas sobre la objetividad del estudio.
  • La polarización política se refleja en los altos porcentajes tanto de aprobación como de rechazo hacia ciertas figuras.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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