La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a más de 23.000 empleados en relación de dependencia después de detectar inconsistencias «por encima de lo habitual» en las deducciones que los trabajadores cargaron en el período fiscal 2025. El foco principal recayó sobre los gastos de indumentaria y equipamiento laboral. El operativo se enmarca en un contexto político preciso: el FMI recomienda ampliar la base del Impuesto a las Ganancias y el gobierno de Javier Milei no quiere hacerlo por la vía legislativa, pero sí parece dispuesto a hacerlo por la vía recaudatoria.

ARCA realizó un cruce masivo de información sobre las declaraciones presentadas por los trabajadores de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y detectó un nivel de irregularidades superior al de períodos anteriores. El resultado fue el envío de miles de notificaciones electrónicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes afectados. Según confirmaron fuentes del organismo, más de 23.000 empleados en relación de dependencia recibieron intimaciones formales.

El universo auditado es amplio: unos 800.000 contribuyentes de la cuarta categoría debieron presentar la declaración de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 antes del 31 de marzo de 2026, a través del Formulario 572 Web (SIRADIG-Trabajador). Los casos observados representan menos del 3% de ese total, pero incluyen situaciones de montos significativamente elevados. Entre ellas, ARCA identificó deducciones por aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que en algunos expedientes superaban los 400 millones de pesos, sin respaldo documental suficiente.

El rubro sin tope que activó las alarmas

El núcleo del operativo estuvo puesto sobre un concepto específico del formulario de declaración: los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. A diferencia de otros ítems deducibles, este concepto no tiene un tope nominal definido, lo que lo convierte en una puerta de entrada para la subdeclaración y el abuso. Fuentes del organismo indicaron que las inconsistencias en este rubro fueron las que aparecieron «más de lo habitual» y motivaron el operativo.

La legislación es taxativa en cuanto a los requisitos para que la deducción sea procedente: la indumentaria debe ser de uso exclusivo en el ámbito laboral (uniformes, ropa de seguridad industrial, guardapolvos con identificación técnica) y su uso debe estar formalmente exigido por el Convenio Colectivo de Trabajo, el reglamento interno de la empresa o una directiva expresa del empleador. En fiscalizaciones anteriores, el organismo detectó casos en los que contribuyentes intentaron incluir vehículos particulares dentro de la categoría de indumentaria y equipamiento laboral para ampliar la deducción.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que el organismo analiza la información cargada por los empleados en el formulario 572 Web y las liquidaciones anuales realizadas por los empleadores sobre esa misma base. Sobre esos datos, se determina el impuesto correspondiente, se compara con las retenciones efectuadas durante el año y se establece si existe una diferencia a favor del trabajador o del fisco. Cuando la diferencia es desfavorable al fisco, se emite la intimación.

Otros conceptos bajo la lupa del fisco

Además de la indumentaria, la auditoría detectó irregularidades en otros rubros. Las deducciones por Cargas de Familia mostraron desvíos en casos donde el trabajador declaró a su cónyuge o familiares a cargo pese a que estos perciben ingresos anuales que superan el mínimo no imponible fijado por ley, o situaciones en que ambos progenitores computaron el mismo hijo por porcentajes superiores a los permitidos. También se detectaron inconsistencias en gastos automotores declarados por trabajadores que no desarrollan actividades habilitadas para ese beneficio, y en gastos educativos que no cumplen con los requisitos normativos.

En el caso de los aportes a SGR, el fisco cruza de manera directa los montos declarados por el empleado contra los balances de las propias sociedades para verificar si la inversión efectivamente se realizó. Según confirmó el propio organismo, en la presente fiscalización se encontraron 10 casos con descuentos improcedentes por hasta 400 millones de pesos en ese concepto.

El trasfondo político: el FMI pide ampliar la base y el Gobierno evade el debate

La ofensiva recaudatoria de ARCA no opera en el vacío. Se inscribe en un contexto de presión explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar la base del Impuesto a las Ganancias. En su último Staff Report, el organismo multilateral recomendó al gobierno de Javier Milei incorporar al padrón a cerca del 20% de la masa laboral, una proporción similar a la vigente en 2019. El objetivo declarado del FMI es dotar de mayor sostenibilidad y equidad a los ingresos públicos. La carga de la deuda condiciona esa demanda: al cierre de 2025, la deuda de Argentina con el organismo totalizaba 57.100 millones de dólares y los vencimientos de capital e intereses para el período 2026-2030 superan los 13.400 millones de dólares solo en intereses.

El gobierno descartó formalmente ampliar la base por la vía legislativa, porque contradice el discurso de «bajar impuestos» que sostiene el presidente Milei. Sin embargo, al cierre de marzo de 2026, el universo de alcanzados por el tributo ya se ubicaba en aproximadamente 880.000 asalariados y 170.000 jubilados, cifras que el propio régimen de actualización por inflación fue construyendo sin necesidad de reforma legislativa explícita. En ese marco, una fiscalización que aprieta las deducciones disponibles opera como un mecanismo paralelo: amplía la recaudación efectiva sin tocar el umbral de entrada al impuesto, y traslada el costo del ajuste fiscal sobre los trabajadores asalariados.

El Foro Economía y Trabajo, en su documento de reforma tributaria de mayo de 2026, advirtió sobre esta lógica: el sistema impositivo argentino tiene un sesgo regresivo estructural, donde aproximadamente el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos que recaen con más peso sobre los sectores de menores ingresos. Cualquier refuerzo del control sobre Ganancias de cuarta categoría sin una revisión equivalente de las rentas financieras y los dividendos profundiza esa inequidad.

Cómo regularizar: la vía del VEP y sus alternativas

Para los empleados que ya recibieron la notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico, los especialistas tributarios señalan que el camino más recomendable es el abono de la diferencia mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP). Esta vía permite cancelar el reclamo administrativo de forma rápida y evita que el contribuyente deba presentar una declaración jurada determinativa completa.

La alternativa, que implica reajustar de manera integral el impuesto a través de una declaración jurada, puede acarrear un perjuicio financiero adicional: el sistema de ARCA podría recalcular automáticamente la base imponible y exigir el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal siguiente. El organismo aclaró que la medida forma parte de los protocolos habituales de revisión para promover la regularización espontánea antes de avanzar con sumarios formales.

Puntos clave

• ARCA intimó a más de 23.000 empleados en relación de dependencia por inconsistencias en deducciones del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025.
• El rubro con mayor volumen de irregularidades fue la indumentaria y el equipamiento laboral, un concepto sin tope nominal que no requiere justificación ante el empleador.
• El universo auditado comprende los 800.000 trabajadores que debieron presentar el Formulario 572 Web antes del 31 de marzo de 2026; los casos observados representan menos del 3% del total.
• Se detectaron aportes a SGR sin respaldo por hasta 400 millones de pesos en casos individuales, y deducciones por cargas de familia en situaciones donde los familiares superan el mínimo no imponible.
• El operativo se inscribe en un contexto de presión del FMI para ampliar la base de Ganancias, con la deuda argentina con el organismo rondando los 57.100 millones de dólares al cierre de 2025.