Por Daniel Olivera*

El 25 de enero de 1997 a las 10,30 de la mañana sonó el teléfono de línea de mi casa. Era sábado y en la revista Noticias la redacción estaba de franco, salvo claro, para los enviados especiales a las temporadas de Punta del Este y Pinamar, que trabajaban 24 por 7 en esas coberturas demenciales que las revistas de actualidad habían convertido en un sello de autor.

El menemismo había potenciado al extremo ese show bussiness, y las tres “big magazine” (Caras, Gente y Noticias) vendían juntas más de 1 millón de ejemplares por semana.

Por eso levantar el tubo –un artefacto en extinción hoy– y escuchar la voz inconfundible de Hugo Ropero, el subeditor de fotografía de la revista, fue un shock. Y más aún cuando a la tercera palabra rompió en un llanto desconsolado. Como su quebrada tensión emocional se lo permitió, me contó una historia increíble. Que unas pocas horas atrás habían encontrado el cadáver de José Luis Cabezas con 2 tiros en la cabeza, semi calcinado, adentro del Ford Fiesta blanco, en un descampado de las afuera de Pinamar.

José Luis era el fotógrafo estrella de la revista. Meses atrás había “ubicado” al mismísimo jefe de policía de la Bonaerense, Pedro Klodczik, para que posara en modo “drone” (Cabezas iba a las sesiones fotográficas con una escalerita de mano y desde “arriba” retrataba a los personajes de turno) en lo que fue la histórica tapa de la Maldita Policía. Desde Marcelo Tinelli hasta Amalita Fortabat, todos los ricos y famosos pedían ser retratados por Cabezas.

Y Hugo Ropero me estaba diciendo que lo habían matado y quemado en el auto de alquiler de la temporada. Que sus últimas horas de vida las había pasado trabajando en la fiesta del verano que ofrecía el empresario Oscar Andreani en su mansión pinamarense.

Para Ropero ni para la redacción de la revista empezando por su compañero de cobertura Gabriel Michi, ni para sus cuadros directivos desde, su director Héctor D’amico, ni para el dueño de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, había dudas. El culpable intelectual del crimen era Alfredo Yabrán. El empresario telepostal y amigo personal de Carlos Menem, al que Domingo Cavallo antes de renunciar había sindicado como “la mafia enquistada en el poder”. Y al que el “Mingo” en off the récord acusaba de haber armado la mayor red de distribución de drogas de la Argentina usando y abusando de su posición dominante en el mercado de la logística por tierra (con OCA) y en los aeropuertos (con OCASA).

Casi un año antes –el 3 de marzo de 1996– Cabezas le había sacado la primera foto pública a Yabrán, caminando por la playa del parador Marbella en Pinamar en compañía de su esposa, María Cristina Pérez. El empresario entrerriano símbolo del poder menemista les había confesado a Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, los voceros del establishment de los ’90, que sacarle una foto era lo mismo que pegarle un tiro en la frente.

Para Ropero ni para la redacción de la revista empezando por su compañero de cobertura Gabriel Michi, ni para sus cuadros directivos desde, su director Héctor D’amico, ni para el dueño de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, había dudas. El culpable intelectual del crimen era Alfredo Yabrán.

Como sea, la sentencia de muerte estaba escrita desde hacía casi un año para José Luis. Y la ejecución de la Fatwa no podía concretarse en otro lugar que no fuera Pinamar.

El salvaje crimen de José Luis colocó a Pinamar (y la Argentina) en la lista de las ciudades y países controladas por carteles de la droga y de la mafia. En un punto equiparables a Tijuana o Sinaloa en México, o Cali y Medellín en Colombia.

El suicidio de Alfredo Yabrán ocurrido el 20 de mayo de 1998 le dio oxígeno a Pinamar y le sacó el sambenito de ciudad “mafiosa”.

La muerte espectacular –de un escopetazo en el baño de su casa en Entre Ríos– de “Papimafi”, el apodo cariñoso que le decían en la intimidad Pablo, Mariano y Melina a su papá Alfredo, sublimó los fantasmas que acecharon durante un par de años al balneario preferido de la elite política argentina más afecta al low profile, que prefería Pinamar a la glamorosa Punta del Este.

Para el comienzo del siglo XXI, la política y la Justicia resolvieron que a José Luis lo habían asesinado una banda de lúmpenes y “perejiles” conocidos como “Los Horneros”, los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y el subcomisario de la Bonaerense Gustavo Prellezo como ejecutor de los disparos. ¿Cómo? Con el montaje de un operativo clandestino de secuestro y ejecución.

Hubo condenas a perpetuidad y otras atenuadas. Pero veinte años después, ninguno – ni Prellezo- ya estaba en prisión.

Con Yabrán muerto, el menemismo en retirada, y los homicidas de Cabezas con sentencias firmes, los padres fundadores (los Guerrero, los Bunge y los Shaw) aplicaron una estrategia de shock-clinic para limpiar la marca Pinamar de toda sospecha mafiosa.

Para el comienzo del siglo XXI, la política y la Justicia resolvieron que a José Luis lo habían asesinado una banda de lúmpenes y “perejiles” conocidos como “Los Horneros”, los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y el subcomisario de la Bonaerense Gustavo Prellezo como ejecutor de los disparos.

Potenciar y darle valor agregado a esa joya de médanos, bosques y mar llamada Cariló, para atraer al target más alto –empresarios y políticos- de la sociedad, fue el éxito más visible de Pinamar S.A., la empresa que nuclea a los verdaderos “dueños” de los 24 km de largo por 4 de ancho que van desde la ruta interbalnearia al mar y que abarca a Pinamar, Pinamar Norte, Ostende, Valeria del Mar y Cariló.

Si el municipio de Pinamar tiene un “dueño” (Pinamar S.A.), eso significa que los intendentes son “empleados” de la sociedad anónima. Un fenómeno sólo comparable al de algunas ciudades-pueblos del Norte o el Sur argentino, como Libertador General San Martín, en Jujuy, que es un feudo de la familia Blaquier. O Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis tiene hasta el control de un mini ejército privado.

Sin llegar a esos extremos, Pinamar S.A. tuvo que convivir los dieciocho años que pasaron entre 1997 y 2015, con 6 intendentes elegidos por el voto popular. El menemista-yabranista Blas Altieri por dos periodos hasta su muerte; el kirchnerista Roberto Porretti, que fue removido del cargo por extorsionar al dueño del boliche Ku; el dueño del corralón más grande del balneario, Rafael de Vito, un verdadero oxímoron político; Hernán Muriale, que duró menos de dos años en el cargo y fue destituido bajo cargos de corrupción; y Pedro Elizalde, que corrió la misma suerte y bajo los mismos síntomas.

Dieciocho años en los que por lado Pinamar S.A. trataba de reconstruir la imagen de Pinamar-Cariló, y los intendentes “empleados” se ocuparon de salir en los diarios por escándalos de corrupción de todo tipo y color. Extorsiones, coimas, desfalcos.

Hasta que en 2015 y de la mano de Mauricio Macri llegó lo que prometía ser “la esperanza blanca” para los verdaderos “dueños”: Martín Yeza tenía 29 años (el intendente más joven de la Provincia de Buenos Aires) y una carrera como converso. Su padre político fue Felipe Solá, quien le enseñó la versión cheta del peronismo. Hasta que en 2011 Francisco Quintana lo reclutó para la escuelita del PRO. Se lo llevó a la Ciudad y ahí pegó buena onda con la primera línea macrista. Y cuando a Mauricio Macri se le abrió el portal que lo transportó a la Rosada, al joven Martín le tocó en la lotería del reparto de cargos volver a su Pinamar natal. Y ganó su gordo de Navidad.

Y entonces fue cuando a él, al joven intendente Yeza, se le abrió un mundo desconocido para los medios y el gran público. El que te habilita a ser “empleado” de Pinamar S.A. y al mismo tiempo “socio” de los dueños del balneario. Para eso la promesa tuvo que hacer votos de castidad en materia de corrupción personal. Y, por supuesto, alinear sus intereses políticos y financieros con los de Pinamar S.A. Y así surfeó con éxito los 4 años de macrismo explícito. A golpes de aportes no reintegrables que generosamente le transfería María Eugenia Vidal, y que él devolvía con favores políticos que terminaron convirtiendo a Pinamar en el bunker playero de Cambiemos.

Hasta que en 2015 y de la mano de Mauricio Macri llegó lo que prometía ser “la esperanza blanca” para los verdaderos “dueños”: Martín Yeza tenía 29 años (el intendente más joven de la Provincia de Buenos Aires) y una carrera como converso. Su padre político fue Felipe Solá, quien le enseñó la versión cheta del peronismo.

Encerrada entre dos municipios recontra kirchneristas como el Partido de la Costa y Villa Gesell, Pinamar fue un remanso para Larreta, Vidal, Ritondo y la guardia de corps del macrismo, en especial en los veranos del 18 y el 19, cuando la debacle electoral se veía venir como las tormentas que se arman desde el Atlántico. En esos veranos que preanunciaban el huracán, Yeza fue el anfitrión ideal, pavoneándose desde su bunker del parador Marbella (el mismo que en los ´90 fue el refugio inexpugnable de Yabrán y el menemismo).

Para cuando la tormenta barrió con Macri y Vidal, él logró la reelección (sacó 57.8% en el 19). En Pinamar S.A. los celebraron a su estilo: con calma y sin estridencias. Por lo menos, Yeza había completado cuatro años sin escándalos de corrupción que se hubieran filtrado a los medios. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey dice el saber popular.

A decir verdad, fue en mayo de 2018 cuando explotó la primera granada sin espoleta. A Yeza lo denunciaron por malversar 12 millones de pesos, cuando el dólar estaba a 40 pesos por unidad. El intendente le había adjudicado una obra –una llamada intervención urbana en la Avenida Bunge– a la empresa Ashoka Construcciones por un valor de 33 millones de pesos. Tan burdo fue el episodio, que cada metro cuadrado de césped bermuda le costó al municipio 1200 pesos.

Con la red de protección judicial de Cambiemos, Yeza acudió pronto a los tribunales de Comodoro Py. Allí lo atendió solícita la histórica jueza federal María Romilda Servini de Cubria. Como resultado, para 2019 Yeza fue apartado de la causa – no sobreseído como se leyó en los medios- y la causa entró en el freezer.

Tres años después, ya sin protección política, Yeza volvió a trastabillar feo. En marzo del año pasado una ex funcionaria de confianza de Yeza de nombre Nora Ponce, deschavó un desfalco repugnante: en el municipio de Pinamar se habían robado durante meses más de 250 Tarjetas del Plan Alimentar, y mediante un complejo mecanismo en el que intervinieron varios funcionarios y empleados, esas tarjetas fueron vaciadas mes a mes, sin que nunca llegaran a sus verdaderos destinatarios: gente de escasos recursos que figuraban en la nómina de beneficiarios. Si robar es un pecado, robar a los pobres es de una inescrupulosidad manifiesta.

El escándalo de las Tarjetas Alimentar no pudo ser ocultado por el esquema marketinero de Yeza. Las oficinas del municipio (el área de Desarrollo Social) fueron allanadas y hoy hay 2 funcionarios de la municipalidad presos y embargados, a los que Yeza, cubrió al estilo mafioso, todo lo que su debilitado poder político le permitió.

A decir verdad, fue en mayo de 2018 cuando explotó la primera granada sin espoleta. A Yeza lo denunciaron por malversar 12 millones de pesos, cuando el dólar estaba a 40 pesos por unidad. El intendente le había adjudicado una obra –una llamada intervención urbana en la Avenida Bunge– a la empresa Ashoka Construcciones por un valor de 33 millones de pesos.

Ahora sí, por primera vez en 6 años de gestión, las alertas rojas se encendieron en Pinamar S.A. Yeza ya no sólo no goza de la impunidad de los tiempos de Cambiemos, sino que está, por presión directa de su jefe político Mauricio Macri, abiertamente enfrentado al gobernador Kicillof.

Éste, harto de que Yeza le pidiera una catarata de descubiertos para pagar los sueldos de los 1.400 agentes municipales (en temporada se agregan 900 adicionales), le cortó el chorro de giros extraordinarios y meses atrás le transfirió los últimos 370 millones de pesos – de los cuales 50 millones fueron no reintegrables-. Y le dijo basta.

Agobiado por el apretón financiero, Yeza jugó una carta muy riesgosa: sacó la cuenta corriente de Pinamar del Banco Provincia, y la pasó a la órbita del Banco Galicia. Lo que de movida implica que el descubierto mensual que usa Yeza para pagar los sueldos, ahora cuadriplicó los intereses por la operatoria corriente de un banco privado.

Hoy, las cuentas de la municipalidad de Pinamar no cierran. En el ejercicio 2021 la administración Yeza recaudó 3.000 millones de pesos. Y gastó 3.700 millones. Ese agujero financiero se multiplicará exponencialmente. Lo más insólito, es que Pinamar es uno de los distritos con mayor recaudación impositiva del país, no sólo de la Provincia. Siete de cada diez contribuyentes pagan en tiempo y forma. Y éste año la tasa municipal la aumentó un 72%.

Yeza cobró en diciembre alrededor de 500 mil pesos en concepto de sueldo más aguinaldo. Eso en la política actual son “migajas” si su sueño es aspirar a cargos electos de mayor volumen.

Su única salvación es apelar a la caja negra. A las famosas “compensaciones comunitarias”. Los recortes extraordinarios que él, Yeza, y su Concejo Deliberante adicto (tiene 8 concejales levantamanos sobre 14) le hacen a los grandes inversores. A cambio de retornos de buena voluntad.

Tres ejemplos frescos de este recién iniciado 2022. La autorización para construir 9 pisos – y no 6 como lo dice el código de planificación urbana de la ciudad- de un edificio que se está construyendo sobre la avenida Bunge, en pleno centro.

La increíble remodelación y puesta a nuevo del Golf de Cariló, que incluye la construcción de un hotel 5 estrellas. Desafiando todas las advertencias del daño que ocasionará al ecosistema de bosques y mar protegidos. Un proyecto de 320 millones de dólares.

Y el edificio que se construirá en el terreno adonde funcionó el mítico Ku, sobre la avenida del Mar. Un desarrollo que Yeza directamente negoció con el polémico abogado y empresario, Víctor Stinfale.

De esas tres cajas negras dependerá la supervivencia política de Yeza a partir de ahora. Otro dato a tener en cuenta, es el daño que le hará a su imagen en la aparición de filmaciones en las que la AFI macrista espiaba a funcionarios cercanos o del entorno más cercano a María Eugenia Vidal. Y la tercera pata es si finalmente Yeza impulsa la candidatura para 2023 de su hermano Alejo, más conocido por su afición a la nocturnidad que a la rosca política.

Para Gregorio Estanga, el funcionario de Anses que lo derrotó el 14 de noviembre pasado, no hay dudas: “Yeza es el peor intendente que tuvo Pinamar desde su creación como municipio. Al lado de Yeza, todos, de Altieri a Elizalde, fueron señores”.

*Por Daniel Olivera, especial para NA.