El caso Adorni avanza sobre el eslabón clave: quién compró, refaccionó y vendió el depto de Caballito

★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni llegó este miércoles a uno de sus momentos más esperados: la declaración testimonial de Pablo Martín Feijoo, el hombre que distintos testigos identificaron como el nexo central de toda la operación inmobiliaria que puso en la mira judicial al funcionario del gobierno de Javier Milei. Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos jubiladas que aparecen como vendedoras del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y fue citado a comparecer a partir de las 9 de la mañana en el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.

La investigación tramita en el juzgado federal del juez Ariel Lijo y el requerimiento al testigo fue preciso: presentarse con su teléfono celular y con los comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad antes de su venta a Adorni. No es un detalle menor; el inmueble fue objeto de una refacción integral antes de concretarse la escritura, y la Justicia quiere determinar quién costeó esas obras y con qué dinero.

El hombre que lo armó todo

Feijoo no es un actor secundario en la causa. Según declaraciones recogidas bajo juramento por la fiscalía, fue él quien pagó la seña de la primera operación, cuando el departamento todavía pertenecía al exfutbolista Hugo Morales; quien negoció el precio a la baja junto a una arquitecta; y quien gestionó las refacciones integrales que transformaron el inmueble de un estado deteriorado a uno «impecable y listo para habitar», según describieron testigos ante la Justicia.

La martillera Natalia Rucci, titular de la inmobiliaria que intervino en esa primera venta, declaró días atrás que Feijoo llegó a avisarle que ya tenía comprador cuando ella intentó participar de la reventa. El chat en el que habría dicho «ya tengo un comprador» forma parte del expediente judicial. Feijoo y su socio, Leandro Miano (hijastro de la otra jubilada, Claudia Sbabo), se presentaron ante la inmobiliaria como dedicados al denominado flipping, es decir, la compra, refacción y reventa de propiedades.

Una operación que no cierra

La secuencia de la transacción concentra buena parte de las sospechas judiciales. Las jubiladas Viegas y Sbabo adquirieron el departamento en mayo de 2025 por aproximadamente 200.000 dólares; pagaron además una comisión del 4% a la inmobiliaria y financiaron obras de refacción integral. Meses después, vendieron la propiedad a Adorni por 230.000 dólares, pero con una condición que agudiza los interrogantes: el jefe de Gabinete pagó solo 30.000 dólares al contado y quedó debiendo los 200.000 restantes mediante una hipoteca sin intereses, con vencimiento en noviembre de 2026.

La pregunta que la fiscalía intenta responder es concreta: ¿cómo se explica la rentabilidad de ese negocio si se suman los costos de compra, la comisión y las obras? Rucci, bajo juramento, fue categórica al respecto: el inmueble refaccionado podría haberse vendido en 345.000 dólares. La operación con Adorni se cerró por un precio muy inferior y con financiación total sin cargo de intereses.

Las jubiladas dijeron no saber nada

Las propias vendedoras sembraron más preguntas que respuestas cuando declararon la semana pasada ante el fiscal Pollicita. Tanto Viegas como Sbabo sostuvieron desconocer los detalles de la operación y señalaron que quienes manejaron todo fueron sus hijos, Feijoo y Miano. Las dos mujeres perciben jubilaciones de aproximadamente 350.000 pesos mensuales. Sbabo declaró haber financiado su parte con ahorros de una operación inmobiliaria anterior; Viegas dijo disponer de 115.000 dólares propios para invertir.

Como informó este medio en coberturas anteriores, la escribana Adriana Nechevenko también fue testigo clave en la causa. Bajo juramento, afirmó conocer a Adorni desde hace más de 25 años e indicó que fue ella quien articuló el préstamo hipotecario de 100.000 dólares que el funcionario tomó sobre un departamento en Parque Chacabuco; dinero que ese mismo día se utilizó para escriturar una casa en el country privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Nechevenko generó un episodio que la fiscalía tomó nota: no llevó su teléfono celular a la declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto.

El patrimonio bajo la lupa

La causa no se limita a la operación de Caballito. Según reconstruyó la fiscalía, Adorni adquirió el departamento de la calle Miró y la casa en Indio Cuá sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía en Parque Chacabuco y La Plata. El juez Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio formado por Adorni y su esposa Bettina Angeletti, así como el de seis mujeres identificadas como presuntas prestamistas o acreedoras en distintas operaciones: Silvia Pais, Norma Zuccolo, las jubiladas Viegas y Sbabo, y la ex comisaria de la Policía Federal Graciela Molina junto a su hija Victoria Cancio, quienes confirmaron ante la Justicia que Adorni les debe aún 70.000 dólares más intereses por el préstamo que facilitó la compra en Indio Cuá.

El fiscal también puso el foco en los viajes. Pollicita citó para el 4 de mayo al representante legal de la agencia Optar, que facturó pasajes de Adorni, en el marco del análisis de los gastos en dólares que el jefe de Gabinete realizó desde 2023 y que la Justicia intenta contrastar con sus ingresos como funcionario público.

Puntos clave

• Pablo Martín Feijoo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, declaró este miércoles ante el fiscal Pollicita; testigos lo señalaron como el organizador de toda la operación inmobiliaria.
• La fiscalía le exigió presentarse con su celular y los comprobantes de los gastos de refacción del departamento de Caballito, vendido a Adorni por 230.000 dólares con 200.000 financiados sin intereses.
• La martillera Natalia Rucci declaró que el inmueble, luego de ser refaccionado, podría haberse vendido en 345.000 dólares.
• Las jubiladas vendedoras dijeron desconocer los detalles de la transacción y atribuyeron la gestión a sus hijos.
• El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y seis mujeres vinculadas a las operaciones.