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Judiciales ⚖️

El nexo de Adorni declara en Comodoro Py: quién es el hombre que armó la operación del depto

Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas vendedoras y señalado como el verdadero organizador de la compraventa, prestó declaración este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La Justicia le exigió presentarse con su celular y los comprobantes de los gastos de refacción del inmueble.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El caso Adorni avanza sobre el eslabón clave: quién compró, refaccionó y vendió el depto de Caballito

★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni llegó este miércoles a uno de sus momentos más esperados: la declaración testimonial de Pablo Martín Feijoo, el hombre que distintos testigos identificaron como el nexo central de toda la operación inmobiliaria que puso en la mira judicial al funcionario del gobierno de Javier Milei. Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos jubiladas que aparecen como vendedoras del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y fue citado a comparecer a partir de las 9 de la mañana en el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.

La investigación tramita en el juzgado federal del juez Ariel Lijo y el requerimiento al testigo fue preciso: presentarse con su teléfono celular y con los comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad antes de su venta a Adorni. No es un detalle menor; el inmueble fue objeto de una refacción integral antes de concretarse la escritura, y la Justicia quiere determinar quién costeó esas obras y con qué dinero.

El hombre que lo armó todo

Feijoo no es un actor secundario en la causa. Según declaraciones recogidas bajo juramento por la fiscalía, fue él quien pagó la seña de la primera operación, cuando el departamento todavía pertenecía al exfutbolista Hugo Morales; quien negoció el precio a la baja junto a una arquitecta; y quien gestionó las refacciones integrales que transformaron el inmueble de un estado deteriorado a uno «impecable y listo para habitar», según describieron testigos ante la Justicia.

La martillera Natalia Rucci, titular de la inmobiliaria que intervino en esa primera venta, declaró días atrás que Feijoo llegó a avisarle que ya tenía comprador cuando ella intentó participar de la reventa. El chat en el que habría dicho «ya tengo un comprador» forma parte del expediente judicial. Feijoo y su socio, Leandro Miano (hijastro de la otra jubilada, Claudia Sbabo), se presentaron ante la inmobiliaria como dedicados al denominado flipping, es decir, la compra, refacción y reventa de propiedades.

Una operación que no cierra

La secuencia de la transacción concentra buena parte de las sospechas judiciales. Las jubiladas Viegas y Sbabo adquirieron el departamento en mayo de 2025 por aproximadamente 200.000 dólares; pagaron además una comisión del 4% a la inmobiliaria y financiaron obras de refacción integral. Meses después, vendieron la propiedad a Adorni por 230.000 dólares, pero con una condición que agudiza los interrogantes: el jefe de Gabinete pagó solo 30.000 dólares al contado y quedó debiendo los 200.000 restantes mediante una hipoteca sin intereses, con vencimiento en noviembre de 2026.

La pregunta que la fiscalía intenta responder es concreta: ¿cómo se explica la rentabilidad de ese negocio si se suman los costos de compra, la comisión y las obras? Rucci, bajo juramento, fue categórica al respecto: el inmueble refaccionado podría haberse vendido en 345.000 dólares. La operación con Adorni se cerró por un precio muy inferior y con financiación total sin cargo de intereses.

Las jubiladas dijeron no saber nada

Las propias vendedoras sembraron más preguntas que respuestas cuando declararon la semana pasada ante el fiscal Pollicita. Tanto Viegas como Sbabo sostuvieron desconocer los detalles de la operación y señalaron que quienes manejaron todo fueron sus hijos, Feijoo y Miano. Las dos mujeres perciben jubilaciones de aproximadamente 350.000 pesos mensuales. Sbabo declaró haber financiado su parte con ahorros de una operación inmobiliaria anterior; Viegas dijo disponer de 115.000 dólares propios para invertir.

Como informó este medio en coberturas anteriores, la escribana Adriana Nechevenko también fue testigo clave en la causa. Bajo juramento, afirmó conocer a Adorni desde hace más de 25 años e indicó que fue ella quien articuló el préstamo hipotecario de 100.000 dólares que el funcionario tomó sobre un departamento en Parque Chacabuco; dinero que ese mismo día se utilizó para escriturar una casa en el country privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Nechevenko generó un episodio que la fiscalía tomó nota: no llevó su teléfono celular a la declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto.

El patrimonio bajo la lupa

La causa no se limita a la operación de Caballito. Según reconstruyó la fiscalía, Adorni adquirió el departamento de la calle Miró y la casa en Indio Cuá sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía en Parque Chacabuco y La Plata. El juez Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio formado por Adorni y su esposa Bettina Angeletti, así como el de seis mujeres identificadas como presuntas prestamistas o acreedoras en distintas operaciones: Silvia Pais, Norma Zuccolo, las jubiladas Viegas y Sbabo, y la ex comisaria de la Policía Federal Graciela Molina junto a su hija Victoria Cancio, quienes confirmaron ante la Justicia que Adorni les debe aún 70.000 dólares más intereses por el préstamo que facilitó la compra en Indio Cuá.

El fiscal también puso el foco en los viajes. Pollicita citó para el 4 de mayo al representante legal de la agencia Optar, que facturó pasajes de Adorni, en el marco del análisis de los gastos en dólares que el jefe de Gabinete realizó desde 2023 y que la Justicia intenta contrastar con sus ingresos como funcionario público.

Puntos clave

  • Pablo Martín Feijoo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, declaró este miércoles ante el fiscal Pollicita; testigos lo señalaron como el organizador de toda la operación inmobiliaria.
  • La fiscalía le exigió presentarse con su celular y los comprobantes de los gastos de refacción del departamento de Caballito, vendido a Adorni por 230.000 dólares con 200.000 financiados sin intereses.
  • La martillera Natalia Rucci declaró que el inmueble, luego de ser refaccionado, podría haberse vendido en 345.000 dólares.
  • Las jubiladas vendedoras dijeron desconocer los detalles de la transacción y atribuyeron la gestión a sus hijos.
  • El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y seis mujeres vinculadas a las operaciones.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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