El artículo 39 del Presupuesto 2027, impulsado por el ministro de Salud Mario Lugones, elimina el nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad que regía de forma igualitaria para el Estado nacional, las obras sociales, las prepagas, el PAMI y el programa Incluir Salud. En su reemplazo, el texto habilita que cada jurisdicción fije sus propios aranceles, con un mero «piso mínimo prestacional» como único denominador común. Para los prestadores del sector, transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación quedan sujetos a lo que trimestralmente determine la Secretaría Nacional de Discapacidad, o en su defecto el IPC: una fórmula que, en la práctica, federaliza la desigualdad.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, admitió en diálogo con el programa Esta mañana de Radio Rivadavia que desconocía la incorporación de esos artículos al proyecto enviado por la Casa Rosada. «A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz», reconoció la senadora, quien explicó que el oficialismo había acordado con el PRO y la UCR trabajar en una propuesta «superadora» a la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad que impulsa la oposición. La irrupción del Presupuesto con cambios no avisados rompió ese acuerdo y dejó a la propia Bullrich en una posición incómoda frente a sus interlocutores parlamentarios.

El doble estándar de gobernar sin avisar

La frase de Bullrich condensa la disfunción que atraviesa a la coalición gobernante: «Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como una tonta por no saber el proyecto del gobierno o quedás como que los engañás». La declaración puso en evidencia que el gobierno de Milei diseña política presupuestaria sin consultar a sus propios aliados legislativos, algo que en el Congreso se vivió como una afrenta.

La situación se repitió incluso entre los propios legisladores libertarios: en la reunión de la comisión de discapacidad de la Cámara de Diputados quedó al descubierto que muchos de ellos tampoco conocían el contenido del artículo 39, pese a que días antes habían asistido a Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Fuentes del oficialismo parlamentario reconocieron la descoordinación: «Se venía trabajando hace cuatro meses, no es congruente con la estrategia parlamentaria», señalaron, y aclararon que continuarán buscando consensos al margen de lo enviado por el Ejecutivo.

La oposición exige retirar el capítulo y el sector llora en el Congreso

Desde los bloques opositores la reacción fue inmediata. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria y autor del proyecto de prórroga de la ley de emergencia, advirtió que el Presupuesto propone «desmantelar el sistema de derechos a personas con discapacidad a nivel nacional» y exigió que se retire el capítulo conflictivo. La fecha límite para la firma del dictamen, establecida en el cronograma votado en el recinto, es el 23 de septiembre.

El momento más duro de la reunión informativa lo protagonizó Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, quien entre lágrimas describió la situación del sector: «El programa Incluir Salud está pagando a más de 120 días en las provincias, así nadie puede sostener una prestación». Kriskovich fue contundente respecto al artículo en cuestión: «Lo que quieren hacer en el presupuesto, hacer desaparecer el nomenclador, es federalizar la desigualdad». Y cerró con una frase que sintetiza la desesperación de miles de familias: «Detrás de cada expediente frenado, detrás de cada atraso en los pagos de prestaciones, detrás de cada artículo malicioso y discriminatorio hay un proyecto de vida que se apaga».

El fantasma del Presupuesto 2026 y la estrategia de Milei

El malestar dentro del oficialismo también tiene historia reciente. En diciembre de 2025, durante el debate del Presupuesto vigente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto pero no pudo sostener el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario; ambas habían sido promulgadas luego de que el Congreso dejara sin efecto los vetos del Poder Ejecutivo. La derrota parlamentaria de ese artículo fue uno de los golpes más duros para el oficialismo en el recinto, y ahora el gobierno reincide con una estrategia similar aunque en un capítulo diferente del mismo Presupuesto.

La libertaria Silvana Giudice intentó bajarle el tono al episodio: «Este bloque mantiene la disposición para lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes». Sin embargo, las palabras de Bullrich van en sentido contrario: la senadora dejó abierta la posibilidad de esperar el texto que finalmente envíe Diputados antes de pronunciarse sobre los cambios en discapacidad, lo que revela que el PRO no está dispuesto a convalidar automáticamente lo que el Ejecutivo le enviará al Senado.

Lo que tenés que saber

• El artículo 39 del Presupuesto 2027 elimina el nomenclador único de prestaciones para personas con discapacidad y habilita aranceles diferenciados por jurisdicción.
• Patricia Bullrich reconoció públicamente que desconocía los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto, pese a integrar la mesa política del oficialismo.
• Legisladores de La Libertad Avanza tampoco estaban al tanto del contenido del artículo, lo que expone una grave descoordinación entre el Ejecutivo y su propio bloque parlamentario.
• La oposición exige retirar el capítulo y mantiene la posición de prorrogar la ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
• El sector de prestadores denuncia pagos con más de 120 días de atraso en varias provincias y advierte que el nuevo esquema presupuestario federalizaría la desigualdad en el acceso a las prestaciones.