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★ La gestión de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano enfrenta un nuevo y contundente revés judicial. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó ante el juez federal Sebastián Casanello un informe de casi 40 páginas que expone serias irregularidades en la gestión, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a comedores populares.

El dictamen, que tramita con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, advierte que resulta imposible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el ministerio, ni determinar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales. El análisis se realizó en el marco del cumplimiento de una medida cautelar que había ordenado informar el stock, su origen administrativo y presentar un plan de distribución inmediato.

6.700 millones de pesos sin destino verificable

Uno de los ejes centrales del informe se concentra en la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas. Estos productos debían ser entregados en galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán.

En ese proceso, la PIA detectó retrasos, entregas incompletas y falta de documentación por parte de varios proveedores. En algunos casos, no pudo comprobarse si la mercadería que figuraba como «entregada» había ingresado efectivamente a los depósitos. El informe es contundente al señalar que «no es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación», y remarca además la ausencia de facturas y constancias de pago que acrediten la cancelación de las compras.

Remitos sin firma y alimentos sin destinatarios identificables

Para la Procuraduría, la falencia más grave está vinculada a la etapa de distribución. Coincidiendo con lo planteado por Juan Grabois, quien actúa como querellante en la causa, el informe indica que la mayoría de los remitos de salida carecen de firma de los destinatarios, lo que impide verificar quiénes recibieron los alimentos. «Está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios», señala el documento.

Además, los remitos no detallan marcas, números de lote ni pesos específicos, lo que imposibilita vincular los productos entregados con los alimentos efectivamente comprados. Para la PIA, esta situación «obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico».

Ausencia total de procedimientos formales

El informe concluye con una fuerte crítica a la ausencia de normas y procedimientos formales para la distribución de alimentos. En distintas presentaciones ante el juez y la fiscal, la ministra Sandra Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas escritas que definan el mecanismo de reparto, y que las decisiones dependían de la «definición política de la autoridad», un criterio que ahora quedó bajo la lupa judicial.

Esta admisión resulta particularmente grave en un contexto de emergencia alimentaria, donde la transparencia y el control de los recursos públicos destinados a sectores vulnerables debería ser una prioridad ineludible del Estado.

Antecedentes de denuncias por alimentos retenidos

En marzo pasado, Grabois amplió la denuncia contra Pettovello. En su cuenta de X posteó fotos de «útiles arruinándose y más comida por pudrirse en los galpones del Gobierno. Miren lo que está pasando en el mismo depósito dónde Pettovello dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato».

El caso se inscribe en una serie de cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de Capital Humano desde el inicio de la gestión libertaria, vinculados al recorte de programas sociales, la demora en la distribución de alimentos y la falta de respuestas concretas ante la crisis alimentaria que atraviesa buena parte de la población argentina.

Puntos clave:

• La PIA presentó un informe de casi 40 páginas que detecta graves irregularidades en la gestión de alimentos de Capital Humano

• Más de 6.700 millones de pesos fueron destinados a través de la OEI para comprar aceite y lentejas sin trazabilidad completa verificable

• Los remitos de distribución carecen de firma de destinatarios, lo que impide saber quiénes recibieron los alimentos

• Pettovello admitió ante la Justicia que no existen procedimientos formales ni manuales escritos para la distribución

• La causa tramita ante el juez Casanello con intervención de la fiscal Ochoa y la querella de Juan Grabois