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Judiciales ⚖️

Pettovello en la mira: la Justicia detectó irregularidades en Capital Humano por 6.700 millones en alimentos

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un informe demoledor ante el juez Casanello que revela fallas sistemáticas en la gestión del Ministerio de Pettovello: miles de toneladas de alimentos sin trazabilidad, remitos sin firma y ausencia total de procedimientos formales de distribución.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La gestión de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano enfrenta un nuevo y contundente revés judicial. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó ante el juez federal Sebastián Casanello un informe de casi 40 páginas que expone serias irregularidades en la gestión, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a comedores populares.

El dictamen, que tramita con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, advierte que resulta imposible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el ministerio, ni determinar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales. El análisis se realizó en el marco del cumplimiento de una medida cautelar que había ordenado informar el stock, su origen administrativo y presentar un plan de distribución inmediato.

6.700 millones de pesos sin destino verificable

Uno de los ejes centrales del informe se concentra en la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas. Estos productos debían ser entregados en galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán.

En ese proceso, la PIA detectó retrasos, entregas incompletas y falta de documentación por parte de varios proveedores. En algunos casos, no pudo comprobarse si la mercadería que figuraba como «entregada» había ingresado efectivamente a los depósitos. El informe es contundente al señalar que «no es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación», y remarca además la ausencia de facturas y constancias de pago que acrediten la cancelación de las compras.

Remitos sin firma y alimentos sin destinatarios identificables

Para la Procuraduría, la falencia más grave está vinculada a la etapa de distribución. Coincidiendo con lo planteado por Juan Grabois, quien actúa como querellante en la causa, el informe indica que la mayoría de los remitos de salida carecen de firma de los destinatarios, lo que impide verificar quiénes recibieron los alimentos. «Está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios», señala el documento.

Además, los remitos no detallan marcas, números de lote ni pesos específicos, lo que imposibilita vincular los productos entregados con los alimentos efectivamente comprados. Para la PIA, esta situación «obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico».

Ausencia total de procedimientos formales

El informe concluye con una fuerte crítica a la ausencia de normas y procedimientos formales para la distribución de alimentos. En distintas presentaciones ante el juez y la fiscal, la ministra Sandra Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas escritas que definan el mecanismo de reparto, y que las decisiones dependían de la «definición política de la autoridad», un criterio que ahora quedó bajo la lupa judicial.

Esta admisión resulta particularmente grave en un contexto de emergencia alimentaria, donde la transparencia y el control de los recursos públicos destinados a sectores vulnerables debería ser una prioridad ineludible del Estado.

Antecedentes de denuncias por alimentos retenidos

En marzo pasado, Grabois amplió la denuncia contra Pettovello. En su cuenta de X posteó fotos de «útiles arruinándose y más comida por pudrirse en los galpones del Gobierno. Miren lo que está pasando en el mismo depósito dónde Pettovello dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato».

El caso se inscribe en una serie de cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de Capital Humano desde el inicio de la gestión libertaria, vinculados al recorte de programas sociales, la demora en la distribución de alimentos y la falta de respuestas concretas ante la crisis alimentaria que atraviesa buena parte de la población argentina.

Puntos clave:

• La PIA presentó un informe de casi 40 páginas que detecta graves irregularidades en la gestión de alimentos de Capital Humano

• Más de 6.700 millones de pesos fueron destinados a través de la OEI para comprar aceite y lentejas sin trazabilidad completa verificable

• Los remitos de distribución carecen de firma de destinatarios, lo que impide saber quiénes recibieron los alimentos

• Pettovello admitió ante la Justicia que no existen procedimientos formales ni manuales escritos para la distribución

• La causa tramita ante el juez Casanello con intervención de la fiscal Ochoa y la querella de Juan Grabois

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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