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Denuncia

El oro del Banco Central: mentiras, contradicciones y US$ 1.000 millones que nadie puede explicar

Senadores peronistas ampliaron la denuncia penal contra Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili por el destino de las reservas de oro del BCRA. El titular del Banco Central contradijo sus propias declaraciones ante el Congreso y la Auditoría General de la Nación desmintió las versiones oficiales sobre los controles realizados.

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El Argentino Diario-Caputo-Oro.
US$ 1.000 millones del oro del Banco Central sin rastro: la denuncia que pone en jaque a Milei, Caputo y Bausili.

Más de 840.000 dólares en lingotes de oro cuyo paradero el Gobierno primero se negó a revelar, luego confesó en el Senado y cuya veracidad ahora está en duda: esa es la síntesis de una causa que avanza en la justicia federal y que los senadores peronistas decidieron profundizar con una ampliación de denuncia que apunta directamente al corazón del esquema financiero del gobierno de Javier Milei.

Las senadoras y senadores Juliana Di Tullio, Martín Soria y Florencia López presentaron una ampliación de la denuncia penal iniciada en abril de 2026 contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. Los delitos imputados son abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

La confesión que abrió la caja de Pandora

El detonante de esta nueva presentación fue la declaración de Bausili ante el Senado de la Nación, donde el titular del BCRA reveló que el oro del Banco Central fue trasladado y depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) con sede en Suiza, y que «es donde siguen estando». La información, sin embargo, no hizo más que profundizar las dudas.

Para los senadores, esa revelación encierra una «doble contradicción» que la justicia debe investigar. En primer lugar, durante meses Bausili se había negado sistemáticamente a divulgar información sobre el destino de las reservas, argumentando razones de seguridad. «Corresponde determinar por qué decidió revelar públicamente una ubicación concreta de los activos y bajo qué documentación respaldatoria efectuó esa afirmación», sostuvieron en la ampliación de la denuncia. En segundo lugar, y más grave aún, los senadores afirman que Bausili «mintió descaradamente»: según su presentación, el oro no estaría en Suiza sino en el Bank of England, con sede en Londres.

«Estas contradicciones no pueden resultar menores ni pueden ser consideradas una cuestión meramente circunstancial», remarcaron en el escrito judicial.

La AGN desmiente al Gobierno

El argumento más sólido de la ampliación llega desde un organismo de control del propio Estado nacional. Di Tullio y Soria incorporaron a la denuncia un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que contradice las versiones oficiales sobre las auditorías realizadas a los movimientos de las reservas. Según ese informe, el ejercicio de 2025 no había sido aprobado al momento de la presentación, y el análisis sobre la trazabilidad de los activos no pudo completarse por demoras del propio Banco Central para enviar la información solicitada.

Esa circunstancia tiene un peso institucional que los senadores no tardaron en señalar. «Esta circunstancia reviste una gravedad institucional manifiesta, y deberá investigarse si el ‘por qué’ de esa mentira no se encuentra íntimamente relacionado con los delitos que aquí se le endilgan», argumentaron en la presentación judicial.

US$ 1.000 millones sin justificación

El tercer eje de la ampliación apunta a una cifra que, por sí sola, alcanza para calificar el asunto como un escándalo de primera magnitud: los senadores solicitan que se investigue la posible pérdida de hasta 1.000 millones de dólares en operaciones realizadas con parte de las reservas de oro que el Gobierno trasladó al exterior.

La combinación de contradicciones en las declaraciones oficiales, la falta de auditorías completadas y la magnitud de las cifras involucradas configura un cuadro que la oposición peronista califica como inexplicable para cualquier gestión responsable de los activos públicos. La presentación inicial, recordaron los senadores, data de abril de 2026 y ya acumula una serie de inconsistencias que se fueron sumando con el correr de las semanas.

La causa tramita en el fuero federal, y la ampliación presentada busca que la justicia trace una línea entre las versiones contradictorias de Bausili, el incumplimiento de los plazos de auditoría y el eventual perjuicio económico al patrimonio del Estado argentino.

Lo que tenés que saber

  • Los senadores Juliana Di Tullio, Martín Soria y Florencia López ampliaron una denuncia penal contra Milei, Caputo y Bausili por el destino del oro del Banco Central.
  • Santiago Bausili reveló ante el Senado que el oro está en el BIS de Suiza, contradiciendo su negativa previa a informar sobre las reservas; los denunciantes afirman que en realidad se encontraría en el Bank of England, en Londres.
  • La Auditoría General de la Nación desmintió las versiones del Gobierno: el ejercicio 2025 no fue aprobado y el análisis de trazabilidad no pudo realizarse por demoras del propio BCRA.
  • La denuncia pide que se investigue una posible pérdida de hasta US$ 1.000 millones en operaciones con reservas de oro trasladadas al exterior.
  • Los delitos imputados son abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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