La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de cuatro diputados nacionales que cambiaron su voto y apoyaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La sanción recayó sobre Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación llevado a cabo por un tribunal de ética partidario.

Sin embargo, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentará contener a los sancionados dentro del bloque. “Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron fuentes de la conducción partidaria.

Votación y sanciones

La votación en la mesa directiva de la Convención Nacional resultó en 10 votos a favor de la sanción y 2 en contra. Los únicos que votaron en contra fueron los representantes de Mendoza y Misiones, que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo y Oscar Herrera Ahuad, respectivamente. La medida disciplinaria fue impulsada por Gastón Manes y Hernán Rossi, líderes de la Convención Nacional.

Pese a que en total fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto impulsado por la UCR y otros bloques, solo cuatro fueron suspendidos. Federico Tournier quedó excluido de la sanción al ser considerado un «extrapartidario», dado su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés de Corrientes.

Más casos investigados

Otros dos diputados, Roxana Reyes de Santa Cruz y Gerardo Cipolini de Chaco, serán investigados por el Tribunal de Ética. Ambos se ausentaron durante la votación, después de argumentar a favor de la postura del Gobierno. Sin embargo, a diferencia de los cuatro que votaron en contra del proyecto del radicalismo, no fueron suspendidos preventivamente del partido.

Reacciones y controversias

La decisión generó fuertes críticas dentro del radicalismo. Un influyente diputado de la UCR declaró: “No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”.

Por su parte, la diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, lanzó críticas contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión. “Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, manifestó la mendocina.

Un caso ignorado: Pedro Galimberti

El caso del entrerriano Pedro Galimberti quedó fuera de las sanciones, a pesar de que su renuncia generó sospechas. Galimberti renunció a su banca de diputado nacional días antes de la votación sobre la ley jubilatoria, luego de recibir una oferta del gobernador Rogelio Frigerio para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, un cargo con una remuneración en dólares superior a la dieta como legislador.

Su renuncia perjudicó a la oposición, ya que su reemplazante, Nancy Ballejos, juró como diputada al comienzo de la sesión y votó a favor del Gobierno. «Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto», señalaron desde sectores críticos. La presunción de un sector de la oposición es que pudo haber existido una «transacción non sancta» en favor del Gobierno.