★ Al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro centró su discurso en el eje de la seguridad y lanzó un contundente mensaje político respecto del reciente conflicto policial que incluyó protestas, cortes de tránsito y quema de cubiertas en Rosario y la capital santafesina.

Frente a la Asamblea Legislativa, y por primera vez un 15 de febrero (tras la reforma constitucional del año pasado), el mandatario santafesino reconoció que «desde un principio los entendimos como justos» en referencia a los pedidos de los uniformados, y detalló que el Ejecutivo adoptó medidas para «mejorar las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad que vamos a profundizar».

La acusación sin nombres

Sin embargo, Pullaro fue tajante al apuntar contra las facciones que, según su visión, intentaron capitalizar el conflicto en las calles: «Quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar privilegios«. En ese sentido, lanzó una fuerte advertencia: «No lo consiguieron ni lo van a conseguir porque los santafesinos ya decidimos no dar un solo paso atrás».

El gobernador no identificó a qué sectores políticos, gremiales o institucionales se refería con la acusación de intentar «volver al pasado oscuro», ni tampoco precisó qué «privilegios» supuestamente buscaban recuperar quienes apoyaron o participaron de las protestas policiales.

La ambigüedad del mensaje permite múltiples lecturas: podría referirse a sectores de la oposición política, a dirigentes gremiales policiales, a ex funcionarios de seguridad de gestiones anteriores o incluso a sectores internos de la policía santafesina vinculados a los casos de corrupción que el propio gobierno denunció durante la protesta.

Del castigo al reconocimiento, y ahora la teoría conspirativa

El discurso de Pullaro completa un giro narrativo en tres actos sobre el mismo conflicto:

Primer acto (lunes 10 de febrero): el ministro Pablo Cococcioni acusó a los manifestantes de «acciones violentas», «abandono de servicio» y vínculos con sectores «vinculados a delitos de corrupción gravísimos». Anunció que 20 policías serían pasados a disponibilidad.

Segundo acto (miércoles 12 de febrero): Pullaro reconoció que el reclamo fue «justo y genuino» y anunció un aumento del 50% en los salarios policiales, elevando el sueldo mínimo de $960.000 a $1.438.835.

Tercer acto (sábado 15 de febrero): en la apertura de sesiones legislativas, el gobernador mantiene el reconocimiento del reclamo como «justo» pero introduce una nueva variable: la existencia de sectores que «quisieron usar» ese reclamo para «volver al pasado oscuro» y «recuperar privilegios».

Esta teoría conspirativa le permite a Pullaro mantener su imagen de «gobernador que escucha» (reconociendo el reclamo salarial) mientras simultáneamente refuerza su perfil de «mano dura» (denunciando intentos de desestabilización).

Los números de la seguridad según Pullaro

Para respaldar su política de seguridad y demostrar el apoyo a la labor policial, el gobernador enumeró los recursos inyectados en la institución desde que «se hizo cargo» de una situación que calificó como «extremadamente crítica»:

• Se incorporaron 2.000 nuevos efectivos a las calles.

• Se concretó la compra de 2.500 móviles policiales.

• Se amplió la red de videovigilancia con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la capital, apoyadas por el sistema «Lince» de inteligencia artificial para la investigación criminal.

«No hay seguridad en la calle si no hay control en las cárceles«, sumó el gobernador, justificando además la inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.

Como balance de este método de gestión, Pullaro destacó el desplome de la violencia urbana al precisar que a esta altura del 2023 se registraban 65 homicidios, mientras que en lo que va de este año se contabilizan solo 15.

Además, resaltó la demolición de 106 búnkeres de venta de droga.

El mensaje político de fondo

«No vinimos a convivir con el delito. No vinimos a pactar. No vinimos a mirar para otro lado«, sentenció el mandatario, asegurando que desde «la autoridad democrática sin titubeos«, Santa Fe le está enviando un mensaje a toda la Argentina.

La frase «no vinimos a pactar» tiene un doble destinatario: por un lado, refuerza el mensaje de mano dura contra el crimen organizado y el narcotráfico que devastaron Rosario durante años. Por otro, puede leerse como una advertencia a sectores internos de la policía que históricamente mantuvieron vínculos con el delito.

Durante la gestión anterior del Frente Progresista, la policía santafesina protagonizó múltiples escándalos de corrupción, incluido el caso de Alejandro Druetta (jefe de Inteligencia de la policía de Drogas, condenado a 10 años de prisión por regular redes de narcotráfico) y los hermanos Rey (empleados del narco Esteban Alvarado), todos ascendidos o mantenidos en sus cargos durante la gestión en que Pullaro fue ministro de Seguridad (2015-2019).

El gobernador busca diferenciarse de esa gestión presentándose como el líder que «no pacta» con el delito, aunque su propia historia política lo vincula directamente con esa etapa.

La reforma constitucional y el nuevo calendario político

La apertura de sesiones legislativas el 15 de febrero (en lugar de la tradicional fecha de marzo) responde a la reforma constitucional aprobada el año pasado, que adelantó el inicio del período legislativo.

Este cambio en el calendario político permite al gobierno provincial presentar su agenda legislativa con mayor antelación y extender el tiempo de debate parlamentario, en un contexto donde Pullaro cuenta con mayorías propias tanto en Diputados como en Senadores gracias a la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe (UCR, PRO, Partido Socialista y partidos menores).

Puntos clave:

• Pullaro reconoció el reclamo policial como «justo» pero acusó a sectores de intentar «volver al pasado oscuro de Santa Fe»

• El gobernador no identificó a quiénes acusa ni precisó qué considera el «pasado oscuro» ni qué «privilegios» buscaban recuperar

• Destacó la baja de homicidios de 65 (2023) a 15 (2026) en lo que va del año y la demolición de 106 búnkeres

• Anunció la inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria y la incorporación de 2.000 nuevos efectivos

• La apertura de sesiones el 15 de febrero responde a la reforma constitucional que adelantó el inicio del período legislativo ★