El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula $ 1,4 billones recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que, por ley, tienen asignación específica para el mantenimiento y la mejora del sistema vial nacional. No los ejecutó. En su lugar, el Gobierno avanza en la privatización de los principales corredores del país para que las empresas concesionarias los reparen con nuevos peajes: los mismos ciudadanos que ya pagaron a través del impuesto al combustible volverán a pagar cuando pasen por las barreras. Un doble cobro que viola la ley, deteriora la infraestructura y entrega el control de la red vial nacional al sector privado.

La ley que Caputo ignora

El ICL tiene una afectación específica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra pública vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desvío no es una omisión administrativa: es una política deliberada que consolida el superávit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.

Cuando se lo consultó por esta situación, el vocero presidencial Adrián Ravier no cuestionó la retención sino que la justificó: sostuvo que «el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas». La declaración equivale a reconocer que el Gobierno optó por reemplazar la inversión pública garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventarán a través de peajes.

15.000 kilómetros privatizados, o en proceso

El esquema ya está en marcha. Fueron licitados 9.000 kilómetros de corredores considerados estratégicos por donde circula el 80% del tránsito del país. Otros 6.000 kilómetros están en proceso de licitación. La infraestructura deteriorada por tres años de desinversión pública se entregará al sector privado para que la restaure y cobre por ese servicio a los mismos ciudadanos que financiaron su mantenimiento con el impuesto al combustible.

El costo económico de la decisión es contundente. De acuerdo con cálculos privados, mantener un kilómetro de ruta anualmente cuesta entre 15.000 y 40.000 dólares. Reconstruirlo, en cambio, puede llegar a 3,5 millones de dólares. El deterioro acumulado en estos tres años de abandono multiplica exponencialmente la factura final, que ahora trasladará al sector privado concesionario y, en última instancia, a los usuarios.

La denuncia penal y las voces legislativas

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente a Caputo, junto al director de Vialidad Nacional y al titular del Banco Nación, ante el Juzgado Federal 2 de La Plata. Los cargos son malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa se suma a la acumulación de antecedentes judiciales que rodean la gestión del ministro de Economía.

La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, fue más lejos en su caracterización. Afirmó públicamente que el Gobierno utilizó los fondos del impuesto al combustible para distribuir entre gobernadores aliados a cambio de votos en el Congreso, canalizando esos pagos a través del Banco Nación. «Por ley esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. Los repartió a los que les votaban las leyes usando como cajero al Banco Nación», acusó Pagano en sus redes sociales.

En la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, la legisladora nacional Marina Salzmann recordó que presentó un pedido de informe sobre la utilización del ICL que aún no tuvo tratamiento, y que junto a otros diputados impulsó una petición de interpelación pública al ministro Caputo para que explique el destino de los recursos ante el conjunto de los argentinos, no solo ante el bloque.

Camiones volcados, rutas abandonadas, intendentes desesperados

El impacto territorial es concreto y cotidiano. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, advirtió que la desinversión afecta directamente a la actividad económica del país: «Acabamos de tener no menos de 4 mil camiones frenados en las altas cumbres en Mendoza por problemas de falta de mantenimiento. Condena a la Argentina a no tener un sistema de conectividad que necesitamos. Está poniendo en riesgo cosas que funcionan bien como Vaca Muerta», señaló. Katopodis estimó que entre 800 y mil camiones diarios trasladan arena desde Entre Ríos para abastecer las operaciones de Vaca Muerta por rutas en «absoluto abandono».

La situación no es exclusiva de las rutas patagónicas o de acceso a los yacimientos. El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, declaró que en sus 55 años jamás vio la ruta 228 «en el estado lamentable en el que se encuentra hoy». Señaló además que la Ruta 3 «se va deteriorando año tras año» y que los puntos donde más accidentes se registran en su municipio son precisamente los cruces de rutas nacionales. El municipio llegó a ofrecerse para hacer tareas de bacheo por cuenta propia, pero Vialidad Nacional aún no le dio la autorización para avanzar.

La legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti sintetizó el absurdo del esquema con datos precisos: según su estimación a partir de la recaudación del ICL, en la provincia de Buenos Aires se podrían haber construido 6.720 kilómetros de rutas nuevas, cuando el territorio bonaerense tiene 4.672 kilómetros de rutas nacionales. «Milei y Caputo ponen en riesgo la vida de la gente para mantener el espejismo fiscal del Gobierno», sostuvo. El dinero estaba disponible. La decisión de no usarlo fue política.

Un esquema que penaliza el desarrollo productivo

Las consecuencias de la desinversión trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos críticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retención del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura común para sostener un superávit que la propia deuda externa hace insostenible.

Puntos clave

• Caputo acumula $ 1,4 billones del impuesto a los combustibles con asignación legal específica para rutas y no los ejecuta en obra pública.
• El Gobierno licitó 9.000 km de corredores estratégicos y tiene otros 6.000 km en proceso: los usuarios pagarán peajes por rutas que ya financiaron con impuestos.
• Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal por malversación de fondos ante el Juzgado Federal 2 de La Plata contra Caputo, el director de Vialidad Nacional y el titular del Banco Nación.
• Reconstruir un kilómetro de ruta puede costar hasta 3,5 millones de dólares; mantenerlo cuesta entre 15.000 y 40.000 dólares anuales.
• El deterioro vial afecta directamente a Vaca Muerta, a la logística nacional y a la seguridad vial en todo el país.