Política 📢
“Todo queda en familia”: repudio en redes por el contrato entre Cancillería y la esposa de Sturzenegger
Miles de usuarios cuestionaron en X la adjudicación de $114 millones a la asociación que dirige María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación. Las críticas apuntaron contra el discurso oficial sobre la «casta» y pusieron en duda la necesidad de la capacitación.
★ La adjudicación de un contrato por $114.044.133 por parte de la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, generó un fuerte rechazo en la red social X durante las últimas horas.
Miles de usuarios cuestionaron la contratación, que fue tramitada mediante Adjudicación Simple por Especialidad y en la que la AACI resultó ser el único oferente. El monto adjudicado equivale a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual y está destinado a capacitación en idioma inglés para 132 agentes del Servicio Exterior.
Críticas al discurso contra la «casta»
Varios usuarios pusieron en discusión el mensaje del Gobierno contra la denominada «casta». «Contrato sin licitación. Todo queda en familia…», escribió una usuaria en X, mientras otro comentario sostuvo que «el recorte parece ser solo para los demás».
Las reacciones apuntaron contra la contradicción entre el discurso oficial sobre la austeridad y la adjudicación a una entidad vinculada al entorno del Gabinete. El caso tomó relevancia pública luego de que medios periodísticos revelaran que el vínculo familiar entre el ministro y la directora de la AACI activó controles de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, aunque esto no impidió que la contratación se concretara.
Ironías sobre el «mercado» y el ajuste
También varias respuestas fueron con un tono de ironía. «La mano invisible del mercado opera de modos asombrosos», expresó un usuario, mientras otro afirmó que «parece que el ajuste no alcanza a todos por igual». En esa línea, se repitieron expresiones que cuestionaron el uso de recursos públicos y el criterio aplicado en la adjudicación.
El intercambio acumuló miles de comentarios en X, con réplicas que señalaron la paradoja de un Gobierno que cuestiona públicamente el gasto estatal mientras adjudica contratos millonarios a entidades vinculadas a sus propios funcionarios.
Cuestionamientos a la necesidad del contrato
Otro eje presente en la discusión fue el sentido mismo de la contratación. Varios usuarios pusieron en duda la necesidad de capacitar en idioma inglés a empleados del Servicio Exterior. «¿No deberían ingresar ya con altos niveles de inglés?», preguntó una cuenta, mientras otras recordaron los requisitos de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), que exigen formación universitaria y conocimientos previos de idiomas.
El pliego aprobado por Cancillería contempla cursos de nivel Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate, además de talleres especializados para personal diplomático en niveles B2 y C1. Sin embargo, el cuestionamiento público se enfocó en si esa capacitación debería ser necesaria para funcionarios que ya pasaron por los exámenes de ingreso del ISEN.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, ni el ministro Federico Sturzenegger ni autoridades de Cancillería emitieron declaraciones públicas sobre la contratación. Varios medios periodísticos los contactaron para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la adjudicación, pero al cierre de esta nota no hubo contestación oficial.
La AACI también había recibido otro contrato de Cancillería en 2024 por $55.388.180, según consta en el sistema oficial COMPR.AR, aunque en ese caso no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible.
El debate en redes sociales continuaba este domingo, con usuarios que compararon el caso con otras situaciones de conflicto de interés y exigieron explicaciones por parte del Gobierno.
Puntos clave
- Miles de usuarios cuestionaron en X la adjudicación de $114 millones a la AACI, dirigida por la esposa de Sturzenegger.
- Las críticas apuntaron contra la contradicción entre el discurso oficial sobre la «casta» y la contratación.
- Varios usuarios pusieron en duda la necesidad de capacitar en inglés a personal del Servicio Exterior.
- El intercambio acumuló miles de comentarios en la red social.
- Ni Sturzenegger ni Cancillería respondieron a las consultas periodísticas sobre el caso. ★
Educación
Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos
CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.
El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.
El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto
Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.
Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.
El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.
Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial
El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.
La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.
Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.
La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples
De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.
Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.
Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.
Universidades advierten por la salida de investigadores
La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.
Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.
El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.
Los gremios podrían profundizar las medidas
El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.
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