Desregulación
Transacción turbia: Cancillería entregó más de $114 millones a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger
Lejos de la supuesta transparencia que predica el Gobierno libertario, el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato millonario para capacitaciones en inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación. El vínculo familiar activó controles anticorrupción, sin embargo, la contratación se concretó igual.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalente a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para capacitación en idioma inglés de su personal. La beneficiaria es la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La contratación, formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE el 14 de febrero de 2026, se tramitó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y tiene una duración de nueve meses con opción de prórroga.
Un vínculo declarado que no frenó el contrato
Según consta en los documentos oficiales del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE, publicados en el sistema COMPR.AR, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un «vínculo positivo» entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) incorporó un dictamen en el expediente que identificó el vínculo como «familiar (matrimonio)» entre Sturzenegger y Rouillet. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020, según registros públicos de la entidad.
Debido a este vínculo, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el decreto mencionado, con intervención de la OA y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como «mecanismo adicional de transparencia», se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada, documento que fue posteriormente comunicado a la Oficina Anticorrupción.
Sin embargo, la existencia del vínculo familiar y los controles aplicados no impidieron que la adjudicación se concretara. Cancillería consideró cumplido el procedimiento con la firma del pacto y dio por habilitado el contrato para su ejecución.
La propuesta la preparó la esposa del ministro
Según consta en la documentación oficial, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores fue preparada por Josefina Rouillet, en su carácter de directora ejecutiva de la asociación.
El área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación a los organismos de control y recomendó la adopción del pacto de integridad, un acuerdo formal y obligatorio diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en contrataciones públicas.
Única oferta para 132 agentes por nueve meses
El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el «único prestador» capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.
Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.
El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total, talleres para personal diplomático del ISEN en niveles B2 y C1 con 22 participantes, y hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.
La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.
El servicio incluye plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como provisión de bibliografía 2026 con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.
Un antecedente sin pacto publicado
El portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio.
A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga en el sistema oficial, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.
Adelanto del 40% y pagos escalonados
El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.
Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros al inicio del ciclo lectivo 2026.
Silencio oficial ante la consulta
En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.
El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.
Tanto el ministro Federico Sturzenegger como autoridades de Cancillería fueron contactados por diversos medios para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la contratación, pero al cierre de esta nota no hubo contestación oficial.
Puntos clave
- Cancillería adjudicó $114 millones a la AACI, dirigida por la esposa del ministro Sturzenegger, para capacitaciones en inglés.
- El vínculo familiar activó controles de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, que derivaron en un Pacto de Integridad.
- La AACI fue el único oferente en la licitación y ya había recibido otro contrato similar en 2024 por $55 millones.
- La propuesta adjudicada fue preparada por María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la entidad y esposa del ministro.
- Ni Sturzenegger ni Cancillería respondieron a consultas sobre la contratación. ★
Desregulación
La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA
En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.
El derrumbe, sector por sector
El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).
Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos
Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.
El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización
Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).
La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA
El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.
En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.
Un Estado que se repliega
El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.
Puntos clave
- El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
- El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
- ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
- Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
- La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
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