Desregulación
Transacción turbia: Cancillería entregó más de $114 millones a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger
Lejos de la supuesta transparencia que predica el Gobierno libertario, el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato millonario para capacitaciones en inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación. El vínculo familiar activó controles anticorrupción, sin embargo, la contratación se concretó igual.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalente a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para capacitación en idioma inglés de su personal. La beneficiaria es la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La contratación, formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE el 14 de febrero de 2026, se tramitó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y tiene una duración de nueve meses con opción de prórroga.
Un vínculo declarado que no frenó el contrato
Según consta en los documentos oficiales del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE, publicados en el sistema COMPR.AR, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un «vínculo positivo» entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) incorporó un dictamen en el expediente que identificó el vínculo como «familiar (matrimonio)» entre Sturzenegger y Rouillet. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020, según registros públicos de la entidad.
Debido a este vínculo, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el decreto mencionado, con intervención de la OA y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como «mecanismo adicional de transparencia», se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada, documento que fue posteriormente comunicado a la Oficina Anticorrupción.
Sin embargo, la existencia del vínculo familiar y los controles aplicados no impidieron que la adjudicación se concretara. Cancillería consideró cumplido el procedimiento con la firma del pacto y dio por habilitado el contrato para su ejecución.
La propuesta la preparó la esposa del ministro
Según consta en la documentación oficial, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores fue preparada por Josefina Rouillet, en su carácter de directora ejecutiva de la asociación.
El área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación a los organismos de control y recomendó la adopción del pacto de integridad, un acuerdo formal y obligatorio diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en contrataciones públicas.
Única oferta para 132 agentes por nueve meses
El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el «único prestador» capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.
Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.
El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total, talleres para personal diplomático del ISEN en niveles B2 y C1 con 22 participantes, y hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.
La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.
El servicio incluye plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como provisión de bibliografía 2026 con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.
Un antecedente sin pacto publicado
El portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio.
A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga en el sistema oficial, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.
Adelanto del 40% y pagos escalonados
El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.
Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros al inicio del ciclo lectivo 2026.
Silencio oficial ante la consulta
En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.
El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.
Tanto el ministro Federico Sturzenegger como autoridades de Cancillería fueron contactados por diversos medios para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la contratación, pero al cierre de esta nota no hubo contestación oficial.
Puntos clave
- Cancillería adjudicó $114 millones a la AACI, dirigida por la esposa del ministro Sturzenegger, para capacitaciones en inglés.
- El vínculo familiar activó controles de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, que derivaron en un Pacto de Integridad.
- La AACI fue el único oferente en la licitación y ya había recibido otro contrato similar en 2024 por $55 millones.
- La propuesta adjudicada fue preparada por María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la entidad y esposa del ministro.
- Ni Sturzenegger ni Cancillería respondieron a consultas sobre la contratación. ★
Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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