Una deuda de 840.000 dólares que no puede justificar, refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar, viajes familiares financiados con recursos públicos: mientras el Estado argentino obliga a sus empleados a someterse a exámenes preocupacionales para ingresar a trabajar, nadie controló si el hombre que encabeza esa administración está en condiciones de hacerlo. Eso, según el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, es una contradicción que ya no puede sostenerse.

Aguiar formalizó el reclamo a través de su cuenta verificada en la red social X, donde planteó que el gremio pedirá que Javier Milei sea sometido a un examen médico psicofísico para determinar si se encuentra «apto para ejercer tan alta función». El secretario general de ATE argumentó que la salud del presidente «no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo» y consideró «inaceptable» que se exija ese requisito a los trabajadores públicos pero no a quien los dirige.

«Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir»

El dirigente gremial fue explícito respecto de sus motivos. Sin rodeos, sostuvo que «los desequilibrios del presidente son muy evidentes» y que no hace falta ser profesional de la medicina para advertirlos. En su publicación, Aguiar aclaró que la iniciativa no busca acceder a información médica privada ni a datos sensibles: «solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función». Y advirtió que, si no lo fuera, «las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos».

La asimetría que denuncia Aguiar tiene base normativa concreta: los agentes del Estado nacional deben acreditar aptitud psicofísica al momento del ingreso, un requisito contemplado en el régimen de empleo público. Sin embargo, no existe en la legislación argentina ninguna disposición equivalente para los cargos electivos, incluyendo la presidencia de la Nación. «Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda», sintetizó el sindicalista.

Una propuesta legislativa para el futuro

Más allá del caso concreto de Milei, Aguiar anunció que ATE impulsará una iniciativa legal para que los exámenes psicofísicos sean obligatorios para todos los cargos electivos a partir de 2027. «Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar», advirtió, y concluyó: «No nos puede volver a pasar».

El planteo no es una novedad absoluta en el debate político argentino. La cuestión de la salud presidencial ya había emergido con fuerza el pasado 30 de julio, cuando la propia vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en su cuenta de X que le preocupaba «profundamente» que el presidente replicara «insensateces e inventos». «Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», escribió Villarruel en una declaración que generó un impacto político de primera magnitud, por tratarse de la compañera de fórmula del propio mandatario.

Un gobierno bajo sospecha en múltiples frentes

El reclamo de ATE se inscribe en un escenario de acumulación de cuestionamientos institucionales y judiciales que rodean a la gestión libertaria. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares; su esposa es investigada por el uso del avión presidencial para viajes privados; y la causa $Libra involucra a funcionarios del entorno presidencial en presuntas irregularidades financieras. En ese contexto, el pedido gremial de controlar la aptitud del propio presidente adquiere una dimensión que trasciende lo sindical y se instala en el corazón del debate sobre la gobernabilidad del país.

La pregunta que dejó planteada Aguiar no es menor: si el Estado puede y debe controlar a sus empleados, ¿por qué no puede controlar a quien los conduce?

Lo que tenés que saber

• ATE anunció que pedirá un examen psicofísico para determinar si Javier Milei está apto para ejercer la presidencia.
• El secretario general Rodolfo Aguiar argumentó que la salud presidencial no es privada cuando afecta la capacidad de gobernar.
• El gremio impulsará una iniciativa legislativa para que los exámenes sean obligatorios para todos los cargos electivos desde 2027.
• La vicepresidenta Victoria Villarruel ya había expresado en julio su «genuina preocupación» por el estado del presidente.
• El reclamo se produce en un contexto de múltiples causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno de Milei.