La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años vuelve a estar en plena vigencia en la provincia de Buenos Aires. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense, poniendo fin, al menos por ahora, a la semana de mayor tensión judicial y política que generó la norma desde su entrada en vigor.

Los jueces Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi, integrantes de la Sala I, hicieron lugar a la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, y declararon «inadmisible» la suspensión de una ley nacional mediante una medida cautelar de hábeas corpus. La resolución revocó el fallo dictado el 7 de septiembre por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, que había paralizado la implementación del régimen en toda la provincia argumentando que las condiciones de detención no estaban garantizadas.

La causa y el fallo que lo desencadenó todo

La Ley 27.801, sancionada por el Congreso Nacional el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, reduciendo la edad de imputabilidad desde los 16 años. La norma entró en vigencia tras el plazo de 180 días previsto en su texto, y el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación nacional.

Apenas dos días después de la entrada en vigor, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el padre José María Di Paola, impulsó un hábeas corpus preventivo colectivo (expediente 40881-HC) en defensa de los adolescentes privados de libertad. La jueza Pascual lo admitió y, el 7 de septiembre, dictó la suspensión preventiva de la ley por 60 días en todo el territorio bonaerense. Su argumento central fue que la provincia no contaba con la infraestructura, los recursos institucionales ni el personal profesional necesarios para absorber el incremento de detenidos que supondría la nueva norma, sin declarar su inconstitucionalidad sino advirtiendo sobre los riesgos de su aplicación inmediata. En ese marco, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre en la que funcionarios provinciales de Seguridad, Justicia y Niñez debían presentar el plan de implementación.

La apelación del fiscal y el fallo de la Cámara

El fiscal Ceruti cuestionó la resolución en diez puntos concretos. Su argumento central fue que el hábeas corpus fue usado para paralizar una norma nacional sin que se acreditara un daño concreto sobre adolescentes reales e individualizados, lo que, a su entender, equivalía a invadir atribuciones del Poder Legislativo. Calificó la medida de Pascual como un «gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad» y solicitó que la apelación se concediera con efecto suspensivo, es decir, que la ley volviera a regir de inmediato mientras la Cámara analizaba el recurso.

La Sala I acogió ese planteo y declaró inadmisible el instrumento utilizado. Suspender una ley mediante una cautelar dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo, sin un caso concreto de afectación de derechos, resultó el límite que la Cámara no estuvo dispuesta a convalidar. La decisión reactiva la norma en la provincia y deja sin efecto la audiencia convocada por Pascual para mañana miércoles.

El contexto: infraestructura, DDHH y una disputa que no cierra

El fallo de la Cámara no resuelve el fondo del problema que la jueza Pascual puso sobre la mesa. El Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad de Lomas de Zamora, uno de los establecimientos de referencia del sistema, carga con un historial documentado de hacinamiento y vulneraciones: en 2015, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria había registrado allí aislamientos prolongados, escolaridad reducida y deterioro edilicio severo, llegando a pedir su cierre. En 2023 un motín de siete horas en ese mismo establecimiento dejó dos trabajadores lesionados. Cuando Pascual dictó su medida, la Justicia ya había limitado el cupo de ese centro a 60 adolescentes por las condiciones deficitarias. La pregunta que el fallo de la Cámara no responde es si un sistema que no da abasto con los adolescentes que ya tiene puede recibir más.

Mientras tanto, el debate político no esperó a ninguna resolución judicial. Tres pedidos de juicio político contra la jueza Pascual fueron presentados en el Senado bonaerense por supuesto «mal desempeño»: los impulsaron el diputado provincial Manuel Passaglia, el senador Guillermo Montenegro y el abogado Alfredo Drocchi. Paralelamente, otra jueza de la provincia, Mirta Guarino, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, ya había resuelto que la cautelar de Pascual no podía tener alcance más allá de su propio departamento judicial, acotando su efecto territorial antes de que la Cámara actuara.

La jueza Pascual, por su parte, había salido a defenderse en los medios. «Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad», sostuvo en declaraciones radiales, aclarando que no se oponía a la reducción de la imputabilidad sino a su implementación sin condiciones mínimas garantizadas.

Lo que tenés que saber

• La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora revocó el habeas corpus que suspendía la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
• Los jueces declararon «inadmisible» frenar una ley nacional mediante una cautelar de hábeas corpus sin un caso concreto de afectación de derechos.
• La Ley 27.801 baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad e incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años.
• La jueza Marta Pascual había dictado la suspensión el 7 de septiembre argumentando que la provincia no tenía infraestructura ni recursos para aplicar la norma.
• La decisión se produce en medio de tres pedidos de juicio político contra Pascual y denuncias sobre el estado crítico de los centros de detención juvenil bonaerenses.