Este 12 de octubre de 2026, los 40 pueblos indígenas que habitan el territorio argentino conmemoran una fecha que el Estado nacional insiste en llamar «Día de la Raza«, revirtiendo el nombre establecido por el Decreto 1584/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner.

El cambio semántico no es un detalle menor: es el resumen simbólico de una política que, en el plano concreto, derogó la ley de emergencia territorial, votó en soledad contra los derechos indígenas ante la ONU e impulsó la apertura de las tierras ancestrales al capital extranjero.

El decreto que denominó el feriado como «Día de la Raza» en el calendario oficial de 2026 no modificó la condición de feriado ni su fecha, pero sí reinstauró una terminología que, durante décadas, celebró la llegada de Cristóbal Colón como un «inicio de la civilización». Las comunicaciones del gobierno de Javier Milei en 2024 fueron en ese sentido explícitas: en las redes oficiales se reivindicó la fecha como la conmemoración de «un hito que marcó el inicio del progreso y la civilización en América», en abierta tensión con la mirada histórica de organizaciones de derechos humanos, académicos y las propias comunidades originarias.

La ley que frenó los desalojos y que Milei derogó

El trasfondo detrás del debate por el nombre del feriado es mucho más denso. El 10 de diciembre de 2024, en el primer aniversario de su asunción, Milei derogó mediante el Decreto 1083/2024 la Ley 26.160, la norma de emergencia territorial que desde 2006 suspendía los desalojos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales y ordenaba al Estado realizar un relevamiento catastral de los territorios ocupados.

La ley, que había sido prorrogada por cuatro administraciones consecutivas (Fernández de Kirchner, Macri, Alberto Fernández y el propio período transicional), fue eliminada sin consulta a los pueblos afectados, en violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina tiene ratificado.

La desaparición de la Ley 26.160 no dejó sin efecto todas las protecciones legales, pero eliminó la herramienta más efectiva que existía para frenar los desalojos judiciales. Según datos del propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al momento de la derogación el relevamiento territorial aún no había sido completado para el 47% de las comunidades inscriptas, precisamente las más vulnerables a la presión de terratenientes privados y de proyectos extractivos.

En paralelo, el INAI disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI.) en octubre de 2024, mediante la Resolución 53/2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó nota: en su 144° período de sesiones, una audiencia pública sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina recibió el testimonio de que «se siguen produciendo desalojos, incluso ordenados por el Poder Judicial en contra de la ley 26.160», y que «no existe una norma de ninguna jerarquía que regule procedimientos de consulta y participación». En la audiencia no hubo representantes del INAI.

El voto solitario que expuso al país ante el mundo

El 11 de noviembre de 2024, en la primera votación de la Asamblea General de la ONU bajo la conducción del canciller Gerardo Werthein, Argentina se convirtió en el único de los 168 países presentes en votar en contra de una resolución que promueve los derechos de los pueblos indígenas.

La resolución, impulsada por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela, instaba a los Estados a garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades en decisiones sobre sus territorios y recursos, proteger sus culturas, lenguas y cosmovisiones, y ampliar el acceso a la justicia. La apoyaron incluso Estados Unidos y la mayoría del bloque europeo. Solo siete países se abstuvieron. Argentina fue el único voto en contra.

El rechazo de Argentina ante la ONU no fue un error de procedimiento ni una abstención: fue un posicionamiento político deliberado que la convirtió en el único Estado del planeta en oponerse formalmente a la protección internacional de los derechos indígenas. El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) y el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA) repudiaron la decisión en un comunicado conjunto: «Repudiamos y alertamos sobre esta decisión del Gobierno nacional, que vuelve a atentar contra los derechos de los pueblos indígenas».

La ley de tierras: un intento que tambalea pero no cede

En julio de 2026, el gobierno impulsó en el Senado la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», un proyecto redactado por el ministro Federico Sturzenegger que buscaba eliminar los topes legales a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. La ley vigente (26.737) fija en el 15% el máximo de tierra rural en manos foráneas. El proyecto libertario proponía eliminarlo. Organizaciones indígenas, gremiales y ambientales, junto con la CGT y las CTA, convocaron a movilizaciones masivas al Congreso. Patricia Bullrich, al frente del bloque de LLA en el Senado, no logró reunir los votos y debió pedir sucesivos cuartos intermedios.

En agosto, tras negociaciones que derivaron en el retiro del capítulo más polémico (la extranjerización), el Senado avanzó con una versión acotada que fija el tope en el 25%. Bullrich reconoció públicamente que la votación podía resolverse «por un voto». Para comunidades como las del pueblo Quom, Coya y Mocoví, que presentaron un amparo colectivo ante la Justicia en Rosario, la discusión va más allá de porcentajes: «Este proyecto busca expulsarnos de nuestras tierras; es una invasión más que estamos sufriendo porque no se están respetando nuestras leyes, nuestras luchas y nuestros derechos», declararon ante los medios locales.

Un feriado, dos lecturas de la historia

La mayoría de los países de América Latina adoptó denominaciones que priorizan la perspectiva de los pueblos originarios: en México se celebra el Día de la Nación Pluricultural, en Perú el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, en Bolivia el Día de la Descolonización y en Uruguay el Día de la Diversidad Cultural. España mantiene el nombre «Día de la Hispanidad». La Argentina de Milei, en ese mapa, decidió alinearse con la terminología colonial.

La Cámara de Diputados de la Nación también tomó nota del giro: en 2026, legisladores opositores presentaron ante el recinto un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo utilizar la denominación oficial establecida por el Decreto 1584/2010, señalando que «no respetar la denominación ‘Día del Respeto a la Diversidad Cultural’ significa desconocer la pluralidad étnica y cultural de los pueblos que habitaron y habitan la República Argentina» y que el cambio de nombre «repudia la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de referirse al 12 de octubre como ‘Día de la Raza'».

Hay en Argentina 40 pueblos indígenas y más de 1.700 comunidades. Son sujetos de derechos reconocidos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ese reconocimiento constitucional no puede ser derogado por decreto, aunque sí puede ser vaciado de contenido si se eliminan las herramientas que lo hacen efectivo. Eso, precisamente, es lo que el gobierno de Milei lleva adelante desde diciembre de 2023.