El Gobierno de Javier Milei avanzó este jueves en una medida polémica, inédita, arbitraria e ilegal: quitarle la jubilación a la dos veces ex presidenta, ex vicepresidenta y ex senadora, Cristina Fernández de Kirchner, como así también la pensión, derivada de su rol como primera dama, viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y aseguró que responde a “una orden directa de Milei”. El recorte, según indicó, generará un “ahorro de 21.827.624 pesos” para el Estado, aunque es evidente el trasfondo político de la medida, por lo arbitraria e ilegal, ya que no existe un argumento válido para implementarla.

El vocero describió la acción como una “restitución del sentido común en la administración pública”, ya que, según argumentó, el beneficio que percibía la ex mandataria debía eliminarse “si quien lo recibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos”. Sin embargo, omitió mencionar que la condena en la Causa Vialidad aún no está firme y que la Constitución Argentina impide aplicar sanciones adicionales antes de la resolución final de un juicio.

La contradicción entre los argumentos y legalidad de la medida

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado justificando la decisión en que los beneficios otorgados por la Ley 24.018 a expresidentes y exvicepresidentes “no tienen carácter contributivo” y se basan en la “gracia, honor y mérito” del cargo. En el mismo documento, se argumentó que la sentencia por administración fraudulenta afecta esos criterios, haciendo “inadmisible” que Cristina Fernández siga recibiendo la asignación.

La comunicación del gobierno señala que no se trata de una “sanción accesoria a la condena penal”, sino de una decisión motivada por la “indignidad” de la ex presidenta. Este razonamiento genera suspicacias, especialmente cuando se considera que no existe un fallo judicial firme que impida a Fernández de Kirchner recibir su pensión y jubilación. Adorni justificó la medida señalando que la condena afecta el “honor” requerido para el beneficio. Pero quedó en evidencia la arbitrariedad de la decisión, considerando que cualquier cambio debería realizarse dentro del marco de la ley y no mediante un decreto ejecutivo.

Impacto social y precedentes peligrosos

En sus declaraciones, el vocero Adorni explicó que la eliminación de estos privilegios responde a la necesidad de “recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”. Para el gobierno, la decisión representa un acto de coherencia y ejemplaridad ante la sociedad, aunque se trata de una violación flagrante al Estado de Derecho que conlleva el riesgo de que se convierta en un precedente arbitrario y sea utilizado con fines políticos.

Diversas voces de la oposición y del ámbito jurídico manifestaron su preocupación, ya que “la medida es ilegal, arbitraria y políticamente motivada”, además de tratarse de una acción que representa un ataque directo contra los derechos adquiridos por todos los ex mandatarios y cualquier gobierno podría valerse de su posición para someter a quienes considera sus adversarios políticos.

Por otro lado, expertos en derecho constitucional consultados destacan que la jubilación de un ex mandatario es un derecho derivado del servicio público, al margen de cualquier causa penal que aún no esté ratificada por la Corte Suprema. La falta de una sentencia firme convierte el recorte en una medida que podría vulnerar derechos constitucionales, además de profundizar la grieta política.

Próximos pasos

Desde el entorno de Cristina adelantaron que la ex presidenta recurrirá a la vía judicial para proteger sus derechos. La batalla judicial, en este sentido, parece ser inevitable y promete extender la disputa a la esfera pública y jurídica.