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Arrancó en Bariloche la octava “Marcha por la Soberanía del Lago Escondido”

La principal consigna de esta edición de la marcha es “no a la derogación de la ley de tierras”. “Quieren vender grandes extensiones de tierra con permisos de desmonte y a bajo costo. Siguen extranjerizando a la Argentina y lo tenemos que evitar”, denunció uno de los organizadores.

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Julio César Urien, titular de Fipca (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua) y organizador de las marchas a Lago Escondido.

La octava edición de la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, iniciada este miércoles en Bariloche, “cobra más sentido que nunca” tras el intento de derogación de la Ley de Tierras incluido en el DNU 70/2023, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y llamó a evitar que se siga “extranjerizando a la Argentina”.

“La principal consigna de esta marcha es ‘no a la derogación de la ley de tierras’. Quieren vender grandes extensiones de tierra con permisos de desmonte y a bajo costo. Siguen extranjerizando a la Argentina y lo tenemos que evitar”, denunció Aguiar.

Tras el rechazo a la denominada Ley Ómnibus, “que fue también una derrota para (el magnate británico Joseph) Lewis y sus planes expansionistas, todavía queda el DNU (70/2023). Lo tenemos que derrotar, porque si ese DNU entra en plena vigencia, la Argentina se va a llenar de Lewis”, agregó el dirigente.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas iniciaron esta mañana una nueva marcha hacia el Lago Escondido, un espejo de agua ubicado en el sur de la provincia de Río Negro pero cuyo acceso está prohibido de hecho porque allí se emplaza una mansión del multimillonario británico.

Un nutrido grupo de manifestantes partió desde las esquinas de Moreno y Onelli, en el centro barilochense, y caminó hasta el Centro Cívico, en la continuidad de una marcha en «defensa de la soberanía nacional» que se realiza desde 2016.

Luego, una porción de esos manifestantes se dirigió hacia el paraje El Foyel para más tarde emprender por el Camino de Tacuifí el último tramo a Lago Escondido.

“Cobra más sentido que nunca esta octava marcha al lago escondido, porque se hace justo cuando nuestro país atraviesa un momento crucial”, remarcó Aguiar, y denunció que “por el voto popular llega al gobierno una fuerza política que en solo semanas ha multiplicado la inflación y la pobreza, y que pretende arrasar con todos los derechos”.

“Esta marcha le da continuidad a la lucha en defensa de la soberanía frente a un magnate inglés que se acaba de declarar culpable en Estados Unidos por haber cometido varios delitos, los mismos hechos que realiza acá de manera impune desde hace décadas”, continuó.

Según el titular de ATE, Lewis “afuera es un delincuente y acá lo tratan como un señor”, por lo que “nunca lo van a poner en el banquillo de los acusados los mismos jueces y fiscales que toman whisky con él”.

“Ya se mostró que esa mansión que está en el lago escondido es un apéndice más del gobierno nacional: por allí desfilan grandes empresarios, dirigentes políticos, desfilan jueces y fiscales. Allí se define política, ahí dentro se planifica el ajuste, se organiza la impunidad. Hasta aquí tuvieron impunidad institucional. Nosotros vamos a marchar para que no tengan impunidad social”, remató el dirigente.

Por su parte, el referente rionegrino de Somos Barrios de Pie, Mateo Canosa, denunció que “la compra de la tierra de Lago Escondido es una compra fraudulenta porque es tierra de frontera”, y aseguró que por este motivo la marcha también es “en defensa de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial”.

“No se trata de ‘Lewis sí o Lewis no’, sino que se trata de nuestra soberanía”, manifestó Canosa.

Entre las organizaciones que se manifestaron estuvieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la CTA Autónoma, el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) integrante de la UTEP; el sindicato docente UnTER y de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

El pasado 5 de febrero, un grupo de unas 30 personas -denominada columna Juana Azurduy- de distintas organizaciones había emprendido la marcha desde Mailín Ahogado (Río Negro) por el trayecto más largo y complejo para acceder al lago, pero debieron regresar el domingo por las malas condiciones del camino.

Ayer, pocas horas antes del inicio de la marcha, ATE denunció que en barrios de El Bolsón y alrededores de El Foyel se reclutan patotas dispuestas a agredir a quienes intentarán por el camino de Tacuifí llegar al lago “apropiado por el empresario inglés Joe Lewis”.

A través de un comunicado, el sindicato relevó “gran cantidad de amenazas en redes sociales contra los integrantes de la movilización, y responsabilizó al Gobierno nacional y provincial por cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir mientras los caminantes ejercen pacíficamente el derecho de acceder de manera libre a la costa del lago”.

El año pasado, la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido finalizó con graves incidentes entre quienes protestaban y empleados de la estancia de Lewis, quienes atacaron a manifestantes y periodistas montados a caballo, a rebencazos y piedrazos.

En esa ocasión, nueve manifestantes y una fotoperiodista de la agencia Télam, Alejandra Bartoliche, fueron retenidos durante horas y agredidos por peones rurales que respondían al magnate británico Joe Lewis. La agresión denunciada por las organizaciones ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, prohibido para el tránsito público desde hace años.

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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