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Joseph Farrell, periodista y embajador de WikiLeaks: “Sin el derecho a saber, no hay democracia”

Tras reunirse con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los referentes del sitio de Julian Assange dialogaron con El Argentino.

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Al finalizar el conversatorio con Kristinn Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks, en la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, ubicada en Solís 1158, ayer por la tarde; El Argentino conversó con Joseph Farrell, quien manifestó: “Julian (Assange) no tenía miedo de publicar la verdad aunque se puso en riesgo a sí mismo, a su vida. Tuvo un coraje muy grande y tuvo éxito en hacerlo”.

Foto: Matías Cervilla

-¿Cuál es la situación actual de Assange y en qué instancia política están?

-Estamos en una situación que si llega a avanzar amenaza contra todo el periodismo, o sea, Julian no es de los Estados Unidos, no publicó su información ahí. Es australiano, estaba publicando en el Reino Unido y Europa y lo que está haciendo Estados Unidos es atacar a un periodista por haber hecho su trabajo como periodista. Lo que ha hecho es publicar la verdad. No es un crimen publicar la verdad. Si esto sigue, la gente no va a publicar cosas por el miedo que tendrá, no habrá derecho a la información y sin el derecho a saber, no hay democracia.

-¿Por qué hay tanto ensañamiento con WikiLeaks y en particular contra Assange cuando han habido otros medios, como New York Times, que han publicado lo mismo?

– Es lo que el Gobierno de Obama decía, lo llamaban el problema del New York Times: si perseguimos a Julian y vamos contra WikiLeaks también tenemos que hacerlo contra el New York Times porque publicaron una misma cosa, en el mismo día. Julian no tenían miedo de publicar la verdad, aunque se puso en riesgo a sí mismo, a su vida. Tuvo un coraje muy grande y tuvo éxito en hacerlo. El impacto era fenomenal por todo el mundo y así es como trabajamos en WikiLeaks. Uno de los compromisos que le damos a las fuentes es tener el impacto máximo, porque las fuentes ya han arriesgado su vida y su futuro y su carrera en darnos la información; así que tenemos que devolver la misma dignidad y asegurar que sea visto lo que quieren que sea visto. Si la información es importante, tiene interés público o histórico o ha sido alguna vez censurado; esas son las guías entre las cuales trabajamos. Van por Julian porque quieren mandar un mensaje: “Si tú haces cosas así, eso es lo que te va a pasar”. Pero la verdad salva.

-¿Cómo defenderías tu práctica periodística, la de Julian y la de WikiLeaks?

-Lo que hacemos es, en teoría, lo que deben hacer todos los periodistas: publicar la verdad. Lo que hacemos en WikiLeaks lo llamamos “periodismo científico” así que tenemos editoriales que puedes leer. Si no estás de acuerdo en lo que hemos dicho, tú puedes leer todos los documentos que forman la base del artículo. Eso es periodismo: publicar la verdad para enseñar, para añadir a la historia del mundo. Si hoy vienen por Julian, mañana vienen por vos.

Assange, WikiLeaks y la criminalización del periodismo

Foto: Matías Cervilla

En un auditorio colmado de referentes de organismos de DDHH, periodistas, comunicadores, académicos y organizaciones sindicales se llevó a cabo el conversatorio titulado: “Assange, WikiLeaks y la criminalización del periodismo”.

Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) expresó: “Assange está detenido por garantizar el derecho a la información y para nosotros y nosotras como sindicato de prensa es fundamental participar de la campaña por su liberación. Debemos democratizar las comunicaciones”.

En esta línea, Diego de Charras, Vicedecano de la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA, dijo que “el imperialismo en el manejo de la información sigue existiendo y no se puede obviar, atenta contra el derecho a la información de los pueblos”.

Y agregó: “Cuando hablamos de lawfare, de la articulación del poder judicial, la clase económica, las empresas y las derechas, el poder de los medios se ha tornado central. Luchamos contra ese poder concentrado, se trata de democratizar la información y también el trabajo periodístico. Lo que está en discusión es si la información es del capital concentrado o de los pueblos. Debemos luchar para que sea de los pueblos. Acompañamos el pedido de libertad a Julian Assange”.

La Coordinadora regional de la Federación Internacional de Periodistas, Paula Cejas destacó que “Julian es miembro de la organización y su situación impacta en el mundo. La persecución de Assange por parte del gobierno de Estados Unidos atenta contra el derecho a la población a conocer los crímenes de guerra cometidos por ese país”.

Al mismo tiempo, profundizó diciendo que “si lo extraditan sienta un precedente tremendo. En todo el mundo el poder sabrá que podrá perseguir a periodistas que ejerzan la libertad de expresión y practiquen el derecho a difundir información”.

Kristinn Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks agradeció la organización y el espacio para transmitir “este mensaje tan importante”.

Lo que está sucediendo con Julián Assange es un atentado contra la libertad de prensa. Es una amenaza a la democracia, a nuestra cultura y me atrevería a decir que hasta a la civilización. Las derechas atacan los principios democráticos y la libertad de expresión”, dijo.

Se nos está acabando el tiempo”, explicó en relación a la decisión del poder judicial en Londres que fue extraditarlo. Hay en curso un pedido de apelación.

Queremos que todos se unan a la lucha porque hay ciertos aspectos que están en peligro. Me ha emocionado el apoyo que hemos recibido de Lula, Petro, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Van a ayudarnos a enviar una señal al gobierno de Biden para que haga lo correcto y se comporten en función de lo que dicen defender. La primera enmienda de la constitución de EEUU habla de la libertad de prensa y expresión. El mensaje que debemos enviarle a Biden tiene que ser el de eliminar todos los cargos y al gobierno británico que no lo extraditen”, remarcó.

Este proceso tiene que acabarse porque es una gran amenaza a la libertad de prensa en todo el mundo y es la criminalizando de la práctica periodística”, expresó.

Recordó que “Obama vio el caso de Julian Assange y decidió que era demasiado peligroso avanzar en la causa porque amenazaba los principios de la primera enmienda”.

“Esto es una amenaza a todos los periodistas en todas partes del mundo. Es un mensaje que dice no develen nuestros secretos y si lo hacen los vamos a perseguir”, concluyó

Legislativo

El Gobierno de Milei insiste: impulsan proyecto que busca recortar pensiones por invalidez

El Ejecutivo envió al Senado el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» para reemplazar la Ley 27.793, que el Congreso ratificó con dos tercios tras el veto presidencial. La iniciativa deroga artículos que garantizaban universalidad en el acceso al beneficio y retrotrae el sistema a las condiciones previas a la Emergencia en Discapacidad.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.

Milei contra los más vulnerables: impulsa proyecto parchado que el Congreso ya rechazó para recortar pensiones

★ El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de ley denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», una iniciativa que propone derogar artículos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y establecer un régimen más restrictivo para el acceso a pensiones no contributivas por invalidez laboral.

La presentación llega en medio de una crisis política generada por la investigación sobre presuntas coimas en la ya eliminada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en un contexto en que la Justicia obligó al propio Ejecutivo a restituir más de 119.000 pensiones que había suspendido de forma irregular.

Un veto que el Congreso rechazó, una ley que la Justicia ordenó aplicar

El historial del oficialismo con la Ley 27.793 sintetiza su relación con los derechos de las personas con discapacidad: Javier Milei vetó la norma, el Congreso la ratificó con dos tercios de los votos en ambas cámaras y, aun así, el Ejecutivo se negó a reglamentarla. Fue necesaria una orden judicial para que la Casa Rosada comenzara a aplicarla parcialmente.

Ahora, en lugar de cumplirla en su totalidad, el gobierno presenta un nuevo proyecto para reemplazarla, repitiendo la estrategia ya utilizada con la Ley de Financiamiento Universitario: abrir un debate legislativo para ganar tiempo y eludir el cumplimiento de una norma vigente.

Según trascendió, el proyecto deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley 27.793, que garantizaban criterios de universalidad en el acceso al beneficio. De aprobarse, el sistema retrotraería las condiciones al período previo a la sanción de la Emergencia, eliminando derechos conquistados por el colectivo de personas con discapacidad.

Reempadronamiento obligatorio con suspensión automática como amenaza

El corazón del proyecto es el reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes no acrediten su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales en los plazos que fije la reglamentación sufrirán, según el texto oficial, «la suspensión y posterior baja del beneficio». La medida afectaría potencialmente al universo de alrededor de un millón de beneficiarios actuales.

Además, el proyecto habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada en cruces de información entre ANSES, ARCA y SINTyS, con derecho a defensa pero con el beneficio ya cortado. La oposición y las organizaciones de discapacidad advirtieron que esta lógica invierte la carga de la prueba: es el beneficiario quien debe demostrar que no cometió irregularidades, mientras el Estado puede suspender sin condena previa.

Incompatibilidad con el empleo formal y desregulación de aranceles

Otro punto que generó rechazo entre organizaciones y bloques opositores es la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal. De aprobarse, una persona con discapacidad no podría acceder a un trabajo registrado sin perder su pensión, lo que implica un retroceso directo en materia de inclusión laboral y contradice el enfoque de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Argentina es signataria.

En materia de prestaciones, el proyecto elimina el nomenclador nacional de aranceles homogéneos y desregula la negociación entre financiadores y prestadores. Según el análisis de El Cronista, esto conduciría en la práctica a reducciones drásticas en la cobertura, ya que los valores quedarán sujetos a acuerdos individuales sin piso mínimo garantizado. Solo en el caso del Estado nacional los valores serían fijados trimestralmente por la SENADIS.

ANDIS cerrada, coimas investigadas y presupuesto que ya prevé el recorte

El proyecto llega en un momento políticamente delicado para el oficialismo. La eliminación de la ANDIS se produjo en el marco de la investigación sobre presuntas coimas en la agencia, que involucra a su exdirector Diego Spagnuolo y que, según versiones periodísticas, llegaría a figuras del entorno presidencial. Al mismo tiempo, el Presupuesto 2026 ya preveía la eliminación de 155.000 pensiones por discapacidad, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), lo que anticipa el objetivo fiscal que subyace a la iniciativa.

La elección de ingresar el proyecto por el Senado no es casual: según diversas fuentes periodísticas, en la Casa Rosada consideran que la mayoría en la Cámara Alta es más manejable que en Diputados. Sin embargo, según consignó Los Andes, el alcance regresivo de la reforma generó malestar incluso entre sectores aliados al oficialismo.

La oposición y el sector advierten sobre un retroceso de derechos

Organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones civiles y bloques opositores coincidieron en que el proyecto desplaza el enfoque de derechos humanos hacia uno de auditoría administrativa. El debate legislativo prometía ser intenso al cierre de esta edición, con el colectivo de discapacidad preparando su defensa y la oposición advirtiendo que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y contradice tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Puntos clave

  • El Ejecutivo envió al Senado el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» para reemplazar la Ley 27.793, que el Congreso ratificó con dos tercios tras el veto presidencial.
  • La iniciativa deroga artículos que garantizaban universalidad en el acceso al beneficio y retrotrae el sistema a las condiciones previas a la Emergencia en Discapacidad.
  • Establece reempadronamiento obligatorio con suspensión automática para quienes no lo cumplan y habilita suspensiones preventivas por inconsistencias en cruces de datos.
  • Fija incompatibilidad absoluta con el empleo formal, lo que impediría a beneficiarios acceder al mercado laboral registrado sin perder la pensión.
  • El Presupuesto 2026 ya preveía la eliminación de 155.000 pensiones por discapacidad, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
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