La sanción duró menos de veinticuatro horas. Mientras miles de estudiantes, docentes y no docentes colmaban las calles en la quinta Marcha Federal Universitaria, un tribunal de alzada le concedió al Gobierno de Javier Milei el respiro que la ley no le da: la multa diaria por desobedecer una cautelar firme quedó en suspenso, aunque la obligación de pagar salarios y becas sigue intacta.

La resolución corresponde a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que suspendió de manera provisoria la aplicación de las astreintes de $100.000 por día que debía afrontar el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El tribunal se pronunció a partir de una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra la sanción dictada por el juez federal Martín Cormick.

Una multa con nombre y apellido

Cormick había resuelto el miércoles hacer efectivo el apercibimiento que formuló el 30 de septiembre y fijó una primera multa de $100.000 diarios. El planteo que derivó en la sanción fue presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía sin cumplir la medida cautelar.

La particularidad de la medida era su destinatario. Las astreintes no recaían sobre el Estado en abstracto, sino sobre el funcionario que encabeza la Jefatura de Gabinete. Además, el magistrado aclaró que se trataba de una primera etapa y que podía modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados si el incumplimiento persistía.

Diez meses de una cautelar que nadie cumple

El conflicto judicial se arrastra desde diciembre de 2025, cuando Cormick dictó la cautelar que ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición salarial del personal docente y no docente y a la actualización de las becas estudiantiles. La medida fue confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio.

El Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento mediante el Decreto 759/2025. El 6 de octubre, en la causa principal, el propio Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó aplicar la norma de manera inmediata. El Gobierno respondió con apelaciones, mientras el juez insistía en que la cautelar seguía siendo de cumplimiento obligatorio.

Se trata de una ley que el Congreso sancionó y luego ratificó con dos tercios tras el veto presidencial. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su costo total equivale al 0,23% del PBI, un dato que relativiza el argumento fiscal con el que la Casa Rosada justifica su resistencia.

Becas congeladas y una marcha que no se detiene

Detrás del expediente hay números concretos. Las becas estudiantiles que la cautelar obliga a actualizar quedaron congeladas en $35.000, de los cuales los beneficiarios solo perciben $28.000 por las retenciones que aplica la ANSES. Ese monto, que no alcanza siquiera para cubrir un mes de transporte en el AMBA, es una de las banderas del reclamo que hoy volvió a movilizar a la comunidad universitaria.

La coincidencia temporal no es menor. La suspensión de la multa llegó el mismo día en que la universidad pública volvió a ganar la calle en todo el país, en la quinta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Por ahora, la decisión de la Cámara es provisoria y no anula la cautelar: el Gobierno conserva la obligación de recomponer salarios y becas, solo que sin la presión económica diaria sobre su jefe de Gabinete.

Lo que tenés que saber:

• La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de forma provisoria la multa de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
• La decisión respondió a una queja del Ministerio de Capital Humano contra la sanción dictada por el juez Martín Cormick.
• La multa se había impuesto a pedido del CIN por el incumplimiento de la cautelar que ordena actualizar salarios universitarios y becas.
• La cautelar, dictada en diciembre de 2025, quedó firme tras un rechazo de la Corte Suprema en junio y sigue vigente.
• Las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, con un cobro efectivo de $28.000 por retenciones de la ANSES.