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El requerimiento que da vuelta la carga probatoria: Adorni debe demostrar que su fortuna es legal

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento de justificación patrimonial contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, primer paso formal en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py. La acción, basada en un informe de la DAFI que detectó inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos, es la antesala directa de una posible indagatoria ante el juez Ariel Lijo.

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El Argentino Diario-Karina Milei-Manuel Adorni.
Adorni en la mira: la Justicia le exige que explique de dónde sacó la plata.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Javier Milei, entró en una nueva fase. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, cursó un requerimiento formal al ex funcionario para que justifique ante la Justicia las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio. Según fuentes judiciales y del entorno del ex vocero presidencial, las preguntas elaboradas por la fiscalía ya están en manos de Adorni.

Un informe técnico que no da margen para la duda

El requerimiento se sustenta en un extenso análisis contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público. El documento, que Pollicita recibió semanas antes de la feria judicial de invierno, estudió la evolución económica del ex funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando Adorni asumió en la gestión libertaria. La DAFI constató, según trascendidos judiciales, inconsistencias entre los ingresos formales declarados y los gastos registrados a lo largo del período analizado, incluyendo operaciones inmobiliarias, refacciones y criptomonedas.

Al tratarse de un informe técnico, el documento no habla de cifras concretas, sino que señala los baches y contradicciones que el fiscal deberá cuantificar e incorporar al requerimiento definitivo. Será la primera vez en la historia de este expediente que Adorni deba responder formalmente ante la Justicia por el origen y la evolución de sus bienes.

Una inversión de la carga probatoria

El requerimiento de justificación patrimonial es una herramienta procesal propia del delito de enriquecimiento ilícito, reservado exclusivamente para funcionarios y ex funcionarios públicos. Su particularidad es que invierte la lógica habitual del proceso penal: en lugar de que el Estado pruebe el delito, es el imputado quien debe demostrar que su incremento patrimonial fue lícito. Si las explicaciones de Adorni no logran despejar las sospechas, Pollicita podrá solicitar al juez Ariel Lijo que lo cite a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.

Los tribunales federales de Comodoro Py retomaron la actividad tras el receso invernal con la causa Adorni entre las de mayor trascendencia política para el Ejecutivo. Las expedientes que se habían distribuido en distintos juzgados fueron unificados con la causa principal, al considerar la Justicia que los hechos investigados forman parte del mismo objeto procesal.

El patrimonio que no cierra

La investigación acumula una serie de elementos que los judiciales no lograron justificar con los ingresos formales del ex funcionario. Entre los puntos más resonantes figura la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, con una deuda declarada hacia las vendedoras, dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria. A eso se suman refacciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que según declaraciones testimoniales superaron los 245.000 dólares, abonados en efectivo y sin factura.

La situación de Bettina Angeletti también es parte del expediente. Se investigan viajes con gastos en efectivo que no condicen con su actividad declarada como coach ontológica, así como el uso del avión oficial para su traslado a Nueva York, recurso del Estado destinado estrictamente a funciones gubernamentales. El caso tomó estado público en marzo pasado, cuando una foto publicada por Radio Jai reveló que Angeletti integraba la comitiva oficial que viajó a la Argentina Week en esa ciudad.

Públicamente, antes de dejar el cargo, Adorni reveló que había invertido 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014 y que esa apuesta le dejó unos 500.000 dólares que nunca declaró en sus bienes judiciales ni comenzó a gastar hasta su llegada al gobierno. La fiscalía analiza si esa versión alcanza para explicar las diferencias detectadas.

La causa llega después de la salida del gobierno

Adorni dejó la Jefatura de Gabinete hace más de un mes, en un contexto en que la causa judicial ya era un lastre político para la Casa Rosada. Lo reemplazó Diego Santilli. El ex vocero mantuvo hasta el final un perfil bajo frente a los medios respecto del expediente; fue su abogado defensor, Matías Ledesma, quien participó con rol pasivo en todas las instancias procesales previas. Ahora, con el requerimiento en mano, Adorni deberá enfrentar por primera vez las preguntas de la fiscalía sobre su fortuna.

Puntos clave

  • El fiscal Gerardo Pollicita cursó el requerimiento de justificación patrimonial a Adorni, basado en el informe de la DAFI que detectó inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos.
  • Es la primera vez que el ex jefe de Gabinete deberá responder formalmente ante la Justicia por el origen de su patrimonio.
  • Si sus explicaciones no satisfacen a la fiscalía, el siguiente paso sería la declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo.
  • La investigación incluye la compra de un departamento en Caballito, refacciones en Indio Cuá por más de 245.000 dólares en efectivo y viajes de su esposa Bettina Angeletti con gastos inexplicados.
  • Las distintas causas abiertas contra Adorni fueron unificadas en el mismo expediente principal por considerarse el mismo objeto procesal.

Investigación 🔎

Espert no logra frenar la causa por lavado y la Justicia mantiene al fiscal

La Cámara Federal de San Martín rechazó los dos planteos de la defensa del exdiputado libertario: anular las pruebas del fiscal y apartarlo de la investigación. La causa gira en torno a los US$ 200.000 que Espert recibió en 2020 de una cuenta ligada a Fred Machado.

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Espert apostó a anular pruebas y apartar al fiscal, pero la Cámara de San Martín no le dio la razón.

Ni las pruebas se anulan ni el fiscal se va: la Cámara Federal de San Martín rechazó los dos intentos de José Luis Espert por desarmar la investigación que lo tiene como principal sospechoso de lavado de dinero. La defensa del exdiputado apuntó contra el procedimiento, no contra el origen de los fondos, y la Justicia no le dio la razón.

Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones desestimaron el pedido de nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en la causa que investiga al referente de La Libertad Avanza por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Consideraron que los actos cuestionados se desarrollaron conforme a la ley y que no hay “vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.

Las pruebas que la defensa quería anular

El planteo de nulidad reunió una batería de objeciones. Según se desprende de la resolución, la defensa sostuvo que el fiscal excedió sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a la indagatoria de Espert, cuestionó la validez de testimoniales realizadas sin aviso a las partes y objetó los pedidos de informes patrimoniales sobre Espert, su pareja y terceros que consideró “ajenos al proceso”.

También reclamó por la incorporación de informes de inteligencia calificados como “secretos”, a los que dijo no haber tenido acceso, y por los peritajes sobre celulares y otros dispositivos secuestrados, realizados sin la posibilidad de designar un perito de parte. La Cámara no encontró en ninguno de esos puntos motivo suficiente para invalidar lo actuado.

El intento de apartar al fiscal

El segundo revés llegó por la recusación. La defensa había pedido apartar a Domínguez por supuesta “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”. En agosto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro rechazó ese pedido, y ahora Lugones rechazó la queja que buscaba revisar esa decisión. El fiscal seguirá al frente de la investigación.

El origen de la causa

El expediente investiga el pago de US$ 200.000 que Espert recibió en 2020, ligado a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos, que en mayo admitió ante la justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero. Espert sostuvo que el dinero correspondió a un contrato de consultoría. La Fiscalía sospecha que esos fondos tenían origen ilícito y que el contrato fue simulado para blanquearlos.

En junio, Domínguez pidió la indagatoria de Espert, de su contador Mariano Cosentino y de la sociedad Varianza SA. Según la hipótesis fiscal, el dinero se usó para comprar un BMW y un Lexus y para hacer pagos a un fideicomiso llamado Dunas. El juez federal Lino Mirabelli dispuso además la inhibición general de bienes de Espert, que no puede vender propiedades ni disponer libremente de sus cuentas. En su indagatoria de julio, el exdiputado se negó a responder preguntas y presentó un escrito.

Espert había renunciado a su candidatura en 2025 cuando se hizo pública su relación con Machado y el cobro del dinero. Con los dos planteos rechazados, la investigación conserva intactas sus pruebas y a su fiscal.

Lo que tenés que saber:

  • La Cámara Federal de San Martín rechazó anular las medidas de prueba del fiscal Fernando Domínguez.
  • Los camaristas Barral y Lugones no vieron vicios que afecten derechos constitucionales.
  • Lugones también rechazó la queja de Espert para apartar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad.
  • La causa investiga US$ 200.000 recibidos en 2020 de una cuenta ligada a Fred Machado.
  • La Fiscalía sospecha que el contrato de consultoría invocado por Espert fue simulado.
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