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Educación

Multa frenada, salarios congelados: el Gobierno esquiva otra vez el cumplimiento de la ley universitaria

La Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la queja de Capital Humano y dejó en suspenso las astreintes de $100.000 diarios contra Diego Santilli, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una sanción más severa. El tribunal aclaró que aún no definió si el Ejecutivo cumplió la ley de financiamiento universitario.

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Suspendieron la multa a Santilli y el Gobierno gana tiempo en la pelea por las universidades.

La multa de $100.000 por día que pesaba sobre el jefe de Gabinete quedó en suspenso y el Gobierno consiguió un respiro judicial en una causa donde ya había sido intimado a cumplir una ley sancionada por el Congreso. La Cámara no dijo que el Ejecutivo cumplió; solo habilitó la revisión de la orden que lo obliga a hacerlo.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, hizo lugar a la queja del Ministerio de Capital Humano contra la decisión del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que había rechazado la apelación del Estado. Ese fallo intimaba al Ejecutivo a cumplir en cinco días la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas. La causa se originó en un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras el Decreto 759/25 con el que Javier Milei suspendió la aplicación de la norma.

Qué argumentó el Gobierno

Capital Humano cuestionó que el juez no precisó qué obligaciones de la ley seguían incumplidas ni los montos que debían abonarse para considerarlas cumplidas. También sostuvo que los aumentos otorgados a docentes y no docentes ya cubrieron la actualización prevista y que la medida de Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”. Los camaristas coincidieron en que la decisión de primera instancia era “susceptible de generarle un gravamen irreparable” al Estado.

Ante la Justicia, el Ejecutivo alegó además que los aumentos salariales entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación. Es una afirmación que choca con la pérdida del poder adquisitivo que vienen denunciando los gremios docentes universitarios.

Santilli apeló y las universidades piden más

En paralelo, Diego Santilli presentó un recurso contra la multa que le impuso Cormick por no actualizar los salarios del personal universitario. En su escrito pidió suspender las astreintes hasta que se resuelva la apelación y señaló la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”. Advirtió que mantener las sanciones podría ocasionar consecuencias patrimoniales de reparación difícil o imposible.

El CIN fue en sentido contrario y le pidió a la Justicia que aumente la multa a Santilli, cuyo monto consideró “más que exiguo en comparación con los importes en juego”. Para las universidades, la cifra impuesta es absolutamente insuficiente para obligar al Gobierno a cumplir.

Un alivio técnico, no una sentencia de fondo

Los magistrados aclararon que todavía no definieron si el Ejecutivo cumplió o no con las partidas que exige la ley, y desactivaron de manera temporal la intimación de cinco días. Sin embargo, según trascendió, en despachos oficiales ya interpretan el fallo como una luz verde para frenar las transferencias salariales pendientes, una lectura que la Cámara no confirmó.

El Gobierno llega a esta instancia con antecedentes en contra: la Corte Suprema rechazó en julio una queja del Ejecutivo y la Cámara ya había confirmado la cautelar en marzo. La disputa vuelve ahora al juzgado de primera instancia, mientras las universidades llegan al cierre del año en pleno conflicto gremial y con la recomposición salarial sin resolver.

Lo que tenés que saber

  • La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la queja de Capital Humano contra el rechazo de su apelación.
  • Las astreintes de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedaron en suspenso.
  • La Cámara aclaró que no definió si el Gobierno cumplió la cautelar sobre la ley de financiamiento universitario.
  • Santilli apeló la multa y el CIN pidió aumentarla por considerarla exigua.
  • La causa vuelve al juzgado de Martín Cormick, con la paritaria universitaria sin resolver.

Educación

CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa

La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.

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La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.

La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.

El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.

El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.

La ley, el veto y la Justicia

La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.

El Presupuesto 2027 y los salarios

El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.

En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.

El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso

El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.

Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.

Lo que tenés que saber:

  • La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
  • Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
  • Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
  • La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
  • El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
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