La causa $LIBRA ingresó este lunes a una nueva etapa crítica. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, tiene prevista una audiencia para escuchar los fundamentos de los afectados que reclaman ser reincorporados como querellantes, después de que el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi los excluyera del proceso a pedido del trader Mauricio Novelli, uno de los principales imputados.

En ese marco, el inversor Martín Romeo, defendido por el abogado Nicolás Oszust, presentó ante el tribunal un escrito de apelación en el que calificó la operación que tuvo lugar el 14 de febrero de 2025, impulsada por el tuit del presidente Javier Milei, como una «estafa monumental». El documento constituye uno de los alegatos más contundentes formulados hasta ahora por las víctimas en este expediente.

84.000 damnificados y 286 millones en juego

Romeo precisó en su escrito que la causa $LIBRA tiene 84.000 damnificados, de los cuales 1.300 son argentinos, y estimó que el monto defraudado asciende a unos 286 millones de dólares. En paralelo, trascendió esta semana que un grupo de treinta inversores de distintas nacionalidades avanza con la presentación de una demanda civil por daños y perjuicios contra los acusados en el proceso penal, entre ellos el propio presidente Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el trader Novelli y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

La vía civil busca demostrar «interés legítimo» de los reclamantes, luego de que Martínez de Giorgi señalara que no está claro que los denunciantes hayan sido víctimas de una estafa. Un intento previo de mediación, desarrollado el año pasado, no arrojó resultados.

El argumento central: «aberración procesal» y victimización doble

Romeo cuestionó con dureza la decisión del juez de exigir a los querellantes que acrediten el origen de sus fondos como condición para participar en el proceso. En su escrito sostuvo que «exigirle a una víctima de estafa que demuestre el origen de sus fondos para permitirle querellar es una aberración procesal que invierte la carga de la prueba y victimiza doblemente al damnificado».

En esa línea, afirmó que «en lugar de investigar a la asociación ilícita que sustrajo 44,5 millones de dólares, el Juzgado pone bajo la lupa a la víctima, erigiéndose indebidamente en una agencia de recaudación fiscal». Calificó esa exigencia como «inédita, improcedente y ajena a la dogmática procesal penal» y la describió como una barrera artificial para expulsar a los damnificados del expediente.

El inversor advirtió además sobre las consecuencias sistémicas de consolidar ese criterio: «Se estaría consagrando la impunidad absoluta para los ciberdelitos y fraudes con criptoactivos en la República Argentina», aniquilando la garantía constitucional de acceso a la justicia «en claro desmedro de los derechos de las víctimas y en exclusivo beneficio de los imputados».

Un «rug pull» pre-programado: 74 bots, 22 segundos y un presidente como anzuelo

El núcleo del argumento de Romeo apunta a desmontar la defensa de los imputados, que presentan el colapso de $LIBRA como una consecuencia natural de la volatilidad del mercado de criptomonedas. Para el querellante, se trató de un «rug pull» (tirón de alfombra) pre-programado: exactamente 22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial, 74 billeteras operadas por bots de los imputados ejecutaron compras masivas utilizando información privilegiada. La extracción posterior de los 44,5 millones de dólares no fue, según Romeo, un infortunio de mercado, sino el «agotamiento del iter criminis de una estafa monumental».

El inversor también apuntó contra el juez Martínez de Giorgi, al que acusó de «confundir deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado«. En su análisis, el ardid consistió en la construcción de una «calidad simulada» y una «apariencia de empresa» a escala estatal, con tres componentes: el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV mediante Sergio Morales, y la instrumentalización de la figura presidencial como garante de confianza, lo que Romeo denominó «lavado de prestigio».

Sin querellantes, la causa avanza solo con la fiscalía, que en 18 meses no pidió indagatorias

La exclusión de Romeo y de los otros cuatro damnificados, que incluyen a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero (los tres últimos representados por un equipo liderado por el diputado Juan Grabois), deja la causa sin impulso particular. La investigación queda así exclusivamente en manos de la fiscalía, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, que en un año y medio de instrucción aún no solicitó indagatorias a ninguno de los imputados, incluyendo al presidente de la Nación.

La demora de Taiano fue objeto de críticas y denuncias en meses anteriores. La falta de avance en la investigación, pese a la gravedad de los hechos descriptos en la causa y la magnitud de los fondos sustraídos, contrasta con la celeridad con que se resolvió la exclusión de los querellantes, un planteo formulado precisamente por uno de los imputados.

La Cámara que debe resolver y el contexto político de sus integrantes

La decisión recae sobre la Sala I, compuesta por Bruglia, Llorens y Bertuzzi. Esta semana, el Senado tiene prevista además una audiencia de la comisión de Acuerdos en la que están citados Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi: ambos concursaron para cubrir vacantes en ese tribunal. Yadarola reemplazará a Bruglia y Bertuzzi continuará en su cargo, pero ahora con respaldo en concurso y no en el traslado que ordenó el exministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano.

La coincidencia temporal entre la audiencia en la Cámara Federal sobre la causa $LIBRA y los acuerdos políticos en el Senado para definir la composición de ese mismo tribunal no pasó inadvertida en el ambiente judicial. La causa que involucra directamente al presidente de la Nación tendrá que ser resuelta por un cuerpo cuya legitimidad está siendo renovada en simultáneo.

Puntos clave

• El inversor Martín Romeo calificó la operación $LIBRA como una «estafa monumental» de 286 millones de dólares con 84.000 damnificados en el mundo.
• El juez Martínez de Giorgi excluyó a cinco querellantes a pedido del trader Mauricio Novelli, imputado en la causa.
• Romeo denunció que 74 bots ejecutaron compras masivas 22 segundos antes del tuit de Milei, configurando un «rug pull» pre-programado.
• La causa queda sin impulso particular: el fiscal Eduardo Taiano no pidió indagatorias en 18 meses de instrucción.
• La Sala I de la Cámara Federal debe definir si reincorpora a los querellantes excluidos.