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La CGT descartó nuevo paro y se reunirá el 25 de julio

Fuentes gremiales señalaron que la central obrera buscar establecer algún tipo de vínculo con la administración de Javier Milei porque, actualmente, «no hay relación» con el Gobierno.

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Los dirigentes de la «mesa chica» de la CGT se reunieron hoy para analizar los pasos a seguir tras la aprobación de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, que habían sido rechazados por la central obrera, aunque por el momento no llegaron a ningún tipo de definición.

Los referentes sindicales se reunieron desde las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, donde se descartó la posibilidad de realizar un paro y se dispuso convocar a una reunión de Consejo Directivo para el 25 de este mes, además de efectuar un pedido de audiencia con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Fuentes gremiales señalaron que la central obrera buscar establecer algún tipo de vínculo con la administración de Javier Milei porque, actualmente, «no hay relación» con el Gobierno.

Pese a la extensa reunión que mantuvieron este miércoles, con la participación de los tres secretarios generales, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, los dirigentes no llegaron a resolver ninguna medida.

«Esto es como el ajedrez y además hay que medir los tiempos. Hoy se habló de todo, las marchas son cuestiones tácticas, lo que hay que tener es una estrategia clara ante todo lo que estamos viviendo y para eso hay mirar todo el tablero», sostuvo Daer, dando a entender que en la central obrera aún no se definieron los pasos a seguir tras le mal trago que les significó la aprobación de la Ley de Bases, que buscaron bloquear en el Congreso con negociaciones con distintos bloques, sin éxito.

Consultado sobre un posible tercer paro general en la gestión de Javier Milei, sostuvo que «no se evaluó una medida de fuerza, eso hay que evaluarlo en los órganos propios de la CGT, como el Consejo Directivo», que confirmó que será convocado para «el jueves 25 de julio», aunque lo cierto es que está clase de definiciones se «cocinan» previamente en las reuniones de «mesa chica».

Sobre el vínculo de la CGT con la gestión Milei, Daer dijo: «No tenemos relación con el Gobierno, en los próximos días vamos a pedir formalmente una reunión con el secretario de Trabajo». No obstante, la central fue invitada a participar de la reciente firma del Pacto de Mayo y los sindicalistas declinaron participar.

«Nos llegó una tarjeta de invitación, pero para acordar algo hay que hablar antes sobre de qué se trata. No es un tema de escribir puntos, ya está todo en la Constitución. El Pacto de Mayo no fue un objetivo convocante para la CGT», argumentó en ese sentido, en declaraciones a la prensa al retirarse de la reunión en UPCN.

«Es más, los gobernadores fueron apresurados por ver que beneficios podían obtener en medio del estrangulamiento a las provincias», agregó.

Por último, ratificó que tras el restablecimiento del impuesto a las ganancias que trajo aparejado la aprobación de la Ley de Bases, el equipo jurídico de la CGT recomendó hacer presentaciones individuales de sindicatos que se vean afectados, porque «no hay legitimidad para hacer una presentación colectiva porque no afecta a todos los trabajadores».

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PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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