Juan Grabois fue liberado tras haber sido detenido por efectivos de la Policía Federal en las inmediaciones del Instituto Juan Domingo Perón, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se produjo en el marco de una protesta por el cierre del organismo, decidido días atrás por el gobierno de Javier Milei, a través del decreto 81/2024. La medida, que suprimió por completo el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, generó una fuerte reacción en distintos sectores del movimiento nacional y popular.

Grabois calificó su arresto como un “orgullo” en el actual contexto político. “Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”, afirmó apenas recuperó la libertad. Para el dirigente social, la clausura del Instituto no fue una decisión administrativa, sino una “ofensiva contra la memoria colectiva”.

El Instituto había sido creado en 1994 por ley del Congreso con el objetivo de preservar y difundir el pensamiento político de Juan Domingo Perón. Desde su fundación funcionó en la antigua residencia presidencial de la calle Austria 2601, donde también vivieron Perón y Evita. Durante su intervención, agentes de seguridad colocaron las estatuas de los líderes históricos en bolsas mortuorias y taparon los murales con lonas negras. “Sellaron todo, destruyeron murales y metieron a Evita en una bolsa de consorcio. Eso no es gestión, es odio gorila”, denunció Grabois.

“No nos van a sacar la bandera”

Durante la manifestación que motivó su detención, militantes de la juventud peronista retiraron las cintas policiales y reabrieron simbólicamente el edificio clausurado. Grabois formó parte de esa acción y terminó demorado por la policía. “Estamos dispuestos a venir una, dos, cinco, quince veces, todas las veces que sea necesario a conocer las instalaciones de la Policía Federal”, ironizó luego de ser liberado.

El referente de Patria Grande también responsabilizó directamente a Patricia Bullrich: “Acá nos quiere la ministra de Seguridad, pero lo que no nos va a sacar es la bandera”. Desde sus redes sociales, reforzó ese mensaje: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.

En paralelo, su entorno emitió un comunicado donde denunció una “escalada de criminalización de la protesta social” y advirtió que “el régimen de Milei quiere borrar del mapa todos los espacios de memoria, organización popular y soberanía cultural”.

Un contexto de tensión creciente

La disolución del Instituto Juan Domingo Perón formó parte de un paquete más amplio de cierre de organismos públicos ordenado por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Fondo Nacional de las Artes. El argumento oficial fue el de reducir gastos del Estado, aunque varios sectores lo interpretaron como una ofensiva ideológica contra símbolos y estructuras del Estado posneoliberal.

Organismos de derechos humanos, universidades y sindicatos se manifestaron en contra de la clausura del Instituto. La Universidad Nacional de Lanús, que resguardaba parte del archivo histórico del peronismo, advirtió que la medida implica “una pérdida irreparable de patrimonio cultural e identitario”.

Desde el gobierno, la ministra Sandra Pettovello ratificó la decisión y evitó dar explicaciones sobre el destino de los archivos. Por su parte, la Secretaría General de la Presidencia informó que los bienes patrimoniales “serán resguardados por la Casa Militar”, sin brindar detalles sobre el proceso.

Una disputa por el sentido de la historia

Grabois interpretó su detención como parte de un conflicto más amplio que atraviesa a la política argentina: “Lo que hicieron no es un hecho aislado. En un país donde asesinaron, torturaron y desaparecieron a una generación, no hay que llorar por una detención. Hay que organizarse y resistir”.

La represión del jueves y la clausura del Instituto coincidieron con un clima social marcado por movilizaciones, paros docentes, protestas de jubilados y rechazo al ajuste fiscal. En ese escenario, Grabois afirmó que “el gobierno va a terminar porque hay argentinos y argentinas que tienen el coraje para decirle no a los atropellos”.

Desde su entorno, ya convocaron a nuevas marchas en defensa de los espacios de memoria. Según fuentes cercanas al dirigente, no se descarta una presentación judicial para revertir la disolución del Instituto, apelando a la ley que le dio origen y al resguardo del patrimonio cultural.