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Denuncia

Amenazas a la familia Massa: diez imputados deberán hacer tareas comunitarias

Deberán realizar donaciones a la Asociación Civil «Pequeños Pasos», por montos que varían entre $20.000 y $200.000, confirmaron desde el entorno del Ministro de Economía. La causa había sido abierta tras difundirse los números de teléfono del funcionario y Malena Galmarini en redes sociales en 2020.

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El juzgado federal 2 de San Isidro suspendió el proceso a prueba de los 10 imputados que se reconocieron culpables en la causa por múltiples amenazas de muerte contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, en 2020 tras difundirse sus números de teléfono en redes sociales, y resolvió que realicen entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

El fallo, emitido por el tribunal en abril e informado este sábado desde el entorno del Ministro de Economía a través de un comunicado, también dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil «Pequeños Pasos», por montos que varían entre $20.000 y $200.000.

Se trata de una causa por una denuncia realizada por el Ministro de Economía, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron Massa, Galmarini y familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, se informó hoy en un comunicado.

A partir de la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina, sostuvo el informe.

Luego de la investigación y tras considerarse que «se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales» de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que «cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad», los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a la Asociación Civil «Pequeños Pasos».

Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.

Denuncia

Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina

La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

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Las grabaciones de Beller podrían revelar quién decidió filtrar los audios de Spagnuolo y por qué: Basil en el centro de la escena.

Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.

La causa boliviana avanza sobre los autores materiales

La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.

Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.

El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil

El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.

Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.

Pagano pide videoconferencia y protección de testigos

La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.

Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.

Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.

Puntos clave

  • Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
  • Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
  • Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
  • La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
  • Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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