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★ Mientras la Patagonia enfrenta los peores incendios forestales de las últimas tres décadas, con más de 230.000 hectáreas arrasadas, el Gobierno nacional difundió la transferencia de $100.810 millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios presentándola como una ayuda directa ante la emergencia. Sin embargo, la Federación de Bomberos de Chubut salió públicamente a desmentir que se trate de un aporte extraordinario.

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, fue categórico al explicar el origen de esos recursos. Según detalló a medios locales, el dinero corresponde a la Ley Nacional N° 25.054, sancionada en 1998 y vigente desde hace más de dos décadas, que establece un mecanismo permanente de financiamiento para los cuarteles de todo el país.

Plata de la gente, no del Gobierno

La aclaración apuntó al corazón del anuncio oficial: los fondos no surgen de ninguna partida presupuestaria discrecional ni de una decisión excepcional del Ejecutivo. El dinero proviene del 5 por mil de las primas de seguros de automotores y viviendas que paga la ciudadanía en todo el país. El Estado nacional solo administra y distribuye esos recursos.

«No existe un aporte extraordinario por parte de Nación. Los recursos corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y el financiamiento surge de un esquema legal vigente. El origen del dinero no depende de partidas discrecionales», explicó Oliva.

La Federación remarcó que la transferencia incluye fondos adeudados del ejercicio 2025 que no se giraron en su totalidad durante ese año, más la primera cuota correspondiente a 2026. Es decir, parte del dinero anunciado como «ayuda» en realidad es deuda del año anterior.

Una distribución insuficiente

Los $100.810 millones se reparten entre las 1.062 asociaciones bomberiles del país, lo que resulta en aproximadamente $95 millones por cuartel. La distribución es igualitaria, sin importar si los cuarteles están en zonas de alto riesgo de incendios o enfrentan emergencias activas.

Para dimensionar la insuficiencia del monto, desde la Federación de Bomberos señalaron que un solo traje forestal cuesta más de $5.000. Con el monto asignado, cada cuartel apenas podría adquirir 19 trajes, un número claramente insuficiente para atender emergencias de la magnitud de los incendios patagónicos.

Según denuncias de trabajadores de Parques Nacionales, actualmente hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo necesario sería de 700 efectivos para una respuesta adecuada.

El timing del anuncio

El anuncio gubernamental se produjo el 27 de enero, en plena crisis por los incendios que ya habían consumido decenas de miles de hectáreas en Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén. La difusión oficial presentó los recursos como una respuesta directa del Gobierno de Javier Milei ante la emergencia ambiental.

Sin embargo, la aclaración de la Federación de Bomberos evidenció que se trató de una operación de comunicación política: presentar como ayuda excepcional lo que en realidad corresponde por ley y se financia con dinero de los ciudadanos, no del Estado.

La estrategia comunicacional generó malestar en distintos cuarteles del país. Desde el sistema bomberil remarcaron la necesidad de comunicar con precisión el origen de los recursos, especialmente en momentos de emergencia, para no generar expectativas erróneas ni confusión en la población.

Cuarteles endeudados

La desmentida de Bomberos de Chubut se suma a denuncias sobre la situación crítica del financiamiento al sistema bomberil. Según declaraciones de representantes de cuarteles de la provincia, «los cuarteles están endeudados» por la falta de fondos adecuados para equipamiento, mantenimiento de unidades y capacitación del personal voluntario.

El diputado nacional Martín Soria requirió al Ministerio de Seguridad que informe sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, la cantidad de alertas emitidas desde septiembre de 2025, las zonas afectadas y las campañas de prevención implementadas para el verano 2025-2026.

La diferencia entre el cumplimiento de obligaciones legales y la asistencia extraordinaria ante catástrofes se vuelve crucial en un contexto donde la información oficial resulta determinante para la gestión de la emergencia y la confianza ciudadana.

Un patrón comunicacional

La desmentida de Bomberos de Trelew y la Federación de Chubut vuelve a poner el foco en la forma en que el Gobierno nacional comunica políticas sensibles. En plena crisis ambiental, la precisión sobre el origen de los recursos destinados a quienes combaten incendios se transforma en un tema central del debate público.

El caso se inscribe en una serie de anuncios oficiales que presentaron como logros de gestión lo que en realidad corresponde a obligaciones legales preexistentes o a recursos que se financian con aportes de la ciudadanía, no con partidas del Tesoro Nacional.

Mientras tanto, la Patagonia continúa ardiendo con más de 230.000 hectáreas devastadas, 700 personas evacuadas y un daño ambiental irreparable en ecosistemas de bosque nativo que tardarán décadas en recuperarse, si es que pueden hacerlo.

Puntos clave:

• La Federación de Bomberos de Chubut desmintió que los $100.810 millones anunciados sean un aporte extraordinario del Gobierno por los incendios

• Los fondos corresponden a la Ley Nacional 25.054, vigente desde 1998, y se financian con el 5 por mil de las primas de seguros que paga la ciudadanía

• La transferencia incluye fondos adeudados del ejercicio 2025 que no se giraron en su totalidad, más la primera cuota de 2026

• El monto se reparte entre 1.062 cuarteles, unos $95 millones por asociación, mientras un solo traje forestal cuesta más de $5.000

• El anuncio se produjo en pleno pico de la crisis ígnea, presentando como ayuda excepcional lo que en realidad corresponde por ley ★