★ Jorge D’Onofrio enfrenta un cerco judicial cada vez más apretado. El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires no solo fue procesado hace dos semanas por presunto lavado de activos, sino que ahora deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 15 de diciembre a las 10 en el marco de una segunda causa que investiga coimas y negociados en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El fiscal Álvaro Garganta lo citó junto a ocho empresarios vinculados a las contrataciones de la VTV: Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. A todos se les investiga por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Dos expedientes, dos frentes judiciales

La situación procesal de D’Onofrio se divide en dos causas paralelas que, aunque relacionadas, tramitan en jurisdicciones diferentes:

Causa 1 – Juzgado Federal de Campana: El juez Adrián González Charvay procesó a D’Onofrio por presunto lavado de activos y ordenó un embargo de $350 millones sobre sus bienes. En el mismo expediente también procesó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, con un embargo de $300 millones. Esta resolución fue dictada hace aproximadamente dos semanas, en la segunda quincena de noviembre de 2024.

Causa 2 – Fiscalía de La Plata: El fiscal Garganta investiga la mecánica concreta de las maniobras: el sistema de coimas, los gestores intermediarios, las comisiones ilegales en la VTV y el desvío de fondos públicos. Es en este expediente donde D’Onofrio deberá declarar el 15 de diciembre.

El origen: una denuncia que destapó todo

La causa arrancó el 5 de septiembre de 2024 con una denuncia que señalaba al entonces ministro y a la concejal Pilar Pombo como cabezas de una «estructura criminal con división de roles». Según la acusación inicial, el objetivo era desviar fondos públicos del sistema de fotomultas de la provincia.

El expediente judicial describe un esquema complejo en el que funcionarios bajo la órbita del exministro habrían actuado en connivencia con terceros que operaban como «gestores». La investigación avanzó rápido: en menos de tres meses pasó de la denuncia al procesamiento, y ahora llega a la instancia de indagatoria en la causa por cohecho.

La maniobra: descuentos truchos y pérdidas millonarias

De acuerdo con la investigación, estos gestores ofrecían a los infractores descuentos del 50% en las multas o directamente la eliminación de las infracciones a cambio de un pago irregular. Esta operatoria habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales a Secutrans, la empresa encargada de administrar el sistema de fotomultas en la provincia.

El mecanismo era simple pero efectivo: mientras el Estado dejaba de percibir los montos completos de las multas, los intermediarios se quedaban con una tajada del negocio. La magnitud del perjuicio fiscal es considerable: en el peor escenario, se habrían evaporado más de 100 millones de dólares al año de las arcas provinciales.

El negocio de los turnos de la VTV

La investigación no se limita al sistema de fotomultas. También apunta a presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas a la VTV. Según el expediente, siete empresas habrían sido obligadas a contratar a «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.» para la asignación de turnos de la revisión técnica.

Esta empresa cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada operación, lo que en la jerga judicial se conoce como «peaje»: un cobro que no agrega valor pero que resulta obligatorio para poder operar. El esquema habría generado ganancias ilegítimas significativas a costa de encarecer el servicio y comprometer la transparencia del sistema.

El rol de CECAITRA y los cinemómetros municipales

Otro eje de la investigación pasa por CECAITRA, una asociación civil que administraba los ingresos derivados de las infracciones captadas por al menos 155 cinemómetros distribuidos en municipios como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.

Se detectaron presuntas irregularidades en la forma en que esta organización manejaba los fondos públicos. La figura de CECAITRA resulta clave porque operaba como intermediaria entre los municipios y el sistema provincial, con escasos controles sobre la administración del dinero recaudado.

La renuncia express y el daño político

D’Onofrio presentó su renuncia en diciembre de 2024, apenas tres meses después de que estallara el escándalo, en un intento por contener el daño político al gobierno de Axel Kicillof. Fue reemplazado por Martín Marinucci, quien asumió con el mandato de ordenar un área que quedó bajo sospecha.

La salida del exministro no frenó la investigación judicial. Por el contrario, el procesamiento por lavado y ahora la indagatoria por cohecho muestran que la Justicia Federal avanza sin contemplaciones sobre un caso que tiene todos los condimentos: funcionarios públicos, empresarios, desvío de fondos y una red de complicidades que habría operado durante meses.

Las implicancias políticas

El caso D’Onofrio representa uno de los golpes más duros para la gestión de Kicillof en materia de transparencia. Aunque el gobernador se desligó rápidamente del exministro tras su renuncia, la oposición aprovechó el escándalo para cuestionar los controles internos del gobierno provincial.

La investigación también reabre el debate sobre la tercerización de servicios públicos sensibles como las fotomultas y la VTV. ¿Hasta qué punto la delegación en empresas privadas facilita este tipo de maniobras? La pregunta quedó flotando en un contexto donde la gestión de la obra pública y los servicios estatales está bajo lupa permanente.

La declaración indagatoria del 15 de diciembre será un momento clave. D’Onofrio tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones, pero también de aportar información sobre cómo funcionaba realmente el sistema. Los empresarios citados, por su parte, deberán explicar su rol en una trama que, según la investigación, convirtió un servicio público en un negocio privado e ilegal.

El cerco judicial se cierra: entre el procesamiento por lavado en Campana y la indagatoria por coimas en La Plata, el exministro enfrenta un escenario procesal complejo que podría terminar con condenas en ambas causas si la Justicia logra probar lo que viene investigando desde septiembre.

Puntos clave

• Jorge D’Onofrio enfrenta dos causas judiciales paralelas: ya fue procesado por lavado de activos en Campana con un embargo de $350 millones, y ahora va a indagatoria el 15 de diciembre por cohecho y negociaciones incompatibles.

• La investigación señala un esquema de descuentos ilegales en multas que habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales al Estado provincial.

• Siete empresas habrían sido obligadas a contratar a una firma intermediaria para la asignación de turnos de VTV, pagando comisiones del 8,5% más IVA.

• También fue procesado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, con un embargo de $300 millones.

• D’Onofrio renunció en diciembre de 2024, tres meses después del inicio de la causa, y fue reemplazado por Martín Marinucci.