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SIDE con poder policial: la oposición apuntó contra el DNU que habilita a los espías a realizar detenciones

El Decreto 941/2025 otorga facultades de aprehensión a la inteligencia y declara todas sus actividades como «encubiertas». La oposición denuncia la creación de una «policía secreta» y exige el rechazo parlamentario.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 una reforma integral del sistema de inteligencia que otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades propias de las fuerzas de seguridad, entre ellas la capacidad de aprehender personas en situación de flagrancia y el uso de la fuerza para «repeler agresiones». El decreto, que califica todas las actividades de inteligencia como «encubiertas», desató un rechazo unánime de los bloques opositores en el Congreso, que denunciaron la instauración de un «Estado policial» y la creación de una «policía secreta».

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau denunció que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia» y crea de facto una «policía secreta». En la misma línea, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una «Guardia Nacional» subordinada a tareas de seguridad interior.

Las facultades polémicas del decreto

El artículo 2 del DNU 941/2025 establece que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional». Esta definición amplia y sin precisiones sobre controles democráticos genera preocupación en sectores políticos, académicos y de derechos humanos.

El punto más cuestionado es el artículo 19, que faculta a los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia a «proporcionar su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo». Además, habilita al personal de inteligencia a «proceder a la aprehensión de personas» en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y comisión de delitos en flagrancia, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

Oposición transversal y denuncia de espionaje político

Desde el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el «espionaje político», ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional. Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.

La disputa se trasladará al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Dirigentes opositores coordinan acciones para impulsar el rechazo del DNU en ambas cámaras, proceso que requiere mayoría absoluta de los miembros presentes según la ley 26.122.

El silencio del PRO y la estrategia oficialista

Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios. Esta posición difiere del rechazo frontal expresado por el kirchnerismo, el socialismo y la Coalición Cívica, y podría resultar clave para el destino parlamentario del decreto.

Fuentes oficiales sostienen que la reforma «moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional», separándolo de funciones policiales y adaptándolo a amenazas contemporáneas. Sin embargo, las facultades otorgadas por el artículo 19 contradicen este argumento, ya que habilitan expresamente la aprehensión de personas por parte del personal de inteligencia.

Cambios estructurales y concentración de poder

El DNU 941/2025 modifica la estructura del sistema de inteligencia: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos se convierte en la Inspectoría General de Inteligencia.

La reforma centraliza la designación de los titulares de órganos desconcentrados en manos del Secretario de Inteligencia y crea una Comunidad de Inteligencia coordinada por la SIDE para el intercambio permanente de información entre organismos especializados del Estado.

Además, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, concentrando la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto. Esta decisión fundamenta la denuncia de Taiana sobre la pérdida de control civil sobre la inteligencia militar.

El debate por venir

El decreto deberá ser comunicado al Congreso dentro de los 10 días hábiles establecidos por la ley 26.122 y será tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Posteriormente, ambas cámaras podrán rechazarlo por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

En un contexto de creciente polarización política y con antecedentes de espionaje ilegal en gobiernos anteriores de distintos signos políticos, el DNU 941/2025 reabre el debate sobre los límites del sistema de inteligencia en democracia y la necesidad de controles efectivos que impidan el uso de estos organismos para la persecución política interna.

Puntos clave

• El DNU 941/2025 faculta a la SIDE para aprehender personas en flagrancia y declara todas sus actividades como «encubiertas».

• Los bloques opositores denunciaron la creación de una «policía secreta» y exigen el rechazo parlamentario del decreto.

• Leopoldo Moreau advirtió que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia», mientras Jorge Taiana alertó sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior.

• La Comisión Bicameral de Inteligencia pedirá informes al Ejecutivo este viernes, mientras Ferraro y Paulón impulsan el tratamiento inmediato para rechazar el decreto.

• El PRO mantiene silencio público pero coordina auditorías sobre el alcance de los cambios en la comisión fiscalizadora.

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Defendió a Mandela, acusó a Israel de genocidio y hoy es Nobel de la Paz: quién es Navi Pillay

La sudafricana que defendió a los presos políticos del apartheid, entre ellos Nelson Mandela, y que presidió la comisión de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza, fue distinguida con el Nobel de la Paz 2026. Donald Trump, que lo reclamaba a viva voz, se quedó afuera.

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El premio más simbólico del planeta fue a parar a manos de la mujer que se atrevió a ponerle nombre a lo que ocurre en la Franja de Gaza. El Comité Noruego del Nobel eligió como Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista que encabezó la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino. La decisión, conocida este viernes, llegó apenas horas después de que Donald Trump reclamara el galardón para sí mismo ante la prensa acreditada en la Casa Blanca.

La distinguida es la sudafricana Navanethem «Navi» Pillay, de 85 años, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Según anunció el propio Comité a través de su cuenta oficial, el premio le fue otorgado «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional», así como por su aporte a la construcción de un orden jurídico global y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Un premio para el derecho internacional en tiempos de guerra

El Comité sostuvo que Pillay trabajó para exigir responsabilidades a los Estados y a sus líderes, y que su trayectoria brindó esperanza a las víctimas de la violencia y de los conflictos armados. A lo largo de su carrera, la jurista puso el foco en la obligación de individuos y Estados de respetar el Estado de derecho, sin excepciones para los poderosos.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, explicó el sentido de la elección: «Cada vez más conflictos se están abordando a través de la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico».

Frydnes fue todavía más allá al describir el escenario global: «En un momento de desafíos existenciales (incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo), el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta«. La frase funciona como una respuesta directa a quienes pretenden reemplazar las normas internacionales por la ley del más fuerte.

Gaza: el informe que incomodó a las potencias

El dato que convierte este Nobel en un mensaje político de alto voltaje es su rol al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, ese organismo concluyó en un informe de 72 páginas que Israel cometió cuatro de los actos tipificados como genocidas por el derecho internacional desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza. Entre las pruebas, el panel citó la destrucción de una clínica de fertilidad como evidencia de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo palestino.

En aquel momento, Pillay fue tajante: «La responsabilidad por estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de los más altos niveles, que orquestaron una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza». Israel rechazó de inmediato la conclusión, como hizo cada vez que un organismo o una figura pública utilizó ese término para describir su campaña militar.

Además, la jurista se desempeña en la causa que investiga a Myanmar por el genocidio contra la minoría rohingya ante la Corte Internacional de Justicia. Premiarla a ella es premiar exactamente aquello que Washington y Tel Aviv intentaron desacreditar durante años. Un mensaje que también interpela a los gobiernos que, como el de Javier Milei, se alinearon sin matices con la Casa Blanca y con el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los premios que intentaron quitarle

El reconocimiento de Oslo contrasta con los obstáculos que Pillay enfrentó en los últimos años. En septiembre de 2022, la Asociación de Naciones Unidas de Alemania iba a entregarle la Medalla de la Paz Otto Hahn en una ceremonia en el Ayuntamiento Rojo de Berlín, pero la entonces alcaldesa Franziska Giffey suspendió el acto tras la presión del embajador israelí en Alemania, Ron Prosor. El diplomático llegó a declarar que «que Navi Pillay investigue a Israel es como pedirle a Putin que presida una comisión de investigación sobre Ucrania».

En octubre de 2023, la rama estadounidense de la Asociación de Derecho Internacional desvinculó de su conferencia anual el premio que iba a entregarle, después de que una treintena de organizaciones pidieran a los grandes estudios jurídicos retirar su patrocinio. La campaña de desprestigio no logró lo que buscaba: en 2025 recibió el Premio de la Paz de Sídney y hoy suma el Nobel.

De la trinchera contra el apartheid a los tribunales internacionales

Pillay se graduó en derecho en 1965 en la Universidad de Natal y empezó a trabajar junto al abogado N.T. Naicker, integrante del Congreso Nacional Africano (CNA), quien estaba bajo arresto domiciliario. En 1967, con apenas 26 años, abrió su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. Según recordó ella misma, ningún bufete quería contratarla porque «no aceptaban que empleados blancos recibieran instrucciones de una persona de color».

Durante 28 años defendió a militantes antiapartheid del CNA, del Movimiento de Conciencia Negra y de otras organizaciones, y denunció la tortura contra presos políticos. En 1971 obtuvo una medida judicial para impedir que la policía aplicara métodos ilegales de interrogatorio a su propio esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después logró que los presos políticos de la isla Robben, entre ellos Nelson Mandela, tuvieran derecho a asistencia letrada.

En 1988 se doctoró en ciencias jurídicas en Harvard, la primera sudafricana en lograrlo en esa facultad. Más tarde integró y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde formó parte del tribunal que en la causa Akayesu reconoció por primera vez la violación como un acto de genocidio, un hito para los derechos de las mujeres en el derecho penal internacional. Luego fue jueza de la Corte Penal Internacional, antes de asumir como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Trump, el gran perdedor de la jornada

La víspera del anuncio, el presidente de Estados Unidos insistió en que merecía el premio. «Nunca ha habido nadie en la historia del Premio Nobel que lo merezca más. Resolví ocho guerras. Detuve la destrucción total del mundo», aseguró Trump ante los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario evocó además a la venezolana María Corina Machado, galardonada en 2025: «La última vez se lo dieron a una joven, que era una persona fabulosa. Y ella dijo que no lo merecía, que yo lo merecía. Y me lo dio». Aun así, admitió que el Comité difícilmente lo elegiría. La distancia entre el presidente que exige medallas y la jueza que exige rendición de cuentas a los poderosos resume el mensaje de Oslo.

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