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★ El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 una reforma integral del sistema de inteligencia que otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades propias de las fuerzas de seguridad, entre ellas la capacidad de aprehender personas en situación de flagrancia y el uso de la fuerza para «repeler agresiones». El decreto, que califica todas las actividades de inteligencia como «encubiertas», desató un rechazo unánime de los bloques opositores en el Congreso, que denunciaron la instauración de un «Estado policial» y la creación de una «policía secreta».

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau denunció que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia» y crea de facto una «policía secreta». En la misma línea, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una «Guardia Nacional» subordinada a tareas de seguridad interior.

Las facultades polémicas del decreto

El artículo 2 del DNU 941/2025 establece que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional». Esta definición amplia y sin precisiones sobre controles democráticos genera preocupación en sectores políticos, académicos y de derechos humanos.

El punto más cuestionado es el artículo 19, que faculta a los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia a «proporcionar su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo». Además, habilita al personal de inteligencia a «proceder a la aprehensión de personas» en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y comisión de delitos en flagrancia, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

Oposición transversal y denuncia de espionaje político

Desde el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el «espionaje político», ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional. Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.

La disputa se trasladará al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Dirigentes opositores coordinan acciones para impulsar el rechazo del DNU en ambas cámaras, proceso que requiere mayoría absoluta de los miembros presentes según la ley 26.122.

El silencio del PRO y la estrategia oficialista

Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios. Esta posición difiere del rechazo frontal expresado por el kirchnerismo, el socialismo y la Coalición Cívica, y podría resultar clave para el destino parlamentario del decreto.

Fuentes oficiales sostienen que la reforma «moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional», separándolo de funciones policiales y adaptándolo a amenazas contemporáneas. Sin embargo, las facultades otorgadas por el artículo 19 contradicen este argumento, ya que habilitan expresamente la aprehensión de personas por parte del personal de inteligencia.

Cambios estructurales y concentración de poder

El DNU 941/2025 modifica la estructura del sistema de inteligencia: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos se convierte en la Inspectoría General de Inteligencia.

La reforma centraliza la designación de los titulares de órganos desconcentrados en manos del Secretario de Inteligencia y crea una Comunidad de Inteligencia coordinada por la SIDE para el intercambio permanente de información entre organismos especializados del Estado.

Además, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, concentrando la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto. Esta decisión fundamenta la denuncia de Taiana sobre la pérdida de control civil sobre la inteligencia militar.

El debate por venir

El decreto deberá ser comunicado al Congreso dentro de los 10 días hábiles establecidos por la ley 26.122 y será tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Posteriormente, ambas cámaras podrán rechazarlo por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

En un contexto de creciente polarización política y con antecedentes de espionaje ilegal en gobiernos anteriores de distintos signos políticos, el DNU 941/2025 reabre el debate sobre los límites del sistema de inteligencia en democracia y la necesidad de controles efectivos que impidan el uso de estos organismos para la persecución política interna.

Puntos clave

• El DNU 941/2025 faculta a la SIDE para aprehender personas en flagrancia y declara todas sus actividades como «encubiertas».

• Los bloques opositores denunciaron la creación de una «policía secreta» y exigen el rechazo parlamentario del decreto.

• Leopoldo Moreau advirtió que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia», mientras Jorge Taiana alertó sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior.

• La Comisión Bicameral de Inteligencia pedirá informes al Ejecutivo este viernes, mientras Ferraro y Paulón impulsan el tratamiento inmediato para rechazar el decreto.

• El PRO mantiene silencio público pero coordina auditorías sobre el alcance de los cambios en la comisión fiscalizadora.