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SIDE con poder policial: la oposición apuntó contra el DNU que habilita a los espías a realizar detenciones
El Decreto 941/2025 otorga facultades de aprehensión a la inteligencia y declara todas sus actividades como «encubiertas». La oposición denuncia la creación de una «policía secreta» y exige el rechazo parlamentario.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 una reforma integral del sistema de inteligencia que otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades propias de las fuerzas de seguridad, entre ellas la capacidad de aprehender personas en situación de flagrancia y el uso de la fuerza para «repeler agresiones». El decreto, que califica todas las actividades de inteligencia como «encubiertas», desató un rechazo unánime de los bloques opositores en el Congreso, que denunciaron la instauración de un «Estado policial» y la creación de una «policía secreta».
El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau denunció que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia» y crea de facto una «policía secreta». En la misma línea, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una «Guardia Nacional» subordinada a tareas de seguridad interior.
Las facultades polémicas del decreto
El artículo 2 del DNU 941/2025 establece que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional». Esta definición amplia y sin precisiones sobre controles democráticos genera preocupación en sectores políticos, académicos y de derechos humanos.
El punto más cuestionado es el artículo 19, que faculta a los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia a «proporcionar su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo». Además, habilita al personal de inteligencia a «proceder a la aprehensión de personas» en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y comisión de delitos en flagrancia, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.
Oposición transversal y denuncia de espionaje político
Desde el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el «espionaje político», ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional. Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.
La disputa se trasladará al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Dirigentes opositores coordinan acciones para impulsar el rechazo del DNU en ambas cámaras, proceso que requiere mayoría absoluta de los miembros presentes según la ley 26.122.
El silencio del PRO y la estrategia oficialista
Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios. Esta posición difiere del rechazo frontal expresado por el kirchnerismo, el socialismo y la Coalición Cívica, y podría resultar clave para el destino parlamentario del decreto.
Fuentes oficiales sostienen que la reforma «moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional», separándolo de funciones policiales y adaptándolo a amenazas contemporáneas. Sin embargo, las facultades otorgadas por el artículo 19 contradicen este argumento, ya que habilitan expresamente la aprehensión de personas por parte del personal de inteligencia.
Cambios estructurales y concentración de poder
El DNU 941/2025 modifica la estructura del sistema de inteligencia: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos se convierte en la Inspectoría General de Inteligencia.
La reforma centraliza la designación de los titulares de órganos desconcentrados en manos del Secretario de Inteligencia y crea una Comunidad de Inteligencia coordinada por la SIDE para el intercambio permanente de información entre organismos especializados del Estado.
Además, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, concentrando la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto. Esta decisión fundamenta la denuncia de Taiana sobre la pérdida de control civil sobre la inteligencia militar.
El debate por venir
El decreto deberá ser comunicado al Congreso dentro de los 10 días hábiles establecidos por la ley 26.122 y será tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Posteriormente, ambas cámaras podrán rechazarlo por mayoría absoluta de sus miembros presentes.
En un contexto de creciente polarización política y con antecedentes de espionaje ilegal en gobiernos anteriores de distintos signos políticos, el DNU 941/2025 reabre el debate sobre los límites del sistema de inteligencia en democracia y la necesidad de controles efectivos que impidan el uso de estos organismos para la persecución política interna.
Puntos clave
• El DNU 941/2025 faculta a la SIDE para aprehender personas en flagrancia y declara todas sus actividades como «encubiertas».
• Los bloques opositores denunciaron la creación de una «policía secreta» y exigen el rechazo parlamentario del decreto.
• Leopoldo Moreau advirtió que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia», mientras Jorge Taiana alertó sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior.
• La Comisión Bicameral de Inteligencia pedirá informes al Ejecutivo este viernes, mientras Ferraro y Paulón impulsan el tratamiento inmediato para rechazar el decreto.
• El PRO mantiene silencio público pero coordina auditorías sobre el alcance de los cambios en la comisión fiscalizadora.
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“El mal existe y debe ser sometido por la fuerza”: Milei reivindicó la represión y negó los crímenes de la dictadura en el acto por San Martín
En la ceremonia por el 176° aniversario de la muerte del Libertador, el presidente ensayó un discurso negacionista sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, ponderó el rol represivo de las fuerzas de seguridad y llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», sin mencionar las reiteradas represiones a jubilados y organizaciones sociales que ocurren cada miércoles bajo su propio gobierno.
Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Junto a él, la cúpula de su gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Lo que comenzó como una ceremonia de homenaje al prócer fundacional de la Nación derivó en uno de los discursos más reveladores, y más inquietantes, de su gestión.
Negacionismo en el Monumento al Libertador
El punto más grave del discurso presidencial fue el que pasó más inadvertido en la cobertura oficial. Milei aseguró que el «instrumento militar» del país «fue demonizado y desfinanciado por demasiado tiempo» y afirmó que ese «camino fue equivocado». La declaración, pronunciada frente a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, no contiene ningún matiz ni contexto: borra de un plumazo los 30.000 detenidos desaparecidos, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos de detención y los bebés robados que motivaron precisamente ese proceso de revisión crítica sobre el rol militar. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, que continúan siendo sustanciados en los tribunales federales de todo el país, no merecieron ni una mención.
En ese mismo marco, el presidente reclamó «unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas», en sintonía con la política de rearmado y rejerarquización castrense que su gobierno viene impulsando desde el primer día de gestión, incluyendo decretos de aumento salarial diferencial para las fuerzas y la firma de acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos.
«El mal existe y debe ser sometido por la fuerza»
Hacia el cierre de su alocución, Milei pronunció la frase que sintetiza su visión sobre el orden público: «Un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza.» La formulación no es casual ni inocente: coloca a las fuerzas de seguridad como árbitras del bien y el mal, y habilita la fuerza como respuesta legítima ante cualquier conducta que el poder de turno clasifique como transgresora.
El presidente completó ese razonamiento con una equiparación que merece ser leída con atención: «El ladrón es también un tirano del prójimo y defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales.» En un gobierno que ha aplicado gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones a jubilados que reclaman por sus haberes frente al Congreso, la retórica sobre «criminales» y «fuerza pública» adquiere un significado político concreto y documentado.
El silencio sobre los miércoles de represión
Milei no hizo ninguna referencia a las represiones sistemáticas que las fuerzas de seguridad llevan a cabo cada miércoles frente al Congreso Nacional, donde jubilados, pensionados y organizaciones sociales protestan por el ajuste previsional y la destrucción del poder adquisitivo de sus haberes. Esos episodios, documentados semana a semana con imágenes de personas mayores siendo derribadas por policías con escudos, forman parte del registro público y periodístico de su gestión. Pedir más capacitación y herramientas para las fuerzas de seguridad, mientras esas mismas fuerzas reprimen a jubilados, configura una contradicción que el discurso presidencial ni siquiera intenta resolver.
La «batalla cultural» como sustituto de la política económica
En el único pasaje en que Milei reconoció la existencia de malestar social, lo hizo para instrumentalizarlo políticamente. «Internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden», sostuvo. El reconocimiento implícito de que su gobierno no resolvió la pobreza ni el descontento no derivó en ningún anuncio de medidas concretas. Milei convocó, en cambio, a «dar la batalla cultural para explicar, una y otra vez, cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes.»
También dejó en claro que para su visión política la necesidad económica del trabajador o del Estado no justifica ningún tipo de reclamo redistributivo: «Ellos nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado, y que el robo está justificado si es por un supuesto bien superior, sea este la necesidad económica del pobre o la necesidad fiscal del Estado.» En esa lógica, cualquier reclamo social queda subsumido en la categoría de amenaza a la libertad, habilitando la respuesta represiva que el propio discurso reivindicó minutos después.
Geopolítica, fronteras y el silencio sobre Huawei
El presidente también anunció la necesidad de «retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia.» Las palabras llegaron en un momento en que Milei mantiene un llamativo silencio sobre las presiones ejercidas por funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina para que una cooperativa neuquina deje de contratar servicios de la empresa china Huawei, una señal que compromete la soberanía tecnológica y las capacidades industriales del país. El «buen posicionamiento geopolítico» que pregona el discurso y la subordinación a los intereses norteamericanos en materia de telecomunicaciones plantean, al menos, una pregunta incómoda.
Puntos clave
- Milei afirmó que las Fuerzas Armadas fueron «demonizadas» por «demasiado tiempo», sin mencionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
- Llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», en un discurso que pondera la represión como herramienta de gobierno.
- No hizo ninguna referencia a las represiones semanales a jubilados frente al Congreso, documentadas a lo largo de toda su gestión.
- Presentó la «batalla cultural» como respuesta al descontento social, sin anunciar medidas económicas concretas para revertir la pobreza y la caída del poder adquisitivo.
- Guardó silencio sobre las presiones de la Embajada de Estados Unidos contra la contratación de Huawei por parte de una cooperativa neuquina.
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