Judiciales ⚖️
La fiscal del Caso Lola Chomnalez apela la absolución del acusado de encubrimiento
Medios periodísticos de Uruguay, como el diario El País y el portal de noticias Subrayado, indicaron esta tarde que la apelación fue presentada por la fiscal de Rocha, Jéssica Pereira, en contra del fallo dictado por el juez letrado del 1er.Turno de ese distrito, Juan Giménez Vera, y que benefició a Ángel Moreira, alias «El Cachila».
La fiscal que investiga el crimen de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, apeló hoy la absolución del cuida coches que estuvo detenido e imputado de encubrir el homicidio y que fue liberado la semana pasada por falta de pruebas.
Medios periodísticos de Uruguay, como el diario El País y el portal de noticias Subrayado, indicaron esta tarde que la apelación fue presentada por la fiscal de Rocha, Jéssica Pereira, en contra del fallo dictado por el juez letrado del 1er.Turno de ese distrito, Juan Giménez Vera, y que benefició a Ángel Moreira, alias «El Cachila».
De acuerdo a la prensa local, al apelar la absolución, la fiscalía reitera su pedido de condena a diez años de prisión por encubrimiento.
Moreira recuperó la libertad el lunes de la semana pasada y al hacerlo dijo en declaraciones a Subrayado: «La pasé mal, casi me mataron, pero bueno, la fui llevando. Pasé dos meses en el calabozo durmiendo en una bolsa de basura».
Consultado sobre los motivos que lo llevaron a estar imputado y detenido por el crimen, «El Cachila» explicó que lo «llevaron drogado, hasta las manos» a declarar: «Dije cosas que no debí decir».
«Nunca tuvieron pruebas contra mí», indicó Moreira, quien recordó que hace «tres años y medio» no puede ver a sus hijos y que durante ese tiempo también sufrió distintos problemas de salud.
«El Cachila» recuperó la libertad luego de ser absuelto por el juez Giménez Vera, quien en un fallo de 58 páginas, sostuvo que «no existe medio probatorio alguno» que posibilite responsabilizar a Moreira del delito de «encubrimiento, ni de cualquier otra conducta penalmente reprochable».
También remarcó que el peritaje psiquiátrico a «Cachila» arrojó que «presenta una tendencia a la mitomanía».
«La conducta de A. E. M. M. (iniciales de Moreira) no resulta atrapada en el tipo penal del delito de encubrimiento, dado que no conoció la existencia del delito anterior, ni ayudó, colaboró contribuyó o facilitó a su autor, con la finalidad de sustraerlo de la acción de Justicia», abundó.
Luego, el juez refirió que el acusado dio tres versiones distintas del hecho y que su descargo en determinados tramos y cuestiones puntuales «carece de espontaneidad verosimilitud».
«La sola voz de A. E. M. M., relatando hechos poco creíbles, por un lado, y contradictorios con respecto a las pruebas que se han acumulado, demuelen cualquier estructura seria que pretenda responsabilizar con certeza jurídica a una persona de la comisión de un delito», afirmó.
Por último, el magistrado dispuso la «inmediata libertad en forma provisional y bajo caución juratoria» del acusado.
En tanto, por el crimen de la adolescente continúa detenido Leonardo David Sena (39), quien, según el juez Giménez Vera, «es quien depositó su material genético en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino».
Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.
Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.
Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.
«El Cachila» fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo apresó como encubridor al concluir que «estuvo presente antes, durante y después del homicidio» de la adolescente.
Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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