Judiciales ⚖️
La fiscal del Caso Lola Chomnalez apela la absolución del acusado de encubrimiento
Medios periodísticos de Uruguay, como el diario El País y el portal de noticias Subrayado, indicaron esta tarde que la apelación fue presentada por la fiscal de Rocha, Jéssica Pereira, en contra del fallo dictado por el juez letrado del 1er.Turno de ese distrito, Juan Giménez Vera, y que benefició a Ángel Moreira, alias «El Cachila».
La fiscal que investiga el crimen de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, apeló hoy la absolución del cuida coches que estuvo detenido e imputado de encubrir el homicidio y que fue liberado la semana pasada por falta de pruebas.
Medios periodísticos de Uruguay, como el diario El País y el portal de noticias Subrayado, indicaron esta tarde que la apelación fue presentada por la fiscal de Rocha, Jéssica Pereira, en contra del fallo dictado por el juez letrado del 1er.Turno de ese distrito, Juan Giménez Vera, y que benefició a Ángel Moreira, alias «El Cachila».
De acuerdo a la prensa local, al apelar la absolución, la fiscalía reitera su pedido de condena a diez años de prisión por encubrimiento.
Moreira recuperó la libertad el lunes de la semana pasada y al hacerlo dijo en declaraciones a Subrayado: «La pasé mal, casi me mataron, pero bueno, la fui llevando. Pasé dos meses en el calabozo durmiendo en una bolsa de basura».
Consultado sobre los motivos que lo llevaron a estar imputado y detenido por el crimen, «El Cachila» explicó que lo «llevaron drogado, hasta las manos» a declarar: «Dije cosas que no debí decir».
«Nunca tuvieron pruebas contra mí», indicó Moreira, quien recordó que hace «tres años y medio» no puede ver a sus hijos y que durante ese tiempo también sufrió distintos problemas de salud.
«El Cachila» recuperó la libertad luego de ser absuelto por el juez Giménez Vera, quien en un fallo de 58 páginas, sostuvo que «no existe medio probatorio alguno» que posibilite responsabilizar a Moreira del delito de «encubrimiento, ni de cualquier otra conducta penalmente reprochable».
También remarcó que el peritaje psiquiátrico a «Cachila» arrojó que «presenta una tendencia a la mitomanía».
«La conducta de A. E. M. M. (iniciales de Moreira) no resulta atrapada en el tipo penal del delito de encubrimiento, dado que no conoció la existencia del delito anterior, ni ayudó, colaboró contribuyó o facilitó a su autor, con la finalidad de sustraerlo de la acción de Justicia», abundó.
Luego, el juez refirió que el acusado dio tres versiones distintas del hecho y que su descargo en determinados tramos y cuestiones puntuales «carece de espontaneidad verosimilitud».
«La sola voz de A. E. M. M., relatando hechos poco creíbles, por un lado, y contradictorios con respecto a las pruebas que se han acumulado, demuelen cualquier estructura seria que pretenda responsabilizar con certeza jurídica a una persona de la comisión de un delito», afirmó.
Por último, el magistrado dispuso la «inmediata libertad en forma provisional y bajo caución juratoria» del acusado.
En tanto, por el crimen de la adolescente continúa detenido Leonardo David Sena (39), quien, según el juez Giménez Vera, «es quien depositó su material genético en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino».
Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.
Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.
Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.
«El Cachila» fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo apresó como encubridor al concluir que «estuvo presente antes, durante y después del homicidio» de la adolescente.
Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.
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Caso Maradona: la Fiscalía pidió 12 años para Luque y habló de desamparo
Los fiscales de San Isidro acusaron a Luque, Cosachov y Forlini de homicidio simple con dolo eventual, pidieron penas de hasta 12 años de prisión y solicitaron la absolución de Di Spagna, el único que, según dijeron, hizo lo que había que hacer.
Doce años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina. Ese es el pedido de la Fiscalía contra el neurocirujano Leopoldo Luque, el hombre que estaba al frente del equipo que debía cuidar a Diego Armando Maradona en sus últimos días. La acusación sostuvo que el ídolo fue dejado en una casa sin desfibrilador, sin ambulancia en la puerta y en manos de un grupo que nunca entendió que atendía a un paciente complejo.
Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentaron este jueves sus alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Además de Luque, pidieron 10 años de prisión para la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov; cinco años para el psicólogo Carlos Díaz; y cuatro años para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
Dolo eventual para tres, culpa para dos y una absolución
Ferrari fue preciso en la calificación. Sostuvo que Luque, Cosachov y Forlini «cometieron un homicidio simple con dolo eventual» en perjuicio de Maradona, mientras que Perroni y Almirón incurrieron en un «homicidio culposo». El fiscal aclaró que no pedirán la detención de los imputados, aunque solicitó que siga vigente la prohibición de salir del país.
El dato inesperado de la jornada fue la situación del médico clínico Pedro Di Spagna. La Fiscalía decidió no presentar cargos en su contra: Di Spagna vio a Maradona una sola vez, el 12 de noviembre de 2020, en el country San Andrés de Tigre, y cuando volvió el 18, el paciente no quiso recibirlo. «Es el único que hizo lo que había que hacer. Pedimos la absolución de Di Spagna», dijo Ferrari.
«Era vacío puro»: la casa de Tigre
La descripción del lugar donde Maradona pasó sus últimos días fue demoledora. Según Ferrari, la habitación de la casa del country San Andrés «no tenía nada», porque «no había abocats, ambú ni un desfibrilador», y en la puerta tampoco había una ambulancia. «Era vacío puro», resumió.
El fiscal calificó de «penosa» la internación domiciliaria y sostuvo que «los dos anillos de salud» no funcionaron: el primero, encabezado por Luque, Cosachov y Díaz; el segundo, comandado por Swiss Medical. Para Ferrari, los acusados «colocaron» a Maradona «en una situación de desamparo y librado de suerte» y ejecutaron acciones contrarias al arte de curar. «Maradona falleció por un edema, tenía tres litros de ascitis», recordó.
También apuntó contra el comportamiento de los acusados durante el debate: «Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que cuidaban a un paciente complejo». Recordó que en seis meses de juicio declararon más de 70 testigos en 50 audiencias, que Luque declaró «más de 12 veces» y que «nos intentaron hacer creer que Maradona murió súbitamente». «Hubo una desorganización absoluta», agregó.
No era un paciente sano
Iribarren se encargó de desarmar uno de los argumentos centrales de las defensas. Al repasar los antecedentes clínicos del astro, sostuvo que Maradona «no era un paciente sano después de la operación por el hematoma subdural en noviembre de 2020». «No tenía el corazón del toro como dijeron varias personas», expresó ante los jueces, y mencionó sus internaciones en la Clínica Olivos, el Sanatorio Ipensa, el Sanatorio Güemes y Fleni, entre otros centros de salud.
Las responsabilidades, una por una
Sobre Cosachov, Ferrari afirmó que «ignoró los signos de insuficiencia cardíaca» en el cuerpo de Maradona, que «no verificó la viabilidad de la internación domiciliaria» en Tigre y que canceló la visita del clínico Di Spagna prevista para el 19 de noviembre de 2020.
Respecto de Perroni, el fiscal sostuvo que «no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros a su cargo». Agregó que no reemplazó a los enfermeros que no tenían contacto con el paciente, que no reaccionó ante las comunicaciones de riesgo y que participó en la falsificación de las planillas de atención para simular controles inexistentes, lo que la Fiscalía denominó «las huellas del después».
En cuanto a Almirón, Ferrari señaló que «no advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca», consignó falsamente que el paciente había sido revisado y no hizo el cambio de guardia según el protocolo. «El 25 del 11 no realizó los controles vitales que hubiesen permitido salvar la vida del paciente», sostuvo. Almirón fue el único de los acusados que no estuvo en la audiencia: su defensor, Franco Chiarelli, explicó que sufrió un «accidente con su bebé».
Dos versiones sobre una agonía
La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante 12 horas y que murió a raíz de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada. Las defensas, en cambio, insisten en que se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible. El punto de discusión no es menor: de esa diferencia depende si la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino fue una fatalidad o la consecuencia de un abandono.
En la sala estuvieron Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto a Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, además de los abogados querellantes Fernando Burlando, Félix Linfante, Mario Baudry, Eduardo Ramírez, Gustavo Pascual y Fabián Améndola. El juicio es el segundo intento de la Justicia por llegar a una sentencia: el primer debate fue anulado en 2025 tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach, que participaba de un documental sobre el caso.
Tras la Fiscalía, será el turno de las querellas, que comenzarán con el abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, y continuarán el martes 13 y el miércoles 14. Las defensas alegarán el 20, 21 y 22 de octubre. El juez Gaig advirtió que no admitirá «interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones» y que no se permitirá una nueva producción extensa de la prueba.
Lo que tenés que saber:
- La Fiscalía pidió 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para Leopoldo Luque.
- Para Nancy Forlini pidió 10 años; para Agustina Cosachov, ocho; para Carlos Díaz, cinco; y para Mariano Perroni y Ricardo Almirón, cuatro.
- Luque, Cosachov y Forlini fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual; Perroni y Almirón, de homicidio culposo.
- Los fiscales pidieron la absolución del clínico Pedro Di Spagna y no solicitaron la detención de los imputados.
- Las querellas alegan desde este jueves y las defensas lo harán el 20, 21 y 22 de octubre.
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