La fiscal que investiga el crimen de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, apeló hoy la absolución del cuida coches que estuvo detenido e imputado de encubrir el homicidio y que fue liberado la semana pasada por falta de pruebas.

Medios periodísticos de Uruguay, como el diario El País y el portal de noticias Subrayado, indicaron esta tarde que la apelación fue presentada por la fiscal de Rocha, Jéssica Pereira, en contra del fallo dictado por el juez letrado del 1er.Turno de ese distrito, Juan Giménez Vera, y que benefició a Ángel Moreira, alias «El Cachila».

De acuerdo a la prensa local, al apelar la absolución, la fiscalía reitera su pedido de condena a diez años de prisión por encubrimiento.

Moreira recuperó la libertad el lunes de la semana pasada y al hacerlo dijo en declaraciones a Subrayado: «La pasé mal, casi me mataron, pero bueno, la fui llevando. Pasé dos meses en el calabozo durmiendo en una bolsa de basura».

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a estar imputado y detenido por el crimen, «El Cachila» explicó que lo «llevaron drogado, hasta las manos» a declarar: «Dije cosas que no debí decir».

«Nunca tuvieron pruebas contra mí», indicó Moreira, quien recordó que hace «tres años y medio» no puede ver a sus hijos y que durante ese tiempo también sufrió distintos problemas de salud.

«El Cachila» recuperó la libertad luego de ser absuelto por el juez Giménez Vera, quien en un fallo de 58 páginas, sostuvo que «no existe medio probatorio alguno» que posibilite responsabilizar a Moreira del delito de «encubrimiento, ni de cualquier otra conducta penalmente reprochable».

También remarcó que el peritaje psiquiátrico a «Cachila» arrojó que «presenta una tendencia a la mitomanía».

«La conducta de A. E. M. M. (iniciales de Moreira) no resulta atrapada en el tipo penal del delito de encubrimiento, dado que no conoció la existencia del delito anterior, ni ayudó, colaboró contribuyó o facilitó a su autor, con la finalidad de sustraerlo de la acción de Justicia», abundó.

Luego, el juez refirió que el acusado dio tres versiones distintas del hecho y que su descargo en determinados tramos y cuestiones puntuales «carece de espontaneidad verosimilitud».

«La sola voz de A. E. M. M., relatando hechos poco creíbles, por un lado, y contradictorios con respecto a las pruebas que se han acumulado, demuelen cualquier estructura seria que pretenda responsabilizar con certeza jurídica a una persona de la comisión de un delito», afirmó.

Por último, el magistrado dispuso la «inmediata libertad en forma provisional y bajo caución juratoria» del acusado.

En tanto, por el crimen de la adolescente continúa detenido Leonardo David Sena (39), quien, según el juez Giménez Vera, «es quien depositó su material genético en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino».

Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

«El Cachila» fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo apresó como encubridor al concluir que «estuvo presente antes, durante y después del homicidio» de la adolescente.

Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.