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Judiciales ⚖️

Google hablo de la libertad de expresión tras el fallo de la Corte

Desde 2014, Google retiró el 48,6% de las URL reclamadas, de acuerdo a las directrices del grupo de trabajo sobre la implementación de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido, las del Comité Europeo de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en 2014, el «derecho al olvido», en un litigio que enfrentó a Google con la Agencia Española de Protección de Datos, tras determinar que los buscadores de Internet debían eliminar de sus listas de resultados los links que llevaban a datos personales en páginas web publicadas por terceros, cuando el afectado por esos datos lo hubiere solicitado.

Desde 2014, Google retiró el 48,6% de las URL reclamadas, de acuerdo a las directrices del grupo de trabajo sobre la implementación de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido, las del Comité Europeo de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin embargo, en muchos casos la empresa no cumplió con esta reglamentación a pesar de que en 2018 comenzó a regir en toda la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por medio del cual los demandantes podían exigirle a Google suprimir los reportes negativos sobre su persona.

En tanto, tras denunciar a Google, en algunos casos con multas de hasta diez millones de euros, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) señaló en 2022 el “desordenado” proceso que deben seguir quienes deseen no figurar en las bases de datos del buscador.

Por su parte, la empresa destacó “trabajar intensamente para implementar el derecho al olvido en Europa y mantener un equilibrio entre el derecho de las personas a acceder a la información y el derecho a la privacidad”, según reportó el sitio web de El País.

Investigación 🔎

ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones bajo la gestión Spagnuolo

Un informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló diferencias de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas clave del organismo. Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025 mientras parte de los compromisos se abonó sin pasar por los controles administrativos obligatorios.

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El agujero negro de la Andis: más de $158.000 millones en diferencias contables y una causa por coimas del 20%.

Más de $158.000 millones en diferencias contables no justificadas, pagos millonarios sin respaldo documental y una causa judicial que investiga sobreprecios y posibles coimas de hasta el 20%: eso es lo que dejó al descubierto la auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) después de la salida de su conductor.

La intervención del organismo elaboró el informe tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025. El trabajo examinó la gestión hasta esa fecha y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, nómina de empleados y declaraciones juradas.

$158.717 millones que nadie puede explicar

El eje del informe es contundente: «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible», según consigna el propio documento. La cifra surge de comparar la información entregada por dos áreas con responsabilidad directa sobre las finanzas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud.

Fue precisamente la Dnass la que informó el monto de deuda más elevado. Y fue también la Dnass la que, según el informe, presentó posibles imprecisiones en los datos entregados: desde esa dirección advirtieron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una explicación que los auditores no consideraron suficiente para cerrar el caso.

Pagos sin control previo y la figura del «legítimo abono»

La auditoría también puso el foco en la utilización del mecanismo conocido como legítimo abono, una figura que permite pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En otras palabras: primero se entrega el servicio, después se busca la forma de pagarlo, saltando los controles que el Estado establece para garantizar transparencia y competencia en las compras.

El informe señaló que hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios. Los auditores no identificaron en detalle cuáles fueron los pagos efectuados bajo esa figura, pero revelaron un dato que habla por sí solo: los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Una causa judicial que avanza sobre posibles coimas

La Dnass no solo está en el centro del desfasaje contable. También es objeto de una investigación judicial que conduce el fiscal Franco Picardi, quien analiza un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra. Según la acusación fiscal, esos procesos habrían presentado sobreprecios y deficiencias graves en los procedimientos administrativos.

La causa judicial que involucra a Spagnuolo suma así una nueva dimensión: ya no se trata solo de irregularidades contables sino de una posible estructura de corrupción que habría operado durante su conducción del organismo. La justicia federal rechazó además el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente, según trascendió de fuentes judiciales, lo que mantiene activa una de las líneas de investigación más sensibles del caso.

Lo que tenés que saber

  • La auditoría detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda de la DPYC y la Dnass en la ex Andis.
  • Los prestadores de medicamentos e insumos cobraron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
  • Parte de esos pagos se realizó bajo la figura de legítimo abono, sin los controles administrativos previos obligatorios.
  • El fiscal Franco Picardi investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra de la Dnass.
  • La justicia rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente.
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