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Judiciales

Google hablo de la libertad de expresión tras el fallo de la Corte

Desde 2014, Google retiró el 48,6% de las URL reclamadas, de acuerdo a las directrices del grupo de trabajo sobre la implementación de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido, las del Comité Europeo de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en 2014, el «derecho al olvido», en un litigio que enfrentó a Google con la Agencia Española de Protección de Datos, tras determinar que los buscadores de Internet debían eliminar de sus listas de resultados los links que llevaban a datos personales en páginas web publicadas por terceros, cuando el afectado por esos datos lo hubiere solicitado.

Desde 2014, Google retiró el 48,6% de las URL reclamadas, de acuerdo a las directrices del grupo de trabajo sobre la implementación de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido, las del Comité Europeo de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin embargo, en muchos casos la empresa no cumplió con esta reglamentación a pesar de que en 2018 comenzó a regir en toda la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por medio del cual los demandantes podían exigirle a Google suprimir los reportes negativos sobre su persona.

En tanto, tras denunciar a Google, en algunos casos con multas de hasta diez millones de euros, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) señaló en 2022 el “desordenado” proceso que deben seguir quienes deseen no figurar en las bases de datos del buscador.

Por su parte, la empresa destacó “trabajar intensamente para implementar el derecho al olvido en Europa y mantener un equilibrio entre el derecho de las personas a acceder a la información y el derecho a la privacidad”, según reportó el sitio web de El País.

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Santa Fe

Santa Fe: organismos de DDHH cuestionaron designación de policía retirado en Seguridad

El gobernador Omar Perotti puso hoy en funciones a Rubén «Tigre» Rimoldi, un jefe policial retirado en 2008, tras aceptar anoche la renuncia a la cartera de Seguridad de Jorge Lagna, quien dejó el cargo en un contexto de aumento de la violencia letal.

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Organismos de Derechos Humanos, dirigentes políticos y legisladores cuestionaron hoy la decisión del gobierno de Santa Fe de designar al frente del Ministerio de Seguridad a un comisario general retirado, Rubén Rimoldi, elección que emparentaron con el «autogobierno» de la fuerza de seguridad.

El gobernador Omar Perotti puso hoy en funciones a Rubén «Tigre» Rimoldi, un jefe policial retirado en 2008, tras aceptar anoche la renuncia a la cartera de Seguridad de Jorge Lagna, quien dejó el cargo en un contexto de aumento de la violencia letal.

El Espacio Juicio y Castigo, que integran organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones políticas, gremiales, sociales y culturales de la ciudad de Rosario, manifestó que «la retrograda designación de un ministro exagente policial con antecedentes de persecución a militantes en cumplimiento de funciones públicas, expresa una definición política alejada de las grandes y acuciantes necesidades y urgencias de nuestro pueblo».

En un comunicado consideraron que «los gravísimos hechos contra la vida, la libertad y la seguridad (que sufre la ciudad) obligan a definiciones de mayor pluralidad y democratización en todos los ámbitos del Estado, más urgente aún en materia de seguridad pública».

La directora de Capacitación del Ministerio de Defensa de la Nación, Franca Bonifazzi, recordó hoy en su cuenta de Twitter que el nuevo ministro «siendo secretario de Seguridad Pública de la localidad de Casilda en 2012, nos envió la policía para impedir una actividad el 24 de Marzo en el marco de la semana de la memoria, que estábamos haciendo una pegatina con pañuelos de Abuelas de Plaza de Mayo».

A su vez, la directora del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, Alicia Gutiérrez, consideró «un retroceso el nombramiento de un comisario retirado como Ministro de Seguridad» luego de «más de 20 años de civiles en el cargo».

«Es un retroceso muy importante el de volver a recurrir al autogobierno de la Policía», abundó la funcionaria.

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT), Leandro Busatto, sostuvo por su parte en declaraciones Radio Nacional Rosario que «renunciar a la conducción civil de la fuerza de seguridad es un retroceso».

Su par en la Cámara baja provincial, Carlos del Frade (Frente Social y Popular), coincidió en que la designación de Rimoldi implica otorgarle «todo el poder a la Santafesina», lo que consideró «un retroceso en relación al concepto de seguridad democrática».

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