Región
Asesinan a seis presos acusados del crimen de un candidato presidencial en Ecuador
Murieron en medio de «disturbios» registrados en una cárcel de la ciudad de Guayaquil.
Seis colombianos presos en Ecuador por la causa del asesinado del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados en medio de «disturbios» registrados en las últimas horas en una cárcel de la ciudad de Guayaquil, escenario frecuente de sangrientos choques entre bandas narco.
El órgano estatal a cargo de las prisiones (SNAI) aseguró en un comunicado que los reclusos en la cárcel Guayas 1 «son de nacionalidad colombiana y estaban imputados por el asesinato» del candidato, ocurrido el 9 de agosto en Quito.
Villavicencio, que había sido miembro de la Asamblea Nacional (Parlamento) y experiodista, fue asesinado a tiros cuando salía de encabezar un acto en el norte de la capital, a pocas semanas de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto.
«El Gobierno nacional condena este hecho y ratifica su voluntad política para colaborar con las investigaciones pertinentes a fin de identificar a los responsables intelectuales del crimen del excandidato», añadió el SNAI.
Por el crimen estaban arrestadas 13 personas, mientras que otro joven colombiano acusado de disparar al político fue abatido por guardaespaldas.
El mandatario Guillermo Lasso, quien el jueves viajó a Nueva York por asuntos personales, anunció por la red social X, antes Twitter, que «en las próximas horas» regresará a Ecuador «para atender esta emergencia».
«Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad», añadió el mandatario y ordenó «sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad».
Lasso tenía previsto ir de Nueva York a Seúl en visita oficial a partir de hoy para impulsar la negociación de un acuerdo comercial, recordó la agencia de noticias AFP.
Esta matanza de presos se produce días antes del balotaje presidencial entre la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa el 15 de octubre.
La Guayas 1 es una de las cinco cárceles de un gran complejo penitenciario ubicado en Guayaquil (suroeste del país) que se transformó en centro de operaciones de las bandas narcotraficantes desde donde se disputan el negocio de la droga. Los choques entre reclusos dejaron más de 430 fallecidos desde 2021.
Medios locales informaron que el pabellón 7, donde ocurrió la última matanza, está controlado por Los Águilas, una de las varias bandas ecuatorianas aliadas con carteles de México, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y de Colombia.
Ecuador termina una campaña presidencial sacudida por la violencia política y la guerra del narco: además de Villavicencio, otros siete políticos fueron asesinados en el último año, entre ellos un alcalde, dos concejales municipales, un aspirante a diputado y un dirigente local.
El presidenciable Noboa instó al gobierno a investigar la muerte de los reclusos.
«¿Cómo pudimos permitir el empoderamiento de la violencia que tiene sumido al país entero en el terror y la incertidumbre?», preguntó en un comunicado.
Su rival, la correísta González, aseguró que existe una «estrategia de terror que intentan imponer a la ciudadanía».
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador había logrado esquivar la violencia de las mafias. Pero desde hace unos años, los carteles imponen el terror con un aumento de la violencia dentro de las cárceles y matanzas que dejan decenas de cuerpos desmembrados e incinerados.
En las calles, los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, trepando al récord de 26 por cada 100.000 habitantes.
Esa tasa en el país dolarizado y con 16,9 millones de habitantes de acuerdo con el censo de 2022, será de hasta 40 este año, según expertos.
Los disturbios en la penitenciaría guayaquileña se dieron en medio de un estado de excepción decretado en julio para todas las cárceles del país, ante la violencia entre presos.
Esa medida, que fue extendida hasta casi finales de octubre, permite al Gobierno movilizar militares hacia los centros penales.
El estado de excepción fue impuesto luego de choques entre reclusos de la Guayas 1, que dejaron decenas de víctimas.
La Policía informó entonces sobre el hallazgo en la penitenciaría de once cadáveres y 29 piezas humanas, mientras que la fiscalía reportó 31 fallecidos.
Investigación 🔎
Rodrigo Paz admitió el vínculo con Cerimedo pero negó que tuviera funciones oficiales
El presidente boliviano reconoció que el estratega argentino colaboró en su campaña y en los primeros tramos de su gestión, pero descartó que haya existido contrato, relación laboral o autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia. Las declaraciones contrastan con la versión de Nadia Beller, quien describió a Cerimedo como un poder paralelo dentro del Ejecutivo.
Diez días después del ataque armado contra Nadia Beller, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio que mantuvo desde el 17 de agosto y publicó un video de cuatro minutos en el que reconoció el vínculo con Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza, pero trazó una línea clara entre la colaboración informal en campaña y cualquier forma de representación institucional.
«Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral», afirmó Paz en la grabación. Según el mandatario, esa colaboración se extendió también a los primeros tramos de su gestión, pero nunca derivó en una relación formal.
«Jamás tuvo autorización para representar al Estado»
«Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno», reconoció Paz. Sin embargo, subrayó que esa participación no implicó vínculo contractual ni mandato institucional de ningún tipo. «Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales», sostuvo.
El presidente fue categórico al delimitar las atribuciones que Cerimedo nunca tuvo: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia», afirmó, según un amplio informe de Xinhua. Paz aclaró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con mandato institucional expreso.
La versión de Beller y el contraste con el relato oficial
Las declaraciones del mandatario chocan de frente con el relato que Beller construyó públicamente desde que fue atacada. La abogada y expareja de Cerimedo aseguró ante los medios que el consultor argentino operaba como una suerte de «presidente en la sombra» dentro del Gobierno de Paz, y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.
Beller también señaló que Cerimedo estaba involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que respondía al consultor, y pagos a legisladores para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Estas denuncias forman parte de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia boliviana, en la que Beller fue citada como testigo.
Cerimedo, detenido en Palmasola con tres causas abiertas
Cerimedo permanece en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple seis meses de prisión preventiva por ser considerado el presunto autor intelectual del ataque contra Beller, que derivó en una imputación por tentativa de feminicidio. A esa causa se suman el proceso por enriquecimiento ilícito y un tercero por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.
El mandatario boliviano aseguró que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente. Por su parte, Beller anunció que aportará nuevas pruebas en la causa y que está dispuesta a declarar también en la Argentina, donde la investigación sobre Cerimedo tiene ramificaciones vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Puntos clave
- Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña y en el inicio de su gestión, pero negó todo vínculo contractual o representación institucional.
- El presidente boliviano afirmó que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para hablar en nombre del Estado, la Presidencia o su familia.
- Beller sostuvo, en contraposición, que el consultor operaba como un poder paralelo e intervenía en decisiones del Ejecutivo.
- Cerimedo enfrenta tres causas penales simultáneas en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
- Beller confirmó que aportará nuevas pruebas y que está dispuesta a declarar en Argentina, donde el caso tiene conexiones con la causa ANDIS.
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