Seis colombianos presos en Ecuador por la causa del asesinado del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados en medio de «disturbios» registrados en las últimas horas en una cárcel de la ciudad de Guayaquil, escenario frecuente de sangrientos choques entre bandas narco.

El órgano estatal a cargo de las prisiones (SNAI) aseguró en un comunicado que los reclusos en la cárcel Guayas 1 «son de nacionalidad colombiana y estaban imputados por el asesinato» del candidato, ocurrido el 9 de agosto en Quito.

Villavicencio, que había sido miembro de la Asamblea Nacional (Parlamento) y experiodista, fue asesinado a tiros cuando salía de encabezar un acto en el norte de la capital, a pocas semanas de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto.

«El Gobierno nacional condena este hecho y ratifica su voluntad política para colaborar con las investigaciones pertinentes a fin de identificar a los responsables intelectuales del crimen del excandidato», añadió el SNAI.

Por el crimen estaban arrestadas 13 personas, mientras que otro joven colombiano acusado de disparar al político fue abatido por guardaespaldas.

El mandatario Guillermo Lasso, quien el jueves viajó a Nueva York por asuntos personales, anunció por la red social X, antes Twitter, que «en las próximas horas» regresará a Ecuador «para atender esta emergencia».

«Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad», añadió el mandatario y ordenó «sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad».

Lasso tenía previsto ir de Nueva York a Seúl en visita oficial a partir de hoy para impulsar la negociación de un acuerdo comercial, recordó la agencia de noticias AFP.

Esta matanza de presos se produce días antes del balotaje presidencial entre la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa el 15 de octubre.

La Guayas 1 es una de las cinco cárceles de un gran complejo penitenciario ubicado en Guayaquil (suroeste del país) que se transformó en centro de operaciones de las bandas narcotraficantes desde donde se disputan el negocio de la droga. Los choques entre reclusos dejaron más de 430 fallecidos desde 2021.

Medios locales informaron que el pabellón 7, donde ocurrió la última matanza, está controlado por Los Águilas, una de las varias bandas ecuatorianas aliadas con carteles de México, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y de Colombia.

Ecuador termina una campaña presidencial sacudida por la violencia política y la guerra del narco: además de Villavicencio, otros siete políticos fueron asesinados en el último año, entre ellos un alcalde, dos concejales municipales, un aspirante a diputado y un dirigente local.

El presidenciable Noboa instó al gobierno a investigar la muerte de los reclusos.

«¿Cómo pudimos permitir el empoderamiento de la violencia que tiene sumido al país entero en el terror y la incertidumbre?», preguntó en un comunicado.

Su rival, la correísta González, aseguró que existe una «estrategia de terror que intentan imponer a la ciudadanía».

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador había logrado esquivar la violencia de las mafias. Pero desde hace unos años, los carteles imponen el terror con un aumento de la violencia dentro de las cárceles y matanzas que dejan decenas de cuerpos desmembrados e incinerados.

En las calles, los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, trepando al récord de 26 por cada 100.000 habitantes.

Esa tasa en el país dolarizado y con 16,9 millones de habitantes de acuerdo con el censo de 2022, será de hasta 40 este año, según expertos.

Los disturbios en la penitenciaría guayaquileña se dieron en medio de un estado de excepción decretado en julio para todas las cárceles del país, ante la violencia entre presos.

Esa medida, que fue extendida hasta casi finales de octubre, permite al Gobierno movilizar militares hacia los centros penales.

El estado de excepción fue impuesto luego de choques entre reclusos de la Guayas 1, que dejaron decenas de víctimas.

La Policía informó entonces sobre el hallazgo en la penitenciaría de once cadáveres y 29 piezas humanas, mientras que la fiscalía reportó 31 fallecidos.