El proyecto gubernamental de reforma al sistema jubilatorio de Uruguay fue severamente cuestionado hoy por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilización que hizo la central única de trabajadores, el PIT-CNT, que denunció que la iniciativa, que ya tiene media sanción, significa la pérdida de derechos para los sectores mayoritarios.

“Cada vez queda más claro que la reforma es perjudicial para los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador«, advirtió el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdal, sobre la iniciativa que propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, en un proceso gradual que no abarca a toda la población.

Fue mientras miles de uruguayos, que se habían concentrado en la explanada de la Universidad de la República, en el centro de Montevideo, avanzaban hacia la sede del Palacio Legislativo.

Se trataba de llevar un mensaje de protesta a los diputados, que tienen el texto en discusión y planean llevarlo al recinto la próxima semana, después de que a fin de año recibiera media sanción por parte del Senado.

En un breve diálogo con la agencia Télam, antes de su discurso, Abdala consideró «muy buena» la movilización. “Una acción bien importante de la clase trabajadora», expresó.

El dirigente alertó que la reforma «a contingentes masivos de la clase trabajadora le genera menos derechos, quitándole condiciones que no tienen nada que ver con las tradiciones del país”, y dejó en claro que “la seguridad social es un mecanismo para la protección de la gente, y no la resuelve la economía del mercado».

Este proyecto “implica un retroceso, mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la población vamos perdiendo derechos; la mayoría de la población no comparte esta reforma jubilatoria», insistió, según Caras y Caretas.

La iniciativa fue defendida, en cambio, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para quien la reforma que pretende aprobar el Gobierno no es perjudicial para los trabajadores. «Si no, no estaría de acuerdo», expresó en declaraciones a Canal 10.

Sumó que «extender la edad de jubilación es inevitable», y cuestionó al PIT-CNT y al Frente Amplio por criticar el proyecto sin presentar uno alternativo. «Nunca hubo un documento alternativo. Oponerse a algo es un bollo», afirmó, una expresión que en Uruguay significa que es sencillo.

Además de reiterar que los cambios en el sistema son “necesarios”, Mieres reseñó que el Ejecutivo recibió a 80 delegaciones «de todo tipo» para el armado del proyecto. «Es mucho más que el famoso diálogo que generó el Frente Amplio en el 2008», comparó.

El paro afectó a varios sectores, entre ellos la educación, la actividad bancaria, parcialmente al transporte y con fuerza a la salud.

Abdala señaló que la reforma afecta «también de todos otros sectores, como los pequeños empresarios, que tienen sus intereses vinculados a la demanda interna, al mercado interno».

«La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revolución tecnológica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible» y además «rebaja las jubilaciones», insistió.

«La lucha continúa», concluyó el referente de la central, según el sitio del diario El País.

Desde el escenario, el secretario de Organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, calificó de “brutal y criminal” a la iniciativa oficialista, que, advirtió, rompe con «un pacto social construido durante décadas».

«La seguridad social es una conquista de la clase obrera, una lucha que el campo popular dio frente a las injustas condiciones desiguales de la economía del mercado que tienen como leitmotiv buscar el lucro indiscriminado sin pensar en las vulnerabilidades sociales», repasó Méndez.

Para el dirigente de los trabajadores de la industria láctea, el objetivo del Gobierno de Luis Lacalle Pou es imponer el proyecto «como síntesis brutal al proceso de ajustes que viene tomando».

«Toma como bastión hoy esta reforma de jubilaciones y pensiones para seguir golpeando a los sectores populares y más vulnerables de nuestra sociedad», manifestó.

Por la Intersocial habló Lucía Padula, quien juzgó que con la iniciativa el gobierno “sigue demostrando que su administración favorece a los malla oro (clases adineradas) y pretende que todas las crisis las paguen los trabajadores y trabajadoras y sectores más vulnerables de la sociedad”.

El Ejecutivo “carece de perspectiva de género, ignora las disidencias, a personas en situación de discapacidad y a las niñeces, dejando afuera varias aristas de la seguridad social que no se resumen en las pensiones y jubilaciones, que es a lo que está dedicado los más de 300 artículos de este proyecto”, alertó Padula.

La movilización coincidió con el anuncio del oficialismo de que aceptará 11 cambios en el texto salido del Senado, la mayoría propuestos por el Partido Colorado -integrante de la alianza gobernante- y aceptados tras la visita que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hizo ayer a las comisiones de Diputados.

Algunas modificaciones tienen que ver con limitar las inversiones en el exterior de las administradoras de fondos, con prohibir a futuros gobiernos cambiar la edad jubilatoria sin aval del Congreso y con reducir la cantidad de años de residencia en el país exigidas a los migrantes para poder acceder a una pensión.