Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se mantenían en el sur de Perú, donde una persona falleció hoy por la represión policial, con lo que la cifra de muertos desde diciembre se elevó a al menos 46, mientras en Lima las autoridades ingresaron a la fuerza a la universidad de San Marcos donde se alojaban decenas de manifestantes que habían viajado hasta la capital para la «toma de Lima».

«Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver», dijo a la agencia de noticias AFP Jacinto Ticona, defensor del pueblo de Ilave, en Puno, en el sur del país.

«Invocamos a la policía a que no haga uso desproporcional de la fuerza», agregó.

La represión de las protestas del viernes en Ilave desató el enojo de la población, que en la madrugada de hoy quemó la comisaría de esa ciudad.

Los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas de seguridad dejaron además 10 heridos, según fuentes hospitalarias.

Imágenes viralizadas en las redes sociales mostraron cómo policías disparaban al cuerpo a manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3.800 metros de altitud, cerca del lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.

Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.

En tanto, en Lima, la policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar.

El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que fueron 205 las personas detenidas durante la intervención de la Policía en el recinto universitario, según recoge la emisora RPP.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a «asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso» y recalcó que llevar a los detenidos «ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas».

Abogados de la región Puno que llegaron al lugar, como Efraín Sullca, denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores. Los manifestantes habían dormido ahí a pesar de la negativa de la institución.

Según dijo la universidad en un comunicado, la Policía actuó «de oficio» porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.

Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Las protestas dejan hasta el momento 46 muertos, 45 manifestantes y un policía, desde que estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.

Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

El 7 de diciembre el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

Desde entonces y hasta ayer, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior (Mininter), Vicente Romero Fernández.

Durante una conferencia de prensa ofrecida a última hora de ayer, el titular del Mininter estimó que hay al menos 3.700 manifestantes distribuidos en distintos puntos de la capital, participando en la denominada «Toma de Lima».

Así, el ministro del Interior afirmó que solo este viernes se registraron 11 detenciones durante las manifestaciones en Lima y otros puntos del país, elevando la cifra a 378 detenidos en total, reportó el sitio web RPP.

En la víspera, el general PNP Víctor Zanabria, jefe de la región Lima, informó que, entre el jueves 19 y viernes 20 de enero, al menos 40 personas fueron detenidas en flagrancia por generar disturbios y daños a la propiedad privada y pública durante las protestas que se registran en la capital.

La tensión entre los manifestantes que reclaman la renuncia de Boluarte y la Policía volvió a escalar ayer en varios puntos del país. En Cusco se registró la toma e incendio parcial de las instalaciones de la mina Antapaccay y también se reportó otro incendio en un centro binacional en la frontera con Bolivia.

Las protestas llevaron a que se cerrara el acceso a la ciudadela inca de Machu Picchu, el principal atractivo turístico del país.

«Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes», informó hoy el Ministerio de Cultura y señaló que la medida regirá «hasta nuevo aviso».

La medida se toma después de que fuera suspendido el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu por daños en las vías, supuestamente causados por manifestantes.

Al menos 400 turistas quedaron varados en Aguas Calientes/MachuPicchu, el pueblo al pie de la montaña de la ciudadela inca, que es una joya turística de Perú.

Tras la masiva manifestación del jueves en Lima, la presidenta Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país.

«La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho (…) El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca», aseguró.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.