Un famoso hacker reveló hoy ante una comisión del Congreso de Brasil que el expresidente Jair Bolsonaro le prometió el año pasado un indulto luego de contratarlo para simular un fraude con las urnas electrónicas, desacreditar a la justicia electoral y crear un escenario político para desconocer la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da SIlva.

Además, causó conmoción en el mundo político al afirmar que el ultraderechista le aseguró que servicios de inteligencia extranjeros habían espiado el teléfono del juez Alexandre de Moraes, jefe de la justicia electoral y miembro del Supremo Tribunal Federal, para intentar reunir datos y filtrar algún escándalo que lo inhabilitara como magistrado antes de los comicios de 2018

Walter Delgatti es un hacker que se hizo famoso por haber estado detrás de una filtración de chats privados de los fiscales de la Operación Lava Jato que sacó a la luz la manipulación política que se ejerció del proceso judicial para detener a Lula en 2018 y proscribirlo de las elecciones de aquel año, que ganó Bolsonaro.

«Bolsonaro me prometió el indulto por los delitos que pueda cometer con este trabajo; yo sabía que era un delito, pero era una orden del presidente de la República», dijo Delgatti ante la comisión parlamentaria que investiga los actos golpistas del 8 de enero, en un testimonio que compromete al excapitán del Ejército en varios delitos.

El hombre, que está detenido desde el 2 de agosto, reveló que el exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira, le daba órdenes para intentar detectar algún problema en el sistema electoral.

Comentó que fue cinco veces al Ministerio de Defensa para dialogar con técnicos de las Fuerzas Armadas sobre cómo se podía violar el sistema electoral. «No se puede», dijo Delgatti, que aseguró que el sistema no puede ser invadido, ya que el código fuente está offline.

Incluso Delgatti contó que Bolsonaro le dijo en una conversación telefónica intermediada por la diputada Carla Zambelli, de extrema derecha, que el gobierno había infiltrado micrófonos para escuchar al juez Moraes, a cargo ahora de las causas por los actos golpistas.

«Bolsonaro me dijo que un país extranjero había conseguido filtrar a Moraes. Que tendría conversaciones comprometedoras y que yo debía asumir la autoría de ese espionaje por la credibilidad que tuve en el caso de Lava Jato», contó Delgatti.

«Bolsonaro me dio carta blanca para actuar en la ilegalidad», durante una reunión en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, agregó.

También dijo que recibió 40.000 reales (unos 9.000 dólares) por parte la diputada Zambelli como adelanto para colaborar y recibió la promesa de convertirse en empleado del Gobierno en caso de reelección de Bolsonaro.

El caso promete sumar más presión a la situación judicial del exmandatario.

«Este es un día importante para la República porque estamos frente a una acusación clara e histórica contra el expresidente. La extrema derecha no cabe dentro de la democracia», afirmó el diputado Pastor Henrique Veira, del Partido Socialismo y Libertad, durante su participación en la comisión parlamentaria.

Delgatti ya había estado detenido hasta el año pasado por haber sido el hacker del caso Vaza Jato, un gigantesco escándalo que terminó con las carreras judiciales de los fiscales y del exjuez Sérgio Moro, que se alió a Bolsonaro y hoy es senador.

En la sesión de hoy, Moro intervino para defender a Bolsonaro recordando delitos por estafa con tarjetas de crédito de Delgatti.

«Sos un criminal tenaz, vi todos sus crímenes», expresó Delgatti, y Moro le respondió que el hacker era «tan inocente como Lula», en lo que fue el momento de mayor tensión de la sesión, donde el bolsonarismo brilló por su ausencia para rebatir las denuncias.

Delgatti, residente en Araraquara, interior de San Pablo, es un personaje que siempre estuvo en el submundo de Internet y que cuando logró ingresar al Telegram del exfiscal Deltan Dallagnol entregó al sitio The Intercept los contenidos, con lo cual se conoció el lawfare ejercido contra Lula con una organización criminal instalada en el Poder Judicial de la ciudad de Curitiba.

A raíz de este caso se anularon las condenas contra Lula por manipulación política y la Operación Lava Jato fue calificada de «Stasi», en referencia a la policía secreta de la Alemania oriental, por el juez de la corte suprema Gilmar Mendes.

En las últimas semanas Bolsonaro fue inhabilitado hasta 2030 por haber utilizado al Estado en campañas falsas contra el sistema electoral, argumento que sirvió para sus seguidores intentara un golpe el 8 de enero con el asalto a los poderes en Brasilia.

El expresidente se encuentra investigado además por varios delitos, entre ellos el escándalo por contrabando y robo de joyas recibidas por la presidencia.

Anoche, su abogado defensor, Frederick Wassef, fue objeto de un operativo de la Policía Federal en un restaurante de San Pablo, donde le confiscaron el teléfono celular.

Wasseff confesó que este año compró un Rolex en una tienda de subastas de Estados Unidos que había vendido el entorno de Bolsonaro y que era un regalo de Barhéin para la Presidencia de Brasil.

Incluso fue detenido el exjefe de la Policía Caminera Federal Silvinei Vásques por haber realizado operativos contra votantes de Lula en las rutas del nordeste cuando se estaban trasladando para votar en el balotaje del 30 de octubre que lo enfrentó a Bolsonaro.

La diputada Jandira Feghali, del Partido Comunista de Brasil, pidió convocar al exministro Nogueira al sostener que Bolsonaro es el principal responsable de haber utilizado el Estado para fraguar las elecciones.

El caso ocurre en medio del avance en diversos frentes de causas contra los actos golpistas del 8 de enero.

En la madrugada de hoy al menos ocho personas, entre ellos un pastor evangelista, una cantante góspel y empresarios, fueron detenidas en Brasil acusadas de organizar y financiar la movilización de seguidores de Bolsonaro contras las sedes de los tres poderes.

La acción fue llevada a cabo por la Policía Federal (PF) con 16 órdenes de allanamiento en los estados de Santa Catarina, Bahia, Goiás, Paraiba, Paraná y Brasilia, autorizada por el juez Moraes.

Es parte del operativo del máximo tribunal para sancionar a los autores, organizadores e ideólogos de los ataques del 8 de enero.

A modo de nombre en clave para movilizar a los manifestantes sin levantar sospechas, los bolsonaristas prepararon los hechos en las redes sociales bajo la expresión «Festa da Selma», o Fiesta de Selma, en un juego de palabras con «selva», término que en el argot militar significa “grito de guerra”, y con el cual el Ejército brasileño convoca a un ataque.

Según la cadena de noticias GloboNews, uno de los detenidos es el pastor evangelista Dirlei Paiz, de Blumenau, enclave de descendientes de alemanes en la sureña Santa Catarina, quien aparece en una foto en sus redes al lado de Jair Renán Bolsonaro, uno de los cinco hijos del expresidente, pidiendo un golpe de Estado con la intervención del Ejército.

En Goiania, capital del estado central de Goiás, fue detenida la llamada «cantante del golpe», Fernanda Olivier, vocalista góspel famosa por haber animado los acampes realizados por los bolsonaristas frente a los cuarteles para pedir un golpe de Estado tras el triunfo de Lula.