El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil ordenó este miércoles la prisión del congresista Daniel Silveira, aliado del presidente Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados, horas después de que se difundiera un video en el que hace apología del Acto Institucional 5 (AI-5), uno de los decretos que institucionalizó la tortura durante la última dictadura militar (1964-1985).

En las imágenes, Silveira, del Partido Social Liberal (PSL), también atacaba, señalando con nombres y apellidos, a seis jueces del STF, institución de la que pedía el cierre, una demanda declarada inconstitucional en Brasil.

Entre los señalados por Silveira, además del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, también estaba Edson Fachin, quien trabaja actualmente en una petición de libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre quien profirió diversos insultos como «canalla», «vagabundo», «mocoso», «mimado» y la «mierda del Supremo».

Antes del video, Silveira estaba siendo investigado por una sospecha de difusión de noticias falsas y otra de organizar y llevar a cabo actos antidemocráticos, según la agencia de noticias Europa Press.

El juez que lleva ambos casos es Alexandre de Moraes, quien también fue objeto de los ataques de Silveira en el video, en el que durante casi 20 minutos «además de agredir a los ministros del STF mediante amenazas y ofensas al honor, pide expresamente la adopción de medidas antidemocráticas contra sus miembros en defensa de la AI-5».

De Moraes, quien decretó su encarcelamiento, justificó la medida aclarando que Silveira no solo pidió «la inmediata reposición de todos los jueces» del STF, lo que es anticonstitucional, sino que alentó a «la adopción de medidas violentas contra sus vidas y seguridad, en clara afrenta a los principios democráticos, republicanos y la separación de poderes».

Por su parte, la defensa criticó el fallo alegando que supone un «grave atentado a la libertad» de expresión, puesto que su mensaje tiene un marcado carácter político.

«La detención del diputado no es solo un ataque a su inmunidad parlamentaria, sino también al mismo ejercicio de la libertad de expresión y a los principios básicos que rigen el proceso penal brasileño», apuntó la defensa.