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Balotaje en Perú: terminó el escrutinio y Castillo es el nuevo presidente electo
A pesar de que aún falta analizar impugnaciones, concluyó el escrutinio de las elecciones presidenciales y se coronó triunfante del balotaje del 6 de junio el sindicalista de izquierda Pedro Castillo, sobre Keiko Fujimori.
A pesar de que aún falta analizar impugnaciones, concluyó el escrutinio de las elecciones presidenciales y se coronó triunfante del balotaje del 6 de junio el sindicalista de izquierda Pedro Castillo, sobre Keiko Fujimori.
La autoridad electoral de Perú terminó este martes el escrutinio del balotaje presidencial del 6 de este mes, en el que el sindicalista de izquierda Pedro Castillo se impuso a la populista de derecha Keiko Fujimori, aunque aún faltaban otros trámites para su proclamación, en medio de una tensión agravada por la propuesta de anular esos comicios, hecha por algunas figuras relevantes y rechazada por la mayoría de dirigentes y especialistas.
Castillo aventajó a Fujimori por 44.058 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según publicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su sitio web, al terminar de contar todas las actas de votación.
El resultado es muy similar al de las elecciones presidenciales anteriores, en 2016, cuando el liberal Pedro Pablo Kuczynski venció en el balotaje a la misma Fujimori por 41.057 votos entre más de 17,1 millones de votos válidos (50,12% a 49,88%).
No obstante, para que Castillo sea proclamado presidente electo aún falta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva solicitudes de anulación de la votación en cientos de mesas, hechas por los dos candidatos debido a supuestas irregularidades en la confección de las respectivas actas.
El pleno del JNE continuaba esta tarde deliberando y votando sobre esas solicitudes, en audiencia pública y transmitida en directo por televisión y redes sociales. Pero en paralelo, el clima de crispación a que dio lugar la demora en la resolución del balotaje se vio exacerbado en las últimas horas por la propuesta de que el Congreso desconozca las últimas elecciones, llame a nuevos comicios e incluso reemplace al presidente Francisco Sagasti.
Esa idea fue sostenida, entre otros, por el congresista electo Jorge Montoya -vicealmirante retirado que presidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2008-, los exlegisladores Víctor García Belaunde y Jorge del Castillo, y el empresario y reciente ex candidato presidencial Rafael López Aliaga.
Montoya fue quien difundió ayer un pronunciamiento de más de 60 oficiales superiores retirados de las tres fuerzas armadas que cuestionaron la labor de la ONPE y el JNE, y que generó un rotundo rechazo del Ministerio de Defensa.
Entre los firmantes de esa declaración figuraron el expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez, de 99 años, y el también general Walter Martos, que fue jefe de gabinete y ministro de Defensa en 2019-20, cuando el presidente era el luego destituido Martín Vizcarra.
García Belaunde es el líder del partido de centro Acción Popular (AP, fundado por su tío, el dos veces presidente Fernando Belaunde Terry) y Del Castillo es uno de los principales dirigentes del Partido Aprista, heredero del APRA fundado por Víctor Haya de la Torre y después liderado por muchos años por el expresidente Alan García.
El diario limeño La República afirmó que la propuesta de desconocer las elecciones viola varios artículos de la Constitución y sostuvo que sus autores podrían ser hallados culpables de delitos tales como rebelión y sedición, que se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel.
“Lo que hay que hacer es tener confianza, no debemos precipitarnos, menos aun mostrar palabras indebidas como fraude, y respetar los resultados con calma y tranquilidad”, pidió este martes por la mañana el presidente Francisco Sagasti en Puerto Maldonado, en el departamento amazónico Madre de Dios.
“No podemos seguir sembrando dudas sobre el correcto desarrollo del proceso, debemos tener una actitud responsable sobre lo que informamos; deberíamos evitar la escalada de violencia, hacemos un llamado a las fuerzas políticas a respetar el orden institucional”, exhortó, por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, en declaraciones al canal estatal TV Perú.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, cardenal Pedro Barreto, también sostuvo que “uno de los primeros aspectos para salir de este atolladero es cumplir fielmente la voluntad popular, que se manifiesta por los organismos electorales”, en los que subrayó que tenía “confianza plena y total”, según la agencia de noticias Andina.
Con el aumento de la tensión, también se multiplicaron las voces que defienden el proceso electoral. “Muchos peruanos no hubieran querido estos resultados, pero nosotros fuimos los que decidimos, así que, por favor, les pido que asumamos la responsabilidad de nuestro voto, porque las reglas de juego han sido claras”, dijo el ex candidato presidencial Julio Guzmán, líder del Partido Morado al que pertenece Sagasti, tras visitar a Castillo, a quien reconoció como “presidente virtualmente electo”.
Por otra parte, abogados de Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) analizaban la posibilidad de interponer un recurso de amparo para obtener una medida cautelar que evitara la proclamación de Castillo como mandatario electo, aunque algunos de ellos admitieron que las decisiones del JNE “no son revisables”, según La República.
En ese contexto, la asociación civil Abogados Democráticos del Perú recusó a Luis Arce Córdova, uno de los magistrados del JNE, por “conflicto de intereses, falta de transparencia y parcialización” a favor de FP, y reclamó que se abstuviera de intervenir en “cualquier procedimiento administrativo electoral en el que la agrupación Perú Libre (PL, el partido de Castillo) sea parte”.
Más de una hora después de que se anunciara el final del escrutinio, ni Castillo ni Fujimori se habían pronunciado. “Nosotros, pacientemente, estamos esperando un resultado”, dijo el virtual presidente electo esta mañana, en una breve declaración a corresponsales extranjeros, en la que remarcó que desde su partido no se alentarían llamados para “tumbarse una elección”.
La última aparición pública de Fujimori fue el lunes por la noche, cuando anunció en Twitter la incorporación de Oscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, a su equipo de abogados.
Geopolítica 🌎
Treinta y dos años después: Rafecas procesó a ocho acusados por el atentado a la AMIA
El juez federal Daniel Rafecas dictó una resolución de más de 600 páginas que avanza sobre las máximas autoridades iraníes y un agente de Hezbollah, con embargos de US$ 500 millones para cada imputado. Es el paso previo al primer juicio oral en ausencia por la masacre que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994.
Ochenta y cinco muertos, 151 heridos y 32 años de impunidad. Ese es el peso que cargó la causa AMIA hasta este lunes, cuando el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses como responsables del atentado más letal de la historia argentina y dispuso embargos por US$ 500 millones para cada uno de los imputados.
La resolución, que supera las 600 páginas, fue dictada en el marco del régimen de juicio en ausencia establecido por la ley 27.784, instrumento que habilitó avanzar en el proceso pese a que los acusados permanecen prófugos en el extranjero y sus países de origen jamás los extraditaron ni los juzgaron. El fallo marca un punto de inflexión histórico: por primera vez, la justicia argentina pone nombre, cargo y responsabilidad penal sobre quienes ordenaron y ejecutaron la bomba que destruyó la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994.
La cadena de mando iraní en el banquillo
Según la reconstrucción incluida en el fallo, la decisión de perpetrar el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní, que encomendaron su ejecución a Hezbollah. La organización montó una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera.
Rafecas procesó como autores mediatos a cuatro funcionarios de la cúpula del gobierno iraní: Ali Fallahijan, quien entonces era ministro de Inteligencia; Ali Velayati, ministro de Relaciones Exteriores en ese período; Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds, el brazo de operaciones externas de esa fuerza de élite.
En la figura de cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní y que históricamente fue señalado como el articulador local del atentado; y Ahmad Asghari, identificado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah a quien el magistrado atribuyó la coordinación de la etapa final de la operación. Su rol resulta clave en la cadena operativa: fue quien, según el fallo, articuló el eslabón entre la planificación estratégica iraní y la ejecución en suelo argentino.
La mecánica del crimen: 300 kilos de explosivo y una Renault Trafic
La resolución reconstruye con precisión los pasos operativos del atentado. El 10 de julio de 1994, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic que fue acondicionada y cargada con 300 kilos de amonal y TNT. Ocho días después, el vehículo fue conducido hasta la sede de la AMIA y detonado, provocando el derrumbe del edificio y la muerte de 85 personas.
Los hechos fueron tipificados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. Rafecas fue más lejos aún en la calificación: encuadró el atentado como crimen de lesa humanidad y lo tipificó también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional, una decisión de enorme peso político y jurídico que proyecta la causa más allá de los límites del derecho penal doméstico.
Quiénes quedaron afuera y por qué
El juez dispuso la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, cuyas responsabilidades no alcanzaron el umbral probatorio requerido para el procesamiento. Tampoco se trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei, del histórico jefe de operaciones de Hezbollah Imad Mughniyeh ni de Ali Hussein Abdallah, dado que los tres fallecieron, según la resolución, en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.
El camino hacia el juicio oral
La resolución de Rafecas no es firme. La Defensa Oficial está habilitada para apelarla y, en ese caso, deberá recorrer las instancias superiores antes de quedar confirmada. Si el procesamiento queda en pie, el juzgado correrá vista a las partes para avanzar hacia el primer juicio oral y público bajo el régimen de ausencia en la causa AMIA, una instancia que la Argentina lleva tres décadas intentando alcanzar.
La ley 27.784 fue precisamente el instrumento que desbloqueó esa posibilidad: permite juzgar a personas que no se encuentran en el país y que sus estados de origen se niegan a entregar. La aplicación de ese régimen a la causa AMIA convirtió lo que parecía un obstáculo procesal permanente en un mecanismo viable para la búsqueda de verdad y justicia.
Lo que tenés que saber
- El juez Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA y dispuso embargos de US$ 500 millones para cada uno.
- Los cuatro autores mediatos son ex altos funcionarios del gobierno iraní: el ministro de Inteligencia, el canciller, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el jefe de la fuerza Al Quds.
- El atentado del 18 de julio de 1994 mató a 85 personas, hirió a 151 y fue calificado en el fallo como crimen de lesa humanidad y genocidio.
- La resolución se dictó bajo el régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), que permite avanzar con acusados prófugos en el exterior.
- Si el procesamiento queda confirmado en las instancias superiores, la causa se encamina al primer juicio oral y público por la masacre.
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